La reciente separación del cargo de la arqueóloga Yajaira M. Gómez García como responsable de la Zona Arqueológica Cacaxtla-Xochitécatl no es un ajuste administrativo más.
Representa la punta visible de un iceberg de deterioro institucional, abusos laborales y subordinación política que ha convertido al Centro INAH Tlaxcala, bajo la dirección de José Vicente de la Rosa Herrera, en un aparato al servicio de caprichos gubernamentales en lugar de guardián del patrimonio cultural de la entidad.
El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local ha expresado con claridad su preocupación. Durante años, Gómez García se distinguió por una gestión abierta al diálogo, cercana a las comunidades, sensible a problemáticas sociales, ambientales y de derechos humanos.
Abrió espacios en la zona arqueológica para que organizaciones, colectivos, especialistas y habitantes dialogaran sobre cuestiones que afectan directamente la vida de los pueblos, incluyendo la defensa del río Atoyac y el medio ambiente.
Su salida genera alarma precisamente porque encarna una trayectoria de compromiso con la cultura como herramienta de transformación social.
Esta no es una decisión aislada. En marzo de 2025, trabajadores del INAH cerraron temporalmente la zona de Cacaxtla en protesta por presuntos actos de nepotismo, violencia laboral y de género atribuidos al propio director José Vicente de la Rosa y a Heberto Ríos, jefe de resguardo.
Exigían condiciones dignas de trabajo y atención a demandas pendientes. El descontento interno no es nuevo, pero se ha agudizado.
Colectivos, como el lésbico LEENCO, incluso cambiaron la sede de su festival cultural ante el cese de Gómez, quien había denunciado acoso laboral.
Estos hechos refuerzan las denuncias de persecución a voces disidentes y de un ambiente laboral tóxico que viola derechos de género y antigüedad.
Mientras tanto, el patrimonio sufre. El Centro Histórico de Tlaxcala, catalogado como herencia cultural, ha sido entregado a eventos masivos —deportivos, mítines políticos y festejos gubernamentales— con el aval omiso o cómplice de la delegación.
Estas actividades, ajenas a la vocación monumental, han causado deterioro físico en la infraestructura colonial. La lealtad partidista parece pesar más que la conservación.
De la Rosa ha recibido reconocimientos oficiales y participado en actos protocolarios junto a autoridades estatales, sin embargo, estos elogios contrastan dramáticamente con la realidad interna: despidos que huelen a arbitrariedad, cierre de espacios de participación ciudadana y un INAH Tlaxcala que opera más como oficina de trámites al servicio del poder estatal que como institución autónoma y técnica.
Es lamentable que una institución clave para salvaguardar la memoria histórica de Tlaxcala —con sitios como Cacaxtla, joya de los murales prehispánicos— se degrade de esta manera.
La arqueóloga Yajaira Gómez García simboliza lo que debería ser la norma: gestión cultural incluyente, comprometida con las comunidades y defensora del patrimonio vivo, no solo de piedras y murales.
Las autoridades competentes deben garantizar que cualquier procedimiento administrativo se realice con estricto apego a la legalidad, transparencia y debido proceso, algo que al menos en este caso no ha existido
Más allá de un caso particular, urge una revisión profunda de la dirección del Centro INAH Tlaxcala. El patrimonio cultural no puede seguir siendo moneda de cambio político ni víctima de abusos internos.
Tlaxcala necesita un INAH que defienda la historia con integridad, no que la entregue al deterioro y al oportunismo o al candidato oficial para poner sus circos.
La solidaridad con Yajaira Gómez es también defensa de una institución que, en manos adecuadas, puede seguir siendo baluarte de identidad y transformación social. El colapso actual es intolerable.
