Desde su detención, familiares, vecinos y organizaciones de derechos humanos, como el Centro Fray Julián Garcés, exigieron la liberación de Saúl Rosales Meléndez, argumentando que fue utilizado como “chivo expiatorio” y quizá para inhibir la organización comunitaria en defensa del bosque de La Malinche. ¿Quién puede negar esa posibilidad?
Rosales Meléndez, un líder indígena y activista conocido por su trabajo en la defensa del bosque de la montaña Matlalcueyetl fue detenido el 14 de julio de 2022. Muchos sabemos qué pasó ese día, pero no lo que hay detrás.
Se le acusó de ser responsable de un linchamiento en San Pedro Tlalcuapan, donde una turba de aproximadamente 400 personas, frustradas por la inseguridad en la zona, golpeó hasta la muerte a un hombre señalado como presunto ladrón.
En ese momento, Rosales era presidente de la comunidad, y las autoridades lo responsabilizaron por no haber detenido el acto violento, a pesar de que, según testigos y organizaciones de derechos humanos, intentó calmar a la multitud y entregar al detenido a las autoridades, sin éxito.
El proceso penal, que duró un año y ocho meses, estuvo marcado por irregularidades, según denuncias de familiares, pobladores y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La sentencia de 20 años se basó principalmente en el testimonio de dos policías municipales y un comandante, sin considerar declaraciones de tres testigos que afirmaron que Rosales no participó en la agresión y, por el contrario, buscó evitarla.
Además, se denunció que las juezas que emitieron la condena utilizaron estereotipos sobre pueblos indígenas, argumentando que el linchamiento era parte de los “usos y costumbres” de la comunidad, lo que implicaba una falta de diligencia por parte de Rosales.
Organizaciones civiles señalaron que esta perspectiva carecía de un enfoque intercultural y de derechos humanos, y que el proceso judicial criminalizó a Rosales por su labor como activista y líder comunitario.
Desde su detención, familiares, vecinos y organizaciones de derechos humanos, como el Centro Fray Julián Garcés, exigieron la liberación de Rosales, argumentando que fue utilizado como “chivo expiatorio” para desmovilizar la organización comunitaria en defensa del bosque de La Malinche.
A lo largo de 2025, se llevaron a cabo múltiples manifestaciones en Tlaxcala, incluyendo protestas frente al Palacio de Gobierno y Ciudad Judicial, para visibilizar el caso y presionar por una revisión justa.
El 2 de septiembre de 2025, el caso fue enlistado para revisión, y el 3 de marzo de ese año se tramitó un amparo (juicio de amparo directo 5/2025) ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito Judicial, lo que abrió la posibilidad de su liberación.
El 4 de septiembre de 2025, los magistrados Francisco Ballesteros González, José Luis Moya Flores y Alejandro Bernal Valdez del Segundo Tribunal Colegiado del 28 Circuito Federal en Tlaxcala resolvieron que las pruebas contra Rosales eran insuficientes.
Determinaron que el único testimonio en su contra, proveniente de familiares del occiso, no estaba respaldado por evidencia adicional, y no había elementos circunstanciales que justificaran la condena.
Por unanimidad, concedieron el amparo solicitado, declararon la inexistencia del delito de homicidio calificado y ordenaron dejar sin efecto la sentencia de 20 años emitida el 8 de julio de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Como resultado, se ordenó la inmediata liberación de Saúl Rosales.
Ese mismo día, Saúl Rosales abandonó el CERESO de Tlaxcala visiblemente emocionado, entre lágrimas, y fue recibido por familiares, amigos y vecinos de San Pedro Tlalcuapan, quienes lo apoyaron durante todo el proceso.
Los presentes corearon consignas como “¡Saúl, amigo, el pueblo está contigo!” y lo acompañaron con vítores y un ramo de girasoles.
Sin embargo, la liberación no estuvo exenta de tensiones, ya que familiares y habitantes esperaron más de cuatro horas afuera del CERESO debido a retrasos burocráticos, lo que generó incertidumbre y reclamos.
Finalmente, Rosales regresó a su comunidad, donde agradeció el apoyo recibido y expresó su compromiso de continuar con su labor como defensor del territorio. Sólo él sabrá si mantendrá esa posición férrea o si la detención logro inhibirlo.
La liberación de Rosales fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), que compartió un video en redes sociales destacando el regreso de Rosales a su comunidad.
La prensa local subrayó que el fallo representa un precedente importante contra la criminalización de defensores ambientales y líderes indígenas.
Sin embargo, no se han reportado detalles adicionales sobre posibles investigaciones o consecuencias para las autoridades que llevaron a cabo el proceso judicial inicial con irregularidades.
En resumen, la liberación de Saúl Rosales el 4 de septiembre de 2025 marcó el fin de más de tres años de un proceso judicial controvertido, impulsado por la movilización comunitaria y el apoyo de organizaciones de derechos humanos.
Su caso resalta los desafíos que enfrentan los defensores del territorio en México, así como la importancia de la justicia federal para corregir fallos basados en estereotipos y falta de pruebas.
Rosales, ahora libre, ha retomado su vida en San Pedro Tlalcuapan, donde continúa siendo una figura clave en la defensa del bosque de La Malinche. ¿Cuántos de nuestros funcionarios estarían dispuestos a rifarse la vida y perder parte de ella en la cárcel, solo por defender la montaña?
