Qué tan difícil es entender que la gobernadora de Chihuahua Maria Eugenia Campos ha montado un circo para defenderse de lo indefendible en un hecho que debería unificarnos, sin distingo de partidos o colores. La soberanía no es una bandera, ni un distractor, es una garantía que le costó sangre y una revolución a este país. Por eso nadie le cree al PAN el circo que se está montando.
Y sin embargo el Partido Acción Nacional (PAN) ha montado un espectáculo predecible, lo hizo frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, donde arropó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, con una coreografía de consignas, abrazos y denuncias de “persecución política”.
“Yo con Maru”, rezaban los carteles azules. Pero detrás de la escenografía y los discursos inflamados se oculta una clara cortina de humo: desviar la atención del tema de fondo, que no es otro que la violación a la soberanía nacional por la presunta operación de agentes extranjeros en territorio mexicano sin los debidos canales institucionales.
La gobernadora fue citada como testigo por el caso del narcolaboratorio desmantelado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron presuntos agentes de la CIA y donde murieron al menos dos estadounidenses en un accidente.
En lugar de priorizar una respuesta institucional clara y transparente sobre cómo operaron estos agentes en suelo mexicano, el PAN transformó el citatorio en un mitin victimista. Maru Campos dedicó apenas diez minutos dentro de la FGR y el resto del tiempo a posicionarse como víctima de Morena, acusando a la 4T de “negocios” con el narco, sin pruebas consistentes, mientras evade el núcleo del debate: ¿autorizó o facilitó su gobierno la presencia operativa de inteligencia extranjera en Chihuahua?
La foto de familia que rodeó a Campos confirma el descrédito acumulado. A su lado estuvieron figuras como el calderonista Roberto Gil Zuarth, Jorge Romero (dirigente nacional del PAN, señalado en el pasado por vínculos con el llamado cártel inmobiliario en la CDMX), Alessandra Rojo de la Vega, Ricardo Anaya y otros cuadros con negro historial.
Muchos de ellos han enfrentado señalamientos de corrupción o procesos judiciales. Verlos ahora como escudo protector de la gobernadora no fortalece su narrativa de inocencia; más bien, la debilita. Cuando los mismos personajes que han sido cuestionados por opacidad en el pasado se erigen en defensores de la “lucha anticrimen”, surge legítima duda sobre la consistencia de su cruzada.
La estrategia discursiva es nítida y repetida: “Nos persiguen porque desmantelamos un narcolaboratorio”. Es cierto que el aseguramiento fue un golpe a la capacidad productiva de un cártel, pero era un laboratorio del tamaño del que se han desmantelado en Tlaxco y la propia autoridad los ha minimizado por lo pequeño de su producción. ¿Por qué el PAN entonces no reconoce los cientos de verdaderos narcolaboratorios que Omar Garcia Harfuch si ha desmantelado?
Y sin embargo todo lo que alega la gobernadora y su asesor -que antes fue el mismo asesor y secretario particular de Felipe Calderon Hinojosa- no exime de explicar las condiciones en que ocurrió, especialmente la participación de agentes de un gobierno extranjero en operaciones de seguridad dentro de México.
La soberanía no es un detalle menor ni un pretexto “morenista”. Es un principio constitucional básico. Permitir o tolerar que agencias como la CIA operen de facto en territorio nacional sin coordinación plena y transparente con las autoridades mexicanas abre peligrosos precedentes de intromisión.
El PAN acusa a Morena de “narcopacto” y doble rasero. Es un debate legítimo en un país donde el crimen organizado ha penetrado instituciones. Pero usar ese argumento para eludir rendir cuentas sobre la soberanía resulta cínico.
No se trata de defender narcolaboratorios, sino de exigir que cualquier operación de seguridad en México respete la Constitución y la dignidad nacional. Convertir a Campos en mártir por “combatir al narco” mientras se minimiza el rol de agentes extranjeros es una maniobra clásica de distracción.
Aún más patético fue el epílogo en Chihuahua: simpatizantes convocados para apoyar a la gobernadora terminaron a golpes entre ellos, reclamando pagos prometidos que al parecer no llegaron. La “porra” pagada que se desmorona en empujones y reclamos no ayuda a la imagen de un movimiento supuestamente espontáneo y de principios.
México enfrenta un problema estructural de seguridad y soberanía. Ni las cortinas de humo ni los mitines victimistas resuelven eso. La ciudadanía quiere claridad: ¿qué acuerdos existieron para la presencia de esos agentes? ¿Qué control ejerció el gobierno estatal sobre operaciones en su territorio? Desviar el foco hacia supuestas persecuciones no borra la pregunta central.
