Hacer cambios y dejar al tiempo que estos funcionen bien no es buena idea. No todo cambio funciona como uno desearía y por eso es necesario que eso que no marcha bien se haga notar. Por eso los señalamientos provenientes del exterior siempre serán válidos, pero la autocrítica también. Todo abona para mejorar.
Uno supone que por esa autocrítica la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha hecho diversos ajustes en su gabinete. Seguramente los primeros nombramientos no marcharon como ella deseaba, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por eso los ha realizado. Más de lo deseable, incluso.
La falta de información gubernamental impide saber cuántos cambios se han llevado a cabo en lo que va de la actual administración estatal, pero es seguro que la mayoría se han realizado porque no ha habido buenos resultados, o no se han cumplido metas, o no se ha actuado debidamente.
Sin embargo, la titular del Ejecutivo no debe equivarse. No son los cambios, en sí mismos, los que se critican, sino el mal desempeño, las acciones equivocadas, los malos resultados, las omisiones, los excesos.
Era claro que Sergio González Hernández dejaría la Secretaría de Gobierno en busca de una candidatura al Senado de la República, era uno de los cambios más anunciados desde el inicio de esta administración. El desempeño, su deficiencia para resolver los problemas de gobernabilidad era lo que originaba la crítica, pero ni siquiera su salida se debe a eso, sino a una aspiración personal partidista y política.
Ante esa salida alguien tenía que llegar a esa Secretaría de Gobierno. El problema es que, teniendo un amplio abanico de profesionales a los que pudo invitar, la gobernadora se inclinó por alguien cuyos escándalos le persiguen desde hace meses. Eso es lo que se cuestiona.
En primer lugar, el parentezco, su cercanía, ser ahijado suyo. Hay ahí un claro conflicto de interés que por la incomodidad que seguramente el tema genera, dentro del propio gobierno se evita. Este asunto de la familiaridad política puede ser discutido en el terreno jurídico, dependenderá si algún actor de la oposición quiere hacerlo.
En segundo lugar destaca el hecho de haber sido acusado de ser un deudor alimentario. Su ahora ex esposa lo demandó, y a otros funcionarios de complicidad, por ocultar su salario real con el objetivo de dar menos dinero como pensión alimenticia para su hijo de dos años. Eso ya entra en el terreno moral.
La gobernadora ha tenido un grave desencuentro con colectivos feministas, que se agudizó con la salida de Yeny Charrez Carlos del Centro de Justicia para las Mujeres. El nombramiento ofende, disgusta, no sólo a ese grupo, sino a la sociedad en general. Representa un agravio que muchas personas le recordarán hasta el final de su sexenio.
Luis Antonio Ramírez Hernández, como nuevo secretario de Gobierno, está desde hace tiempo en el ojo del huracán y permanecerá ahí de manera permanente, por mucho que ya haya llegado a un acuerdo con su ex esposa. Los antecedentes no se borrarán.
Eso mismo hace imposible que se le deje trabajar en paz, como él y la misma gobernadora desearían. No es sólo de dejarlo trabajar ahí, en esa dependencia, para que dé resultados. No se trata de eso solamente.
Podrá aceptarlo no la gobernadora, pero es claro que en el reciente nombramiento en la Secretaría de Gobierno faltó tacto y sensibilidad política.
