Felipe Calderón convirtió la violencia en espectáculo de Estado. La “guerra contra el narco” se narró con abatidos, decomisos y ruedas de prensa diarias; el propio presidente la protagonizaba.
El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia de 2011, firmado por cientos de medios, se presentó como autorregulación para no amplificar al crimen, pero terminó funcionando como un freno a la cobertura crítica mientras los muertos se acumulaban.
El costo fue una legitimación de la militarización y una narrativa que priorizó la imagen de “éxito operativo” sobre la contención real de la violencia. Los muertos que quedaban en el fuego cruzado eran tomados como “daños colaterales” y nadie dijo ni pio.
Enrique Peña Nieto heredó ese clima y lo invirtió hacia el silencio calculado. Cambió el discurso de “guerra” a “México en paz”, redujo las menciones de narcotráfico y crimen organizado en portadas y televisió, con caídas de hasta 70 % en algunos medios, concentró la información en Gobernación y suspendió la exhibición de detenidos. Le bajó el volumen para decirlo rápido.
La frase de Osorio Chong —“no hay menos información, pero sí menos espectáculo”— resume la estrategia: menos visibilidad mediática, más publicidad oficial (más de 60 mil millones de pesos) y creciente opacidad en el desglose de homicidios vinculados al crimen organizado. La violencia no desapareció; se volvió menos visible en la agenda nacional, nada más.
Claudia Sheinbaum ahora apuesta por un tercer modelo: publica todos los días, presume reducciones históricas (de 86.9 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, según cifras oficiales del SESNSP), y ahora concentra las cifras preliminares diarias de homicidio doloso y robo de vehículos exclusivamente en el portal del Gabinete de Seguridad a partir del 1 de septiembre de 2026.
El gobierno lo presenta como transparencia y rendición de cuentas, en la práctica es centralización narrativa: quien controla la plataforma diaria controla el marco de interpretación. Las cifras consolidadas del SESNSP no se tocan, pero el flujo cotidiano de información pasa a depender de la instancia política que encabeza la presidenta.
Los tres gobiernos han tratado la información sobre muertos como instrumento de poder. Calderón la usó para legitimar la guerra; Peña para construir una imagen de pacificación artificial; Sheinbaum para sostener el relato de que “por fin cede”. Ninguno entregó las series a un organismo técnico autónomo con metodologías estables, independencia real y series históricas completas ajenas al ciclo político.
El cambio anunciado el 18 de agosto de 2026 es, en apariencia, técnico: los reportes preliminares diarios dejan el viejo portal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pasan al del Gabinete de Seguridad. Se mantienen los datos por las 32 entidades y se insiste en que son preliminares, sujetos a la clasificación definitiva de las fiscalías.
Sin embargo, el gesto no es inocuo, quien publica diariamente define el ritmo de la conversación pública, el tono y el marco interpretativo. En un país donde las cifras de homicidios siempre han sido campo de disputa política, centralizarlas en el Gabinete refuerza el control ejecutivo sobre el relato.
Existen discrepancias documentadas entre los reportes diarios de las fiscalías y otras fuentes (como el INEGI en defunciones por presunto homicidio). Estas diferencias no son nuevas, pero se vuelven más sensibles cuando la plataforma oficial es también la vitrina política del gobierno… de todos los gobiernos.
La transparencia no se agota en “abrir un portal”; requiere que los datos sobrevivan al gobierno que los publica y que puedan ser auditados de manera independiente.
La diferencia con Calderón es clara: ya no se buscó el espectáculo de los “abatidos”; la diferencia con Peña es más sutil y, por eso, más reveladora; donde el priismo apostó por bajar el volumen mediático, el gobierno actual apuesta por publicar todos los días… pero desde su propia plataforma y con su propia narrativa de reducción histórica. Ambos ejercicios buscan gestionar la percepción, salvo que uno diluye y el otro exhibe de manera controlada.
El problema de fondo no es si las cifras deben publicarse, aunque por supuesto que sí es lo mejor, sino quién las publica, con qué grado de independencia técnica y con qué posibilidad de contraste.
Mientras las series preliminares dependan del Gabinete de Seguridad y no de un organismo autónomo, el fantasma del “menos espectáculo” —o del espectáculo controlado— seguirá presente, porque en México la información sobre muertos nunca ha sido solo estadística, siempre ha sido poder: quién decide qué se dice, en qué tono y con qué marco.
