La presidencia del Comité de Administración del Congreso del Estado es, sin duda, una de las posiciones más disputadas entre las bancadas de los partidos políticos. El partido que controla el Comité de Administración controla el Congreso del Estado, así de sencillo.
Al ser el área responsable de vigilar el gasto de los recursos y finanzas del Poder Legislativo, mantener su control resulta prioritario para operar políticamente desde el recinto de Allende #31.
Para entender el por qué los partidos políticos buscan colocar a como dé lugar a sus diputados al frente del Comité de Administración hay que revisar el Ejercicio Fiscal 2023, donde se determina el monto que ejercerá el Legislativo.
Así, para este año son un total de 418 millones de pesos los asignados al Congreso del Estado. Cantidad nada despreciable y que representa una tentación para quienes buscan colarse en la boleta de las próximas elecciones.
De ahí, que en la asignación del presidente de este Comité, que es producto de la negociación entre bancadas, siempre se prioricen los intereses políticos más que la capacidad para desempeñar el cargo.
Actualmente, la responsabilidad de administrar correctamente los más de 400 millones de pesos recae en el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vicente Morales Pérez.
Morales Pérez fue ratificado en agosto de 2022 al frente del Comité, desde donde ha mantenido una “política de austeridad”, más que por convicción por obligación, para enfrentar los laudos heredados por otras legislaturas y que ascienden a alrededor de 7 millones de pesos.
Él sabía que si no obligaba a sus compañeros a “amarrarse el cinturón”, la situación financiera del Congreso sería insostenible, luego de la entrega indiscriminada de bases a allegados de los diputados de la pasada legislatura. Aunque esa política no aplica para todos, solo para quien Vicente Morales diga.
Sin embargo, la austeridad y buen manejo de los recursos no ha sido siempre la constante en el Congreso y para ejemplo lo que sucedió en la LXIII Legislatura.
En ese tiempo, los tres años el Comité de Administración del Congreso Local estuvo en manos de Morena a través del torero Rafael Ortega Blancas y por lo menos en 2021 la Auditoria Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades en las finanzas por más de 7.5 millones de pesos.
En los casi ocho meses de 2021 de la LXIII Legislatura, la ASF detectó omisiones por parte de los diputados a la Ley de Disciplina Financiera y a los criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que los legisladores incrementaron arbitrariamente el pago de servicios personales provocando las observaciones del ente fiscalizador.
Estas irregularidades reflejan el ineficiente manejo de los recursos al interior del Congreso, los recursos millonarios que recibe cada año deberían traducirse en un mejor trabajo legislativo por parte de los diputados en beneficio de la población y no derrocharlos en excesos en los que muchas veces incurren los representantes populares.
Si revisamos los nombres de quienes han estado al frente del Comité de Administración en anteriores legislaturas encontraremos algunas “pistas” del por qué están siendo observados más de 7 millones de pesos por la ASF y por qué la fiesta brava en Apizaco está teniendo un segundo aire.
La responsabilidad de administrar cientos de millones de pesos ha recaído en diputados sin el perfil adecuado como el ex matador de toros Rafael Ortega Blancas o el empresario y ex candidato al gobierno del estado Juan Carlos Sánchez García (SAGA), quienes evidentemente realizaron un trabajo cuestionable.
Es necesario que el dinero público que se destina al Congreso del Estado se refleje en beneficios en la vida diaria de los tlaxcaltecas con mejores leyes que atiendan sus demandas.
Hasta el momento los diputados han estado más preocupados en declarar la elaboración de quesadillas de Nopalucan como patrimonio cultural inmaterial y gastronómico del estado, que en impulsar nuevas iniciativas producto de un trabajo legislativo profundo que impacte verdaderamente las condiciones de la población.
Seriedad señoras y señores legisladores.
Las tres de ley… 1- El primer enroque de este año en el gabinete de la gobernadora Lorena Cuéllar se materializó la tarde ayer, con la confirmación de la salida de Enrique Padilla de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), como ya se lo había anunciado.
El protagonismo de Padilla Sánchez le volvió a ganar y decidió despedirse de la comunidad universitaria con un video donde agradecía el apoyo de maestros, administrativos y alumnos, como si ellos lo hubieran designado por “aclamación”.
2.- Sin considerar los canales oficiales del gobierno del estado, fue el mismo Padilla Sánchez quien anuncio su salida en un video a través de las redes sociales de la universidad en un hecho más que confirma su afán narcisista de presumir los logros institucionales que se adjudica como personales para despedirse de la comunidad estudiantil.
3.- También agradeció la nueva encomienda que le asignó la gobernadora Lorena Cuéllar al frente del Conalep, donde a pesar de que ayer se esperaba que tomara protesta la realidad es que nadie estaba al tanto de su nombramiento, habrá que esperar que su ánimo por destacar y figurar siempre no afecte al subsistema educativo al que arribará.
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