Hay imágenes que resumen un sexenio mejor que cualquier informe oficial. En Tlaxcala no fue un discurso ni una cifra de presupuesto: fueron unas cajas. Unas simples cajas con propaganda partidista en favor de Alfonso Sánchez García, guardadas en las entrañas de Casa de Gobierno —el inmueble que por definición pertenece a todos los tlaxcaltecas y a ninguna facción—. Esas cajas dicen más sobre el rumbo del Ejecutivo estatal que cualquier arenga sobre la soberanía o el cambio social.
Conviene memorizar el origen. En 2021, la entonces candidata Lorena Cuéllar empeñó una promesa concreta: no habría familiares en la nómina y los cargos se asignarían por examen para “limpiar al estado de corrupción”. No era una aspiración retórica; era un compromiso explícito contra el nepotismo. Cinco años después, la realidad desmonta el compromiso: al menos cuatro familiares directos ocupan posiciones de primer nivel: Dos hijas al frente de áreas de política social. Un cuñado como secretario de Turismo. Un ahijado como secretario de Gobierno todos con influencia sobre estructuras que administran más de mil 500 millones de pesos del erario. A ello se suma la entrega de una notaría estatal a un yerno apenas tres días antes de la toma de protesta.
Frente a las evidencias, la defensa oficial recurrió al clásico eufemismo de los cargos “honoríficos” y la ausencia de manejo presupuestal directo. Sin embargo, cuando la justificación requiere retorica, deja de ser una defensa para convertirse en una confesión.
Si el nepotismo es la incongruencia que se acumula en voz baja, el episodio de Casa de Gobierno fue el portazo. No hablamos únicamente de parientes en la estructura estatal, sino del uso de la infraestructura pública como bodega electoral. Lo verdaderamente revelador fue la gestión de la crisis: mientras la vocería oficial admitía la presencia de brigadas y material en el inmueble, la Secretaría de Gobierno —encabezada por el propio ahijado de la mandataria— salía a desmentirlo frente a las cámaras. Un gobierno que se contradice sobre si mintió o no, ya incurrió en la primera mentira.
Es ahí donde el edificio discursivo cruje. La narrativa del movimiento gobernante se erigió sobre tres máximas inflexibles: no robar, no mentir y no traicionar. Son premisas exigentes porque no hay medio robo, ni mentira parcial, ni traición justificada por el fin. Es precisamente esa vara tan alta la que convierte cualquier desviación en algo más que un tropezón administrativo: puede sostenerse en el mitin, pero se quiebra en el ejercicio cotidiano del poder, cuando ese poder tiene nombre, apellido y, según parece, intenciones de continuidad.
Resulta sintomático que la única denuncia formal ante las autoridades competentes por estos hechos no haya surgido del propio partido en el poder para cauterizar la afrenta a sus principios, ni de los partidos nacionales cuyos dirigentes se rasgan las vestiduras cada vez que los gobernantes de Morena se ven involucrados en actos cuestionables, como en este caso; sino de un partido político estatal (PRDT). Ese dato frío retrata la situación real de los contrapesos locales mejor que cualquier eslogan.
Ninguna administración está exenta de fallas ni de tensiones internas. Sin embargo, cuando un proyecto político funda su legitimidad primordialmente en la superioridad moral —más que en metas técnicas o indicadores económicos—, la vara con la que se le mide es la que él mismo diseñó. Cada caja de propaganda en dependencias públicas y cada versión oficial que se desdice a los pocos días no representan un simple problema de relaciones públicas: marcan la distancia exacta entre el discurso que convenció en las urnas y los hechos con los que se gobierna.
