La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que los lineamientos sobre derechos de las audiencias no son censura. “Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora”, dice. Y, como prueba, pregunta cuándo han callado a TV Azteca o a Carmen Aristegui. Podría creerle, pero al abordar un tema de tanta relevancia de una manera tan simplista, acaba por darle mala espina a todos.
El argumento es hábil: como no han apagado micrófonos a gritos, entonces todo está en orden. Pero el control de la información rara vez llega con un teléfono que ordena “corre a ese conductor”. Bueno eso si pasó en la época de Felipe Calderón y de Vicente Fox.
El control y la manipulación llega con reglamentos, códigos de ética obligatorios (que de nada sirven si los periodistas no son éticos en lo personal), defensorías supervisadas y la promesa de que “solo se trata de distinguir opinión de información”. Eso es exactamente lo que se discute hoy.
Los lineamientos obligan a concesionarios de radio, televisión abierta y sistemas de paga a contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias. Exigen que el público sepa cuándo está viendo opinión y cuándo publicidad disfrazada. Establecen mecanismos de queja.
En el papel suena razonable. En la práctica, bajo un régimen que concentra el poder legislativo, el Ejecutivo y buena parte de los órganos reguladores, se convierte en un instrumento de presión discrecional. No le demos vueltas.
El problema no es que exista un defensor de las audiencias. El problema es quién lo controla y con qué criterios. Cuando el organismo encargado de interpretar conceptos tan elásticos como “desinformación”, “manipulación” o “contenido engañoso” depende del aparato estatal, la neutralidad es ficción.
La experiencia reciente muestra que este gobierno no duda en etiquetar como “mentira” o “guerra sucia” cualquier cobertura que le resulte incómoda. Convertir esa etiqueta en sanción administrativa o en revisión editorial es el paso natural y ya vimos que van para allá.
Sheinbaum presumió que la ley se negoció con la Cámara Nacional de la Insdustria de la Radio y la Televisión (CIRT) y que los lineamientos aún están en consulta pública. Ambas afirmaciones son técnicas y ambas son insuficientes. Parece que la intención es soltar esta información para que, en función de la reacción, vayan delineando lo que sigue.
El argumento de que “en el pasado se hablaba por teléfono” no absuelve al presente: simplemente cambia el método. Antes era el favor personal. Ahora puede ser la resolución administrativa, la multa, la observación reiterada o la amenaza de no renovar concesiones.
Más grave aún es la asimetría. Se exige a Televisa, Azteca e Imagen que separen opinión de información y publicidad de periodismo. Pero la propia conferencia mañanera —el espacio informativo más poderoso del país— opera sin código de ética externo, sin defensoría independiente y sin ningún mecanismo que permita a la ciudadanía reclamar cuando se presenta como hecho lo que es solo la versión oficial.
Si la lógica de los derechos de las audiencias es correcta, debería aplicarse también al podio presidencial. No se aplica y esa excepción lo dice todo.Y aquí aparece otra falacia. Si lo que se busca es acabar con las mentiras de figuras como Alito Moreno, Jorge Romero o Acosta Naranjo, este instrumento no servirá de nada.
En esa “oposición” las mentiras no se callan porque las respiran desde su fundación: forman parte de su propia naturaleza política y parece que incluso de sus estatutos. En cambio, el verdadero peligro es el inverso: que estos lineamientos terminen acallando a las voces críticas desde las entidades y sus aparatos, que inevitablemente tendrán que adecuarse a esta cacería de brujas.
Los medios locales, los periodistas independientes y las redacciones que no se alinean serán los primeros en sentir la presión de defensorías y códigos de ética interpretados a conveniencia del poder.
El riesgo no es teórico. Un marco que permite a la autoridad decidir cuándo una crítica es “opinión legítima” y cuándo es “manipulación” abre la puerta a la censura indirecta.
Los medios críticos o no ya operan bajo presión fiscal, de publicidad oficial y de hostigamiento en redes. Agregar un mecanismo de supervisión editorial con dientes administrativos es simplemente perfeccionar el control. Los ciudadanos no ganan un defensor: ganan un intermediario que responde, en última instancia, al mismo poder al que se pretende fiscalizar.
La libertad de expresión no se mide solo por la ausencia de censura frontal. Se mide por la capacidad real de disentir sin que el Estado tenga herramientas para castigar el disenso bajo pretexto de “proteger a las audiencias”.
Estos lineamientos, tal como están planteados, no protegen a nadie. Protegen al poder de moldear el relato. Y eso, en cualquier democracia que se tome en serio, es peligroso.
