El 19 de agosto de 2025 marcó un hito en la historia judicial mexicana: la última sesión conjunta del pleno de la SCJN, integrada por Norma Lucía Piña Hernández (presidenta), Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Varios de estos ministros, nombrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, representaban la continuidad de un modelo judicial forjado en la reforma de 1994 bajo Ernesto Zedillo, que reemplazó a los 21 ministros previos en un acto calificado por críticos como un “fujimorazo” inconstitucional, avalado por el PRI y el PAN para alinear la Corte con intereses neoliberales. Eso se les olvida comentar a quienes ayer aplaudieron en una ridícula valla humana.
La sesión, convocada de manera extraordinaria, se centró en resolver impugnaciones electorales relacionadas con las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme al Artículo 96 de la Constitución. Piña explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) había remitido los resultados, y que se abordaron ocho recursos de inconformidad —cuatro ingresados el día anterior y cuatro más durante la sesión—.
Al desecharlos y asumir que no llegarían más, se declaró el cierre de las sesiones. Esta decisión genera sospechas: ¿fue un acto de cierre legítimo o un intento de última hora por influir en la transición, como sugirieron varios articulistas y opinadores de distintos medios.
La convocatoria repentina y el enfoque en temas electorales refuerzan la percepción de una Corte saliente actuando con sesgo partidista, rompiendo la neutralidad esperada y alineándose con opositores a la reforma judicial impulsada por el gobierno actual.
A las 13:53 horas, la sesión culminó con un mensaje de despedida de Piña, quien exaltó valores como “congruencia, ética, trabajo, perseverancia, excelencia, honradez y dignidad” como el legado de la Corte.
Reconoció el ciclo de más de tres décadas, iniciado en 1994, como uno de “debates intensos, disensos fecundos y consensos” que fortalecieron la democracia. Afirmó que la SCJN es “la piedra angular de la justicia constitucional” y un “bastión en la defensa de la democracia y las libertades”, confiando en que “mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y libertad”.
Sin embargo, esta retórica autocomplaciente choca con las acusaciones contra Piña misma —como encerrarse en la mansión de un ministro para manipular la elección que posicionó a Claudia Sheinbaum como presidenta— y con el historial de la Corte, que validó políticas neoliberales como el Fobaproa mientras protegía a élites económicas. La evasión de impuestos de TV azteca y su dueño, Ricardo Salinas Pliego, es otra de las concesiones de esta corte.
Críticas Sistémicas: Opacidad, Nepotismo y Alineación con Élites
Integrando las perspectivas, el último día no fue solo un cierre formal, sino el epítome de una Corte que, durante tres décadas, sirvió como aliado ideológico del neoliberalismo en lugar de contrapeso independiente. La reforma de Zedillo, aprobada en medio de una crisis económica y política, creó una institución opaca y privilegiada, con ministros como Mariano Azuela, Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos ligados a partidos tradicionales.
Ejemplos abundan: la anulación parcial de la Ley Televisa en 2006 o la orden a Vicente Fox para retirar spots ilegales fueron excepciones en un patrón de resoluciones cuestionadas que protegieron intereses oligárquicos, como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005 o la renuncia de Eduardo Medina Mora en 2019 tras escándalos de corrupción.
La opacidad se evidencia en datos internos: 24,546 trabajadores con parientes en el Poder Judicial, casos extremos de nepotismo (como un magistrado en Guanajuato con familiares directos empleados) y privilegios exorbitantes, como seguros médicos privados y arrendamiento de vehículos.
El anteproyecto de presupuesto para 2026, aprobado de última hora por Piña —una decisión que debería corresponder a la nueva Corte—, propone un incremento del 12.7% (8.1% real), superando el tope inflacionario del 5%, lo que ilustra un abuso de recursos públicos en sus estertores finales.
Piña, en particular, emerge como figura controvertida: su gestión desde 2018 se describe como políticamente sesgada, con filtraciones estratégicas (como un proyecto sobre prisión preventiva) y sesiones extraordinarias que parecen obstaculizar la transición. Su discurso de despedida, al invocar “honradez y dignidad”, resulta irónico ante acusaciones de manipulación electoral y un actuar al estilo de Peña Nieto, priorizando intereses partidistas sobre la imparcialidad.
Este último día revela una Corte en desprestigio, marcada por corrupción, subordinación al Ejecutivo anterior y protección a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, culminando en un cierre que, lejos de ser digno, huele a resistencia ante la democratización.
El cierre del 19 de agosto abre el camino para el 1 de septiembre de 2025, cuando asumirán los nuevos ministros electos por voto popular —un avance histórico que rompe con el elitismo previo—. Encabezada por Hugo Aguilar como ministro presidente, esta Corte enfrentará el reto de transparencia, imparcialidad y escrutinio público, evitando inercias de opacidad y nepotismo. Aunque la participación electoral no fue masiva, millones de votos legitiman un cambio que debilita a la oposición al perder este bastión. Por primera vez el PRI y el PAN están heridos y chillan sin pudor en el cochinero de Atypical.
En conclusión, el último día de la SCJN saliente no fue un legado de excelencia, por el contrario, es un epitafio de hipocresía: un discurso grandilocuente que oculta décadas de servicio a élites, opacidad y privilegios. Esta crítica, sustentada en los hechos históricos y eventos del día, subraya la necesidad de una justicia verdaderamente democrática. México observa si la nueva era cumple la promesa de dignidad y libertad que Piña invocó, pero que su Corte jamás encarnó plenamente, no estaba en su esencia. La naturaleza de esa nata es, era otra.
