El reciente caso en Zacatelco, Tlaxcala, donde una presidenta de comunidad —quien además se identifica como miembro de la comunidad LGBTIQ+— ofreció 200 pesos a estudiantes para que se besaran, ha detonado una discusión urgente pero también peligrosa, si no se aborda desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Primero lo primero
Ningún contexto, identidad, ni causa justifica la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo ocurrido en una celebración para estudiantes con motivo de la conclusión de ciclo escolar, no es un asunto menor, ni una “broma”, ni un “acto malinterpretado”. Se trata de una posible incitación a la vulneración del consentimiento, del uso del poder institucional para condicionar conductas, y de un atentado contra la integridad emocional y física de jóvenes en formación.
Desigualades y violencias
Desde la perspectiva de género y los derechos humanos, este caso nos obliga a mirar más allá del morbo o de la criminalización simplista. No se trata de “un político de la comunidad gay cometiendo un acto inapropiado”, como algunos titulares han querido enfatizar, sino de una funcionaria pública que abusó de su posición, incurriendo en prácticas que reproducen desigualdades y violencias, incluso si se hace desde una bandera progresista.
Las y los jóvenes estudiantes que fueron “invitados” y/o “incitados”, a besarse “de lengua” como quedó evidenciado en el video que se ha viralizado ampliamente en las redes sociales, se encontraban en un espacio físico en el que personas adultas con poder institucional, tenían la obligación de manetenerlas/los seguros. Son estudiantes que están en formación, que se encuentran en un momento de sus vidas en los que aprenden referentes éticos que les permitirán conducirse con respeto y responsabilidad en su vida adulta.
No hay que confundir a la sociedad
Ser parte de una minoría no exime a, absolutamente nadie, de su responsabilidad pública ni de sus actos. Pero también debemos evitar que este tipo de casos sirvan para estigmatizar a toda una comunidad históricamente discriminada. El daño no solo lo sufren los estudiantes involucrados, sino también quienes ven cómo este tipo de hechos alimentan discursos de odio, homofobia y desinformación.
Los ataques a la presidenta de comunidad que apadrinó a la generación de estudiantes se han incrementado de manera exponencial en las redes sociales, lo que le llevó a convocar a una rueda de prensa para denunciar al reportero que dio a conocer lo acontecido. Sin duda, la narrativa de la funcionaria pública, lejos de apagar la polémica, resultó contraproducente porque alcanzó a tocar el tema de la libertad de expresión.
Un ejercicio de poder mal entendido.
Lo que aquí está en juego es el ejercicio del poder. El poder mal entendido, mal ejercido, y carente de límites éticos y políticos. ¿Quién educa en perspectiva de derechos a quienes gobiernan? ¿Cómo garantizamos que las instituciones actúen con protocolos claros de prevención y sanción cuando se transgreden los derechos de niñas, niños y adolescentes?
En un análisis con colegas pusimos sobre la mesa un escenario con una/un actor distinto, y la pregunta que detonó la discusión, fue la siguiente: ¿Si la “invitación” y o “incitación” la hubiera hecho una funcionaria o funcionario público que no fuera miembro de la comunidad LGTBQ+ hubiera causado la misma indignación y cuestionamiento? La respuesta unánime fue SI.
Es por ello, que hay que tener mucho cuidado en no construir narrativas que nos eximan de la responsabilidad que tenemos quienes históricamente hemos estado en una situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños, indígenas, ancianos, indocumentados o miembros de la comunidad LGTBQ+.
En la cancha de las autoridades
Como sociedad, debemos exigir que el caso se investigue con rigor, que se garantice justicia y reparación para las personas afectadas, y que se tomen medidas para que este tipo de actos no se repitan. Pero también, debemos ser cuidadosas y cuidadosos en no permitir que el castigo se extienda hacia quienes comparten una identidad de género con la funcionaria involucrada.
Definitivamente, no podemos caer en un linchamiento mediático que criminalice a miembros de la comunidad LGTBQ+, sería un terrible retroceso en materia de derechos humanos. Lo que debemos hacer, es exigir que se investigue con absoluto respeto y ética lo que ocurrió, con el objetivo de que esto no se vuelva a repetir.
Liderazgos éticos
Una democracia plural exige liderazgos éticos, responsables, y profundamente formados en derechos humanos. Lo ocurrido en Zacatelco no es un hecho aislado, es un síntoma de la necesidad urgente de fortalecer la formación de las y los servidores públicos en temas de género, diversidad, niñez y adolescencia.
Quizá lo conveniente es abrir la discusión sobre el tipo de liderazgos que queremos, porque el ejercicio de poder implica actuar con responsabilidad y ética.
Nos saludamos la próxima semana
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