* La cancelación del proyecto en Atlangatepec abre el debate sobre las movilizaciones sociales, los intereses detrás de las protestas y la intervención de asesores externos en los conflictos comunitarios.
La movilización social volvió a doblarle la mano al gobierno de Tlaxcala. El Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECBI) no se realizará en Atlangatepec, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente anunciara que nueva información técnica llevó a reconsiderar su viabilidad. Sin embargo, detrás de la decisión queda una pregunta incómoda: ¿estamos ante una auténtica victoria ciudadana o frente a una estrategia de presión que termina imponiendo decisiones públicas sin que necesariamente exista una alternativa para resolver el problema?
Las manifestaciones pueden ser legítimas, necesarias y hasta indispensables para frenar decisiones gubernamentales equivocadas. Pero invocar la defensa del pueblo, del territorio o de los derechos colectivos no convierte automáticamente cualquier movilización en una causa incuestionable. También es válido preguntar quién organiza, quién dirige, quién asesora y qué intereses se encuentran detrás de los discursos que buscan colocar a las autoridades contra la pared.
En Atlangatepec, el gobierno anunció que dará a conocer los elementos técnicos que sustentaron la cancelación. Esa información será determinante para establecer si el proyecto presentaba deficiencias que justificaran su abandono o si, además de las consideraciones técnicas, la presión social influyó en el desenlace. Hasta entonces, celebrar la decisión como una victoria absoluta o denunciarla como una capitulación política sería adelantarse a los hechos.
Cuando la protesta se convierte en instrumento de presión
En Tlaxcala, como en cualquier otra entidad, las movilizaciones ciudadanas tienen una función democrática. El problema comienza cuando la protesta deja de ser un mecanismo para exigir información, corregir errores y construir soluciones, y se convierte en una herramienta de confrontación en la que cualquier decisión de la autoridad se interpreta como una imposición y cualquier rectificación como un triunfo de quienes protestan.
¿Quién se hace responsable de las consecuencias cuando se cancela un proyecto sin que exista una alternativa conocida? ¿Quién explica qué ocurrirá con los residuos sólidos que deben manejarse diariamente? ¿Quién presentará una propuesta técnica, ambiental y financieramente viable?
Porque detener un proyecto no desaparece el problema que pretendía resolver.
La defensa ciudadana no puede reducirse a decir «no» a todo, bloquear decisiones y después trasladar al gobierno la responsabilidad de encontrar una salida. La oposición tiene derecho a exigir, pero también la sociedad tiene derecho a conocer las alternativas y a evaluar los argumentos de quienes encabezan las protestas.
Si la cancelación del PODECBI obedece a deficiencias técnicas, el gobierno debe documentarlas. Si la movilización contribuyó a que se revisara el proyecto, sus participantes tienen derecho a reivindicar su intervención. Pero si existen intereses particulares detrás de la controversia, también deben investigarse y documentarse, sin convertir las sospechas en acusaciones.
La democracia no consiste en que siempre gane quien más presiona, sino en que las decisiones públicas se tomen con fundamento, transparencia y responsabilidad.
Parastoo Mesri: la defensa de los pueblos también exige explicaciones
Otro asunto que merece escrutinio es la intervención de la doctora Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani, ciudadana mexicana de origen iraní, a quien se ha identificado como asesora de comunidades indígenas de San Miguel del Milagro y Guadalupe Ixcotla, y cuya participación también se relaciona con el conflicto de San Pedro Ecatepec.
Su presencia en distintos procesos comunitarios plantea preguntas que no deberían evadirse: ¿quién solicita sus servicios?, ¿qué funciones desempeña?, ¿bajo qué acuerdos participa?, ¿cómo se determinan sus honorarios y qué resultados ofrece a las comunidades que asesora?
No se trata de cuestionar su origen ni de negar su derecho a participar en asuntos públicos. Su nacionalidad, por sí misma, no descalifica su trabajo. Lo cuestionable sería que alguien pretendiera colocarse por encima del escrutinio público por presentarse como defensor de los pueblos indígenas.
