El robo, en sus diferentes modalidades, es uno de los delitos donde las víctimas no tienen la certeza de alcanzar la justicia restaurativa, es decir, luego de que una persona pierde su patrimonio a manos de la delincuencia, el estado no le brinda ninguna garantía de recuperar sus bienes.
El robo a casa habitación -uno de los que más se cometen en Tlaxcala-, vulnera al máximo la seguridad e intimidad de las víctimas.
Cuando el espacio donde se supone, las personas deben sentirse más seguras es allanado por delincuentes, las estadísticas y discursos de que somos de los estados más pacíficos salen sobrando.
El sentimiento de impotencia que experimentan las víctimas de este delito es solo el principio de un verdadero calvario que están por vivir, resultado del inoperante sistema de procuración de justicia en el estado.
Para ejemplo, el caso de una familia de Tetla de la Solidaridad que denunció el pésimo actuar de la Policía Municipal y la indolencia por parte de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego de que delincuentes vaciaran su casa.
La víctima acudió a la Comandancia de Tetla donde la canalizaron al Ministerio Público de Apizaco, ahí tuvieron que pasar más de tres horas para que le tomarán la denuncia, posteriormente, los peritos arribaron al domicilio de la afectada a las 3:00 de la madrugada.
Se imagina que después de ver como se esfuma su patrimonio a causa de la inseguridad que priva en demarcaciones del interior del estado y cumplir con su responsabilidad como ciudadano de ir a denunciar los hechos, reciba un trato de este tipo.
Pero las irregularidades en el caso continuaron, a la mañana siguiente del robo la víctima solicitó el apoyo mediante el 9-1-1 debido a que a fuera de su casa, recién allanada, unos sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego.
Ante la ineptitud de los primeros respondientes de Tetla quienes no acordonaron la zona donde se registraron los disparos, ni conservaron la escena del delito, que por cierto está tipificado como federal, a propia víctima terminó haciendo el trabajo que a ellos les corresponde.
Fue ella misma la que logró identificar, en un vehículo privado, algunas de sus pertenencias que habían sido robadas en su domicilio, entre ellas una podadora. Lo anterior lo notificó inmediatamente a los policías que detuvieron a los probables responsables.
Todo indicaría que el caso presentaba altas posibilidades de resolverse favorablemente para la víctima, con los detenidos en manos de los policías municipales y parte del botín identificado plenamente por la víctima.
Pero, ¡Oh sorpresa! La falta del cumplimiento de los protocolos tanto de los policías como por parte del MP Apizaco generó la revictimización y un verdadero calvario para los denunciantes.
Al trasladarse al MP nuevamente y en el colmo de lo absurdo la víctima relata que fue a ella a quien la trasladaron a bordo de una patrulla pero nunca vio que los sujetos señalados de tener sus pertenencias llegaran al mismo lugar.
Los policías culpan a la Titular de la Agencia del Ministerio Público de Apizaco (Zona Norte) de no querer recibir a los detenidos, bajo el argumento de que la propia procuradora Ernestina Carro ha dado instrucciones de rechazar a las personas que pongan a disposición municipales de Tetla.
De ser cierto el argumento, la procuradora debe explicar las razones de esta decisión que afecta directamente a las víctimas de delitos, y de ser falso, también debería aclarar por qué funcionarios públicos utilizan su nombre para evadir su responsabilidad como MP.
Además, durante el proceso hubo violaciones graves a los derechos humanos de víctimas quienes fueron revictimizadas con un trato deplorable.
Se habla que los señalados de cometer el robo eran menores de edad y fueron retenidos por más de 9 horas, sin que el primer respondiente ni el MP aplicaran los protocolos necesarios ante este tipo de casos.
Es precisamente, por este tipo de experiencias que la cifra negra en torno a esto delitos es incalculable, la falta de capacitación y sensibilidad de los funcionarios encargados de atender a las víctimas aniquila la escasa cultura de la denuncia.
De nada sirven campañas para incrementar el número de personas que presentan denuncias por los delitos de los que son víctimas, si cuando llegan a cumplir con este procedimiento son tratados con desprecio y poca empatía.
La excusa que repiten hasta el cansancio autoridades de la PGJE es que sin denuncia, difícilmente, se pueden combatir los delitos.
¿Qué explicación dará Ernestina Carro? Luego de que esta familia cumplió con la denuncia y más allá de recuperar su patrimonio vivió en carne propia como la justicia en Tlaxcala ni es pronta, ni expedita y mucho menos imparcial.
Parece que el peor error que pueden cometer los ciudadanos luego de ser víctima de un delito, es precisamente, interponer una denuncia. ¡Vaya absurdo!
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