“La peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa”.
Adivinen quién es el autor o la autora de esta frase lapidaria que condena al sistema judicial mexicano. ¿Será acaso una de las frases mañaneras de Andrés Manuel López Obrador? ¿Acaso la habrá enunciado el dos caras de Ricardo Monreal? ¿O habrá sido un rapto de honestidad por parte de la ministra Norma Lucía Piña?
Pues no. Ninguno de los tres. Es más, el autor de la sentencia no pertenece al ámbito político, así que sus palabras no pueden estar sesgadas por el tufillo del compromiso partidista o por la disciplina doctrinaria. Nada de eso.
El docto autor es ni más ni menos que Miguel Carbonell, un distinguidísimo académico de la UNAM. Así es: la impoluta Universidad Nacional. La misma institución que está instigando las más furibundas manifestaciones contra la reforma judicial impulsada desde Palacio Nacional.
Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Carbonell escribió hace algún tiempo el artículo“Corrupción judicial e impunidad: el caso de México”, mismo que está disponible en la Biblioteca Virtual del referido instituto de la UNAM, por si quieren consultarlo.
Lo interesante del texto de Carbonell es que recupera cifras de hace casi un cuarto de siglo, poco después de la anterior reforma al Poder Judicial federal, incluyó, por ejemplo, la creación del Consejo de la Judicatura Federal, que no es otra cosa sino un mecanismo para garantizar