La defensa de los derechos colectivos no concede inmunidad frente a las preguntas sobre la representación, los intereses y el dinero.
Si la doctora presta servicios profesionales remunerados a las comunidades, resulta legítimo preguntar cuánto cobra, quién cubre esos honorarios, qué actividades incluyen y si las personas que reciben la asesoría conocen las condiciones de contratación.
Si existen señalamientos sobre pagos de miles de pesos, corresponde presentar contratos, comprobantes, testimonios verificables u otros documentos que permitan establecer las cantidades y los servicios prestados. Sin esas pruebas, no sería responsable presentar tales señalamientos como hechos demostrados.
Pero tampoco sería razonable pretender que el carácter comunitario de una causa vuelva intocable a quien participa en ella.
¿Quién habla por las comunidades?
La pregunta política de fondo es si las comunidades conservan el control de sus propias decisiones o si terminan dependiendo de interlocutores externos que adquieren protagonismo en conflictos territoriales y ambientales.
Los pueblos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes, recibir asesoría y organizar su defensa. Sin embargo, la presencia de una persona asesora no significa, por sí misma, que represente a toda una comunidad ni que tenga facultades para hablar en nombre de quienes no le han otorgado esa representación.
Por eso, en el caso de San Pedro Ecatepec, es pertinente conocer en qué calidad interviene Mesri Hashemi-Dilmaghani, quién solicitó su participación y cuáles son los acuerdos que sustentan su actuación.
Una cosa es acompañar a una comunidad y otra muy distinta es sustituir su voluntad.
La misma exigencia debe aplicarse a cualquier abogado, activista, dirigente social, organización civil o representante político que participe en estos conflictos. Nadie debería utilizar la defensa de los derechos colectivos como argumento para evitar preguntas legítimas sobre su intervención.
Si su trabajo fortalece la organización comunitaria, sus alcances y resultados pueden explicarse públicamente. Si existen dudas sobre sus honorarios o sobre el alcance de su representación, deben aclararse con documentos y testimonios, no mediante descalificaciones personales.
El gobierno retrocede, pero el problema permanece
La Secretaría de Medio Ambiente anunció que no considera conveniente realizar el Polo de Economía Circular en Atlangatepec y que próximamente divulgará la información técnica que sustentó esa decisión.
Ahora corresponde al gobierno explicar por qué cambió de postura, cuáles fueron los elementos determinantes y qué alternativas propone para atender la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
La ciudadanía no necesita triunfos simbólicos que duren lo que tarda en aparecer el siguiente problema. Necesita soluciones.
Y quienes participaron en las movilizaciones tampoco deberían conformarse con celebrar la cancelación. Si consideran que el proyecto era perjudicial, pueden contribuir al debate público exigiendo alternativas que protejan el ambiente y resuelvan las necesidades de los municipios.
De lo contrario, el riesgo es que la protesta se convierta en un fin en sí mismo: se detiene una iniciativa, se obtiene una victoria política y se deja intacto el problema de fondo.
La pregunta que incomoda
El caso del PODECBI deja una lección para el gobierno y para quienes se presentan como representantes de la ciudadanía: la autoridad debe explicar sus decisiones, pero los liderazgos sociales también deben estar dispuestos a explicar las suyas.
¿Quién gana cuando se cancela un proyecto público: la comunidad, los dirigentes de la movilización o quienes adquieren protagonismo al encabezar el conflicto?
No existe una respuesta automática. Para encontrarla hacen falta información técnica, transparencia financiera y claridad sobre la representación comunitaria.
Lo que sí debe quedar claro es que ninguna causa, por noble que parezca, está por encima del escrutinio público.
La defensa del territorio no puede convertirse en un cheque en blanco para dirigentes o asesores. La protesta no sustituye a la propuesta y la representación comunitaria no debería confundirse con protagonismo personal.
Porque defender al pueblo significa rendirle cuentas, no solamente hablar en su nombre.
Y si la cancelación del Polo de Economía Circular representa una victoria ciudadana, el tiempo dirá si también fue una victoria para el medio ambiente y para los habitantes de Tlaxcala.
