El trasfondo detrás de la resolución del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) de negar el registro como nuevo partido político local a la organización civil “Renovemos Tlaxcala A.C.”, es mucho más grave de lo que parece.
Las multas de cientos de miles de pesos que se le impusieron a la misma organización por incurrir en actos ilegales de financiamiento y no comprobar el destino de los recursos que recibió resultan insignificantes frente a las acusaciones por parte del árbitro electoral de posible falsificación de documentos y sellos oficiales.
El ex diputado local Santiago Sesín Maldonado, quien encabeza Renovemos Tlaxcala; además del revés que recibió por parte del ITE al negar el aval a su nuevo proyecto político, enfrentará consecuencias legales en caso de que se le comprueben los delitos de los que se le acusan.
Dichos señalamientos están tipificados como delitos graves en el Código Penal Federal, así como en la legislación penal local y se castigan con condenas que van de los cuatro a ocho años de prisión si se trata de documentos públicos.
Sesín Maldonado estaría en riesgo de perder sus derechos políticos y quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos, con lo que se truncarían sus aspiraciones políticas a uno de los jovenes que llegaron a ser referente en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La resolución que presentó el ITE es clara, acusa a Sesín Maldonado de actuar con dolo y alevosía, además de intentar engañar al organismo electoral. Algo que no resultaría nuevo para esta agrupación que hizo algo similar al interior del PRD, en una elección interna en diciembre del 2015.
El documento desnuda los verdaderos intereses de Santiago Sesín y exhibe que lo que menos le importa es abonar a la democracia.
Se imagina usted, si solo para obtener el registro se valió de la falsificación de actas donde inventó listas de nombres para cumplir con el número de delegados a asambleas distritales, lo que no estaría hacer dispuesto hacer en un proceso electoral bajo el amparo de un nuevo partido político.
Tal vez poco lo recuerden pero el actuar que evidenció el Consejo General del ITE por parte de “Renovemos Tlaxcala” no es nuevo y tiene su antecedente en el ya lejano 2015.
En ese entonces, el protagonista de esta historia militaba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y empleó la falsificación de sellos para alterar los resultados de una elección interna al sustraer el sello de la Comisión Nacional Electoral.
Es decir, estamos ante un comportamiento sistemático y reincidente por parte de quienes dirigen la agrupación que aspira, todavía, con vivir de las prerrogativas a las que tiene derecho cualquier partido político.
Esa agrupación demuestra que, con tal de mantenerse en la esfera pública local y viviendo del gran negocio que representan los partidos políticos en México, es capaz de armar estrategias ilegales que rayan en lo burdo.
Así quedó evidenciada la calidad moral de este político quien es también fundador de la estructura “Red Joven”, antecedente de Renovemos Tlaxcala, y que llegó a impulsar perfiles tan nefastos como el ex alcalde de Panotla, Eymard Grande quien desfalcó al municipio durante su trienio que estuvo plagado de escándalos e irregularidades.
Actualmente, la única figura vigente en la escena local de esta estructura es la presidenta municipal de Benito Juárez, Laura Yamili Fores Lozano.
Esos son los “dignos” representantes que encabezan Renovemos Tlaxcala, los mismos que esta semana intentarán mantener vivo su proyecto político que a todas luces se muestra como un negocio personal.
Luego de hacer público que Renovemos Tlaxcala no será partido político, el ITE precisó que todas las irregularidades y posibles delitos que se detectaron por parte de la asociación ya están en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que inicie las investigaciones correspondientes.
Esperemos que el caso no se archive o se olvide entre los miles de expedientes que tiene pendiente la PGJE, el actuar de la autoridad puede sentar un precedente en la política tlaxcalteca.
El garantizar que en el futuro este tipo de personajes no tengan oportunidad de acceder a cargos de elección popular sería un buen comienzo para cambiar el podrido sistema político de este país.
Además del delito que representan estas acciones, el daño va más allá porque permea la confianza de la sociedad en las instituciones públicas, lo que puede llegar a comprometer la estabilidad política y socavar la democracia.
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