La reciente sentencia en Florida contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa, Cristina Pereyra, ha sacudido la opinión pública al evidenciar cómo un funcionario público puede tejer una red de corrupción para desviar millonarios recursos del erario.
La Corte del Undécimo Circuito Judicial ordenó a la pareja pagar una suma que triplica el monto originalmente reclamado por el Gobierno de México: 748.8 millones de dólares para García Luna y 1,740 millones para Pereyra.
Este fallo, resultado de un litigio iniciado en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expone una red de corrupción y lavado de dinero que operó durante años bajo el amparo del poder público.
Pero más allá de este caso nacional, cabe preguntarnos: ¿cuántos casos similares, a menor escala, podrían estar ocurriendo en Tlaxcala, donde la opacidad y la impunidad parecen ser moneda corriente?
La UIF detalló cómo García Luna, durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, encabezó un esquema que adjudicó 30 contratos a empresas ligadas a su familia, extrayendo 745.9 millones de dólares de recursos públicos.
Este caso no solo revela la magnitud del daño al erario, sino también la falta de controles efectivos para prevenir el abuso de poder. En Tlaxcala, un estado con una economía modesta pero con una historia de excesos políticos, el eco de estas prácticas resuena con fuerza. ¿Cuántos funcionarios locales han utilizado su posición para acumular propiedades, vehículos de lujo o patrimonios inexplicables, mientras las comunidades a las que sirven enfrentan carencias?
En nuestra entidad los ejemplos de voracidad no son difíciles de encontrar. Políticos de todos los colores han sido señalados por amasar fortunas que difícilmente podrían justificarse con sus ingresos legítimos.
Casas ostentosas, ranchos, autos de alta gama y negocios prósperos aparecen de la noche a la mañana, mientras las arcas municipales o estatales se vacían sin que los ciudadanos vean mejoras tangibles.
A diferencia del caso García Luna, donde la justicia estadounidense ha recuperado activos como 1.9 millones de dólares y un inmueble valuado en 555.8 mil dólares, en Tlaxcala las autoridades locales parecen incapaces de cortar las uñas a estos compulsivos acumuladores de bienes.
El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en Tlaxcala, que deberían ser los guardianes de la transparencia, han mostrado una preocupante inacción. Las auditorías, cuando se realizan, rara vez derivan en consecuencias reales.
Las denuncias de peculado, contrataciones indebidas o desvío de recursos se diluyen en procesos burocráticos interminables, mientras los responsables continúan su vida sin rendir cuentas. ¿Dónde están los mecanismos para rastrear los bienes adquiridos por exalcaldes, exdiputados o exfuncionarios estatales? ¿Cuántos de ellos operan redes de corrupción similares a las de García Luna, utilizando testaferros o empresas fantasma para ocultar su botín?
La sentencia contra García Luna debe servir como un espejo para Tlaxcala. Si en un caso de alto perfil la justicia logró recuperar recursos y exponer una red de corrupción, ¿por qué no se puede hacer lo mismo a nivel local?
La UIF ha demostrado que es posible identificar y recuperar activos, incluso en el extranjero. En Tlaxcala, urge que las autoridades refuercen sus investigaciones, no solo para sancionar a los culpables, sino para devolver al pueblo lo que le pertenece. Los recursos públicos malversados podrían destinarse a escuelas, hospitales o infraestructura, en lugar de financiar el estilo de vida de unos pocos.
Es momento de que Tlaxcala despierte. Los ciudadanos merecemos instituciones que actúen con firmeza, que no solo señalen las irregularidades, sino que persigan y castiguen a quienes se enriquecen a costa del erario.
La impunidad de los García Luna locales debe terminar. Es hora de exigir que el OFS y la SFP dejen de ser meros espectadores y se conviertan en verdaderos contrapesos del poder. Porque, al final del día, el patrimonio de los corruptos no es más que el robo descarado de los sueños de un pueblo que merece mucho más.
