Los trabajadores del sector salud confiaron en la llegada de la 4T a Tlaxcala, pensaban que al pasar las elecciones algunas agrupaciones, como el Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS) de la Secretaría de Salud (SESA), serían sancionadas por los abusos ejercidos sobre sus miembros.
Pero pasó la elección y las cosas no mejoraron, incluso para algunos -que mostraron apoyo al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- las cosas empeoraron, llegando al extremo de perder su puesto en la SESA.
Cuando los senadores Napoleón Gómez Urritia y Joel Molina Ramírez acudieron aquella tarde de octubre del 2019 a un salón social, ubicado en Tlaxcala, a respaldar la conformación del sindicato número 31 del Sesa, muchos respiraron aliviados. El infierno había acabado, pensaban.
Pero todo siguió siendo igual, Blanca Águila, desde entonces líder sindical de la SESA, se imponía y con el apoyo de Marco Antonio Mena Rodríguez, todavía gobernador, continuaba haciéndole la vida imposible a los trabajadores.
Rene Lima Morales, entonces secretario de salud de la SESA, también hacía lo imposible para mantener en primera posición a Águila Lima, las prioridades de Blanca eran una orden dificil de incumplir. Pero era normal, el PRI gobernaba.
@martin_rodriguez.com dónde están los 30mdp y las bases de la SESA
Con la llegada de Morena a Tlaxcala todos pensabamos que los equilibrios llegarían, que finalmente la justicia alcanzaría al sindicato 31 y 27 de la SESA, sin distingo alguno. No fue así.
Entonces entendemos que Blanca Águila no era indestructible, ni un ente superior, o una figura que se impusiera a los gobernantes y secretarios priistas, no.
Lo que Blanca hace bien, como líder sindical o como diputada, es negociar y vender su silencio al costo que ella considera. El problema es que el gobierno de la 4T aceptó ese “trato”.
Águila Lima lo mismo negocia con las plazas sindicales, que con despedir o sacar a la fuerza a cualquier funcionario, o incluso con apoyar, o no, alguna campaña política y por eso ahí sigue, haciendo lo mismo, con diferente gobierno.
Solo así se entiende que la propia diputada local y también líder del sindicato 27 de la SESA haya hecho mutis ante la desaparición, o dificil ubicación, de 30.2 millones de pesos en el sector salud.
Esa cantidad se desprende de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022 que, si bien fue aprobada por el Congreso del Estado, las irregularidades financieras superan los 30.2 millones de pesos por diversidad de conceptos que no fueron comprobados ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Y es que por un acuerdo hecho entre los diputados locales, solo aquellos entes fiscalizables que superaran los cien puntos serían sancionados con la reprobación de su cuenta pública. La Sesa solo reunió 79 puntos negativos.
La cantidad más alta observada en la SESA por el OFS es de 14.4 millones de pesos “por el pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente”.
Otros 13.2 millones de pesos “por obras y conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución”.
Para el OFS Rigoberto Zamudio Meneses, “incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2022”, por la cantidad de 30 millones 214 mil 591.36 pesos, sin embargo no ha existido sanción.
En resumen esos más de 30mdp representan el monto de las operaciones observadas no solventadas por presuntos daños o perjuicios a la hacienda pública o a su patrimonio, motivo por el cual aún están sujetas a “aclaraciones”.
Gastos pagados sin documentación comprobatoria, pago de gastos improcedentes, pago de gastos en exceso, recursos públicos otorgados no comprobados, así como volúmenes y conceptos de obra pagados no ejecutados, son otros faltantes.
Un motivo de observación a los gastos del OPD Salud de Tlaxcala tuvo que ver con el concepto de adquisición de pruebas rápidas de antígeno para detección cualitativa del SARS-COV-2 en hisopos nasofaríngeos.
Aunque la dependencia presentó el oficio DG/DA/RM334/02/2022, firmado por el secretario de Salud y director General del OPD Salud de Tlaxcala, mediante el cual solicita al Oficial Mayor de Gobierno de Tlaxcala la adquisición de esas pruebas para las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, también es cierto que efectuó el pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción yo aplicación.
La institución que encabeza Rigoberto Zamudio omitió presentar, entre otras cosas, entradas y salidas de almacén de las pruebas adquiridas, las cuales según requisición No. 1_204- 2022 de fecha 11 de febrero de 2022, debieron ser entregadas en el Almacén General y Centro Estatal de Vacunología del OPD Salud de Tlaxcala, debidamente etiquetadas con la leyenda “Prohibida su venta, propiedad del Sector Salud” y sin precio, omitiendo evidencia fotográfica que lo avalara.
Quizá algo peor que el robo, sea la carencia de un documento en el que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) le permitiera al proveedor importar y comercializar las pruebas COVID en México, carta de apoyo del fabricante y certificado analítico.
Tampoco hubo evidencia documental de la distribución a las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, ni un contrato firmado con el proveedor y ni una póliza de fianza para la correcta entrega de los bienes, buena calidad de los mismos y responder de los defectos y vicios ocultos que resulten de los productos adquiridos.
Pero no fue la única observación referente a la pandemia. Tampoco se comprobó fehacientemente el concepto de adquisición de pruebas rápidas por inmunocromatografía en cartucho para la detección cualitativa del SARS-COV-2 en muestras provenientes de hisopado nasofaríngeo.
En este caso el OPD presentó el oficio DG/5018/394/2022, también firmado por el secretario de Salud, mediante el cual solicita a la Oficialía Mayor de Gobierno la adquisición de dichas pruebas para ser utilizadas en el Tour Mundial de Voleibol de Playa “Challenge Tlaxcala, México 2022”, sin embargo, efectuaron el pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y aplicación.
Tampoco hubo videncia documental que avalara que las pruebas se aplicaron a participantes del Tour Mundial de Voleibol de Playa, que incluyera los resultados de esas pruebas.
Situaciones como las anteriores fueron dejadas pasar por las legisladoras y legisladores locales, y hasta la fecha no se sabe si esas “aclaraciones” comenzaron ante el OFS, o si le tocará al nuevo titular de ese órgano fiscalizador revisar las solventaciones.
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