El pronunciamiento del titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, ha generado un eco significativo en el ámbito político. Su declaración llega en un momento delicado, donde el exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, enfrenta serios cuestionamientos por su presunta cercanía con grupos delictivos que operan en el sureste del país.
Taibo II, director del FCE, enfatizó que la transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer en la vida pública mexicana. “No voy a crucificar a nadie, pero donde haya dudas, que se investigue”, declaró, en referencia a los posibles vínculos del senador Adán Augusto López Hernández con los señalamientos contra Bermúdez Requena. Este último ha sido mencionado en reportes periodísticos por supuestas relaciones con la organización criminal conocida como La Barredora, un grupo que, según versiones del propio gobierno federal, opera en la entidad tlaxcalteca.
El escritor subrayó que su postura no busca desatar una persecución política, sino insistir en que funcionarios y exfuncionarios deben ser investigados ante cualquier indicio de conductas irregulares o nexos con la delincuencia organizada. En un contexto donde la llamada “4T” —el movimiento de Morena— se presenta como un cambio profundo, esta exigencia resuena con fuerza. Si la 4T resulta tan corrupta como aparenta y presume la derecha, el verdadero diferenciador podría ser la cero impunidad para aliados y miembros del partido. Que la ley sea pareja, sin beneficios para nadie, sería el golpe de timón que marque un antes y un después en la política local.
Digo esto porque solo así se neutralizarían los señalamientos de figuras opositoras como la diputada local “independiente” Blanca Águila Lima, quien ayer fijó un posicionamiento enérgico exigiendo justicia ante la ola de ilícitos en Tlaxcala. En particular, destacó el asesinato de un menor de 15 años en el municipio de Chiautempan, un hecho que ha conmocionado a la opinión pública.
Durante su intervención, Águila Lima contrastó la percepción social con las cifras oficiales: los delitos con violencia en las últimas semanas han encendido alarmas entre la población, en evidente confrontación con el gobierno de la 4T. Citando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refirió que en julio se abrieron 210 carpetas de investigación, incluyendo 17 homicidios dolosos, 129 robos, dos secuestros y dos violaciones. Estas cifras representan un incremento respecto a junio, confirmando que la violencia no cede en la entidad.
La legisladora lamentó el asesinato del menor en Chiautempan —reportado en medios la víspera— y cuestionó la estrategia policial del gabinete de seguridad. A pesar de la infraestructura de cámaras de videovigilancia, no hay resultados concretos contra crímenes de esta magnitud. Recordó eventos recientes en municipios como San Pablo del Monte, Apizaco, Tlaltelulco, Yauhquemehcan, Natívitas y Calpulalpan, sumados al hallazgo de seis cabezas humanas en Ixtacuixtla el 19 de agosto, que posicionaron al mes pasado como el más violento de 2025 en Tlaxcala, comparable a estados como Sinaloa.
Aunque Tlaxcala aparece entre las entidades menos violentas a nivel nacional, Águila Lima insistió en que la realidad cotidiana es otra: temor en las calles, negocios cerrados por extorsión y familias enlutadas por víctimas. Cuestionó el desempeño del secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, argumentando que su estrategia es opaca y parece responder más a intereses personales que a resultados para la población. “Por más recursos que se inviertan, si el gabinete no funciona, los resultados serán nulos”, sentenció, convocando a los diputados a asumir con seriedad el clamor ciudadano por mayor seguridad y exigiendo justicia para la familia del menor asesinado y todas las víctimas en Tlaxcala.
Y hay que poner atención a lo que dijo Taibo, porque la detención del vicealmirante Roberto Farías Laguna, ocurrida el 2 de septiembre, no parece casualidad. Enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de huachicol o tráfico de combustible. Hace meses, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas. ¿Tendrá Harfuch una bola de cristal para estos hallazgos, o se trata de datos dirigidos contra grupos que presionan desde las sombras a la nueva administración?
Nadie olvide los antecedentes de García Harfuch, ni cómo López Obrador lo vio con recelo e intentó removerlo de la CDMX, sin prever que lo catapultaría a una posición de mayor poder e información. En pocas palabras, suscribo lo de Taibo: nadie debe estar exento de revisión, supervisión o acusación. No porque se haya acabado la impunidad, sino porque ahora la otorga otra persona, con “A” mayúscula.
Las nuevas investigaciones sobre huachicol en el puerto llevaron a la detención de Francisco Javier Antonio Martínez y del propio Farías Laguna, familiar político de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Dígame usted si no parece un mensaje claro: los estoy vigilando, y ya sea en un restaurante de lujo, en Japón o en Europa, la información llegará a quien debe. Si no aceptan que el poder en Palacio Nacional ahora lo encabeza una presidenta, las consecuencias serán inevitables.
En Tlaxcala, este panorama nacional se refleja en lo local: la impunidad no puede ser selectiva. Si Morena aspira a ser un verdadero cambio, debe aplicar la ley sin miramientos, incluso contra los suyos. De lo contrario, las críticas de Águila Lima y otros no solo persistirán, sino que se multiplicarán, erosionando la credibilidad de un gobierno que prometió transformación pero arriesga caer en los mismos vicios del pasado.
