MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
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La Renuncia de Ernestina Carro Roldán no sorprendió a nadie, todos sabemos que renuncia hoy a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para pedir mañana ese mismo puesto pero con diferente membrete. Ernestina dejó de ser Procuradora porque aspira en ser ungida como Fiscal General de Justicia del Estado (FJGE). Eso es simulación, aquí y en china.

Nadie puede criticar su aspiración, el crecimiento profesional de todos los seres humanos es legítimo, sin embargo en este caso su aspiración viene respaldada de otros factores que acaban con esa legitimidad, porque ponen por delante intereses económicos y políticos. No hay piso parejo para los otros aspirantes.

Tlaxcala se confirma así como la última entidad en transitar de Procuraduría a Fiscalía y lo hace en medio de serias inconsistencias que involucran a diversos actores pues nadie puede obviar que no fue sino hasta las últimas horas de este mes cuando el pleno del Congreso expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado que entrará en funciones el próximo 1 de agosto.

Aunque este “logro” haya sido unánime, como presumen algunos diputados, el trabajo de el poder legislativo resulta penoso, pues diversos colectivos y organizaciones y barras de abogados han exhibido la nula transparencia que existió para la creación de esta ley que se encargará de regular la actuación y permanencia de los servidores públicos. Es, en pocas palabras, el régimen que normará la estructura y funcionamiento del Ministerio Público del Estado

La fecha límite para presentar este documento era el 30 de junio, y fue justamente esta fecha la elegida para que los 22 diputados votaran a favor el dictamen remitido desde la Secretaría de Gobierno, que establece los principios para la conducción de la investigación de los delitos que se cometan en el Estado, así como para resolver con relación al ejercicio de la acción penal o sobre la facultad de abstenerse de investigar algún asunto.

Los tiempos están encima, pues si las cosas siguen en pie – como lo presumió en algún momento Marcela González Castillo- deberá ser el último día de julio cuando se conozca a la, o el, responsable de esta oficina, ya que el primero de agosto entraría en funciones la Fiscalía General de Justicia del Estado (FJGE).

DESPIDOS EN PUERTA… Y PUERTA

Sin ser abogado, pero guiándome por el sentido común, anticipo una serie de juicios que acabaran convirtiéndose en laudos laborales que, como sucede actualmente, serán heredados administración tras administración, hasta que alguna se las partes quiera ceder, o sepa negociar.

Me atrevo a decirlo porque la ley orgánica, hecha al vapor, y aprobada en las mismas condiciones, es ambigua respecto a la manera en la que los actuales colaboradores de la PGJE podrán continuar en sus respectivas áreas, o podrán ser contratadas en la misma institución.

Pero más allá de la legalidad sabemos que el poder es el poder y cuando se quiere quitar alguien de algún lugar, o colocar a los amigos en esos puestos, no hay mejor momento que una transición, justo como es el caso. Así que la ley se interpretará a discreción y sin manera de oponer resistencia.

La chamba le tocará a la Ofíciala Mayor de Gobierno (OMG) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así que Vivanco Chedraui y Maldonado Textle tendrán que poner su piel más gruesa por delante, lo que les viene será una verdadera rechifla en cinco tonos, sin que hayan sido los encargados de hacer la maldad a los afectados.

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