Dos semanas después de que el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el morelense que despacha desde la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Luis Antonio Ramírez Hernández, se perfila como candidato para aparecer en dicho padrón, luego de ser exhibido por incumplir sus obligaciones con su hijo menor de edad.
El “quemón” a nivel nacional difícilmente se lo quitará de encima, pero el asunto puede acarrearle al funcionario serias consecuencias y sanciones administrativas que contempla este mecanismo para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país.
A los señalamientos en contra de Luis Antonio Ramírez de ejercer actos de hostigamiento, prepotencia, acoso laboral y malos tratos al interior de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), se suman las denuncias que presentó su aún esposa, Tania Vianey Rodríguez González, por violencia familiar y amenazas.
Ante estos hechos, la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Morelos abrió las carpetas de investigación CJM01/1477/2022 y SC01/15398/2022, respectivamente.
Casos como el de este pseudo funcionario evidencian la necesidad de contar con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios para dejar de normalizar el abandono a las infancias y la impunidad con que estos personajes actúan.
Antes de esta reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no había consecuencia alguna para padres morosos que se desentendían de sus responsabilidades, y tipos como Ramírez Hernández podían seguir su vida sin preocuparse por las necesidades de sus hijos.
Si repasamos las implicaciones de esta reforma, podemos decir que el futuro del morelense Luis Antonio Ramírez luce sombrío e incierto, ya que ahora las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben establecer como requisito obligatorio la presentación del certificado de no inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios para la realizar diversos trámites.
Así, de mantenerse incumpliendo el pago de la pensión alimenticia de su hijo Luis Antonio Ramírez Hernández no podrá solicitar permisos, ni tramitar su licencia de conducir, tampoco su pasaporte o documento de identidad de viaje, ni realizar operaciones ante notario relativos a la compraventa de bienes inmuebles, constitución o transmisión de derechos reales.
Las consecuencias más duras para los deudores alimentarios son las medidas de restricción migratoria para que ninguna persona pueda salir del país si se encuentra inscrita en el registro.
Y sobre todo, el impedimento para participar en candidaturas a cargos concejiles, de elección popular, de jueces y magistrados, en el ámbito local o federal.
Esto último, sin duda, afectaría directamente al morelense, ya que si de algo presume en Tlaxcala es de sus dotes de operador político.
Además, es evidente que solo vino al estado para aprovechar su condición de servidor público para saciar sus intereses económicos y políticos.
La situación que enfrenta el titular de la SMA es compleja, previo a este escándalo de alcance nacional; su esposa, en febrero, ya había denunciado ante medios locales las golpizas y amenazas de muerte que recibía de parte de Ramírez Hernández.
De hecho, los propios empleados de la dependencia estatal que dirige hicieron público el trato déspota y la actitud prepotente con que se conduce el nacido en Morelos. Ni en su casa, ni en su trabajo le aguantan sus excesos.
Los escándalos en los que se ha visto envuelto Luis Antonio Ramírez Hernández son constantes, no hay una sola acción, programa o política pública que haya realizado al frente de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), que hay que decirlo, es por lo que cobra una buena cantidad de dinero, que, hoy sabemos, ni con su hijo quiere compartir.
Con sus problemas personales y familiares ha generado un desgaste innecesario a la administración estatal, parece que después de esto sus horas al interior del gobierno están contadas. Tic-tac, tic-tac.
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