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MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
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Fue en diciembre del 2022 cuando Gonzálo Pérez y quien esto escribe entrevistamos a Santiago Nieto Castillo, ex titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); desde entonces se reconoció que Tlaxcala se encontraba ajeno a la armonización federal que pretendía lograr el transito de Procuradurías, a Fiscalías estatales.

Es justo adelantar que Nieto Castillo sostuvo que, en ese momento, Baja California Sur e Hidalgo también se mantenían como procuradurías. Sin embargo el hecho no dejaba de ser cuestionable.

Ahora se sabe que Tlaxcala se encuentra entre las 8 entidades del país cuya procuraduría está observada por su falta de independencia, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJE-F) 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sucede que junto con Tlaxcala, entidades como Campeche, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco y Yucatán no cuentan con órganos independientes, dicho por la propia institución.

Nuestra Constitución Política local, en su articulo 72, establece que el Ministerio Público “es el órgano dependiente del Poder Ejecutivo en cuanto a su administración; la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en ejercicio de esta función”.

A su vez, el artículo 73 señala que “el Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, cuya designación se hará por el Congreso a propuesta en terna del gobernador del Estado”.

Es evidente que los legisladores locales tienen prioridades y una de ellas no es garantizar la procuración de justicia, de ser así ya hubieran modificado la constitución para dar paso a la Fiscalía Estatal, justo como lo hicieron para entregar la Secretaría de Gobierno a Luis Ramírez Hernández, del estado de Morelos. Hasta ahora la ley impide que un NO NACIDO en Tlaxcala asuma ese cargo.

Ernestina Carro Roldán, como la propia titular del ejecutivo, no pueden quedar exentas de la falta de armonización de la legislación estatal con la federal, sin embargo es justo decir que aunque ellas pudieran impulsar esa obra, la tarea corresponde a los 25 becarios que cobran como legisladores locales.

El estudio del INEGI se dio horas después de que Ernestina Carro Roldán nos presumiera que en la procuraduría a su cargo: “se cuenta con transparencia y resultados en el combate a los delitos”. El Inegi la ubicó en su realidad.

Las tres de ley… 1- El “tapado” para encabezar -o secundar- la formula al Senado de la República por Tlaxcala no ha hecho ruido, pero desde Palacio Nacional llevan meses ubicando su nombre en los espacios de mayor “rating”. Incluida “la Mañanera”.

2- Si bien existe posibilidad de que José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador de Tlaxcala y actual senador, repita en el cargo vía la reelección, es un hecho que “el tapado” representa el plan B del líder moral de Morena en el país.

3- Oscar es el nombre, y Flores Jiménez los apellidos del tercero en discordia; el personaje no es desconocido para los inquilinos de palacio nacional, ni para los de palacio de gobierno en Tlaxcala. El contador de profesión se ha mantenido lejos del reflector, pero cerca AMLO.

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