* El tricolor asegura que el gobierno quiere imponer su voluntad sin considerar propuestas partidistas; el blanquiazul asegura que las autoridades gubernamentales enviaron la propuesta vía WhatsApp, lo que le quita seriedad; y el sol azteca sostiene que al gobierno le falta compromiso para no intervenir en las elecciones.
De cara a las elecciones del 2 de junio de 2024, el Gobierno del Estado propuso a las dirigencias estatales de los 11 partidos políticos en Tlaxcala y al al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), la firma de un “Acuerdo Estatal de Civilidad Democrática”, que, sin embargo, fue rechazado en primera instancia por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con la presidenta del PAN en Tlaxcala, Miriam Martínez Sánchez, el acuerdo fue recibo vía WhatsApp, “lo que carece de seriedad y formalidad necesaria”.
La dirigenta del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, anunció que el tricolor no firmará ningún acuerdo , pues el gobierno estatal lo único que busca es imponer su voluntad en el documento, y sin considerar las propuestas de los partidos políticos.
“No vamos a firmar ningún pacto de civilidad porque no nos respetan, además, no se tendría que firmar ningún documento si se acatara todo lo que está contemplado en la Constitución y en las ley electorales”, subrayó.
Además, consideró que la firma de un acuerdo sólo sería un acto social, en la que el Ejecutivo sólo legitimaría su función y no garabntizaría el cumplimiento de las disposiciones legales.
Por su parte, la lideresa del PRD, Patricia Zenteno Hernández, afirmó que es fundamental que el acuerdo “no se limite a resumir las obligaciones que ya están plenamente establecidas en los diferentes ordenamientos jurídicos, sino apelar a la interlocución para construir, desde la pluralidad, un documento que integre las diferentes visiones partidistas que permitan crear un acuerdo amplio y robusto”.
Las presidentas de ambos institutos políticos dieron a conocer su posicionamiento mediante sendos comunicados de prensa, en los que coinciden que no firmarán el acuerdo.
En el caso del PAN, Martínez Sánchez sostuvo que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “ha sido de las primeras en romper reglas electorales y quien, además, no ha sido sancionada. Tenemos que recordarles que nosotros no tenemos espectaculares de promoción personalizada, y mucho menos tenemos funcionarios estatales haciendo campaña sin presentar su renuncia”.
En ese sentido, afirmó que “si se tratará de un acuerdo, éste tendría que haber sido construido entre todas las partes”,por lo cual “para nosotros esto es una mera adición, lejano a un tema democrático”.
“En el PAN, nos encantaría ver un acuerdo donde los casi mil millones de pesos que van a ejecutar entre el DIF y la Secretaría de Bienestar, que dirigen las hijas de la gobernadora y quienes además aspiran a puestos de elección popular, lo aplicaran después del 2 de junio; nos encantaría ver que los servidores de la nación no utilizarán los padrones de beneficiarios para condicionar el voto y, sobre todo, nos hubiera encantado que no tuvieran que haber pasado 29 meses para convocarnos a esta firma, que además no tuvo ni la formalidad necesaria. Un acuerdo de tal magnitud no se envía por un mensaje de WhatsApp”, afirmó.
Incluso, aseguró que el gobierno estatal se quiere blindar “ante su plan de jugar sucio”, por lo que “no necesitamos firmar nada, nuestro compromiso es con la gente, lo acabamos de demostrar, les arrebataremos la mayoría en el Congreso y ganaremos las fuerzas en los municipios”.
A su vez, el PRD planteo que el acuerdo propuesto por el gobierno estatal debe comprometerse a la no injerencia del aparato gubernamental para presionar o coaccionar a los ciudadanos, servidores públicos, sindicatos e iniciativa privada, de cara al proceso electoral 2023 –2024. Asimismo, debe tener el compromiso irrenunciable de no utilizar los programas sociales con fines de promoción personal, ni como medida de presión para votar a favor de un partido, candidato o coalición en específico.
De igual manera, exigió que el gobierno estatal tampoco sea utilizado como búnker de campaña electoral, como fuente de financiamiento electoral, ni como instrumento de presión política en contra de ningún adversario, partido, activista o ciudadano que no comulgue con sus ideas.
“En tanto estos puntos no sean considerados en el Acuerdo Estatal de Integridad y Civilidad Democrática, el Partido de la Revolución Democrática continuará reservando su derecho a firmar el acuerdo”, advirtió.
Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, adelantó que el gobierno estatal convocaría a las 11 fuerzas políticas y a las autoridades electorales del estado a la firma de lo que él denominó Acuerdo Estatal de Integridad y Civilidad Democrática. Lo anterior, en busca de un desarrollo pacífico de las elecciones y de generar un mecanismo que erradique la corrupción e impunidad durante el proceso electoral 2023-2024.
“Tenemos una concertación con los partidos políticos en el estado para firmar, tanto las autoridades como los 11 partidos políticos, un acuerdo que podría darse en los próximos días, respetando los tiempos de los partidos para que lo analicen, para que pueda poner su propuesta de modificación. La finalidad es que todos los institutos políticos hagan sus actividades con respeto pleno al proceso electoral, a los principios que rigen el derecho electoral y gocen de la atención social, que permita que sus plataformas e ideas sean difundidas de manera pacífica”, afirmó poco después de haber entregado el segundo informe de gobierno de la titular del Ejecutivo.
En la entrevista, el funcionario aseguró que el gobierno estatal colaborará con las instituciones electorales, locales y federales, encargadas del proceso electoral 2023-2024, por lo que procurará las condiciones necesarias de seguridad a todos los participantes.
Ramírez Hernández destacó que la firma del acuerdo, en un principio, sería con los partidos políticos y organismos electorales, pero después se buscaría sumar a las autoridades municipales.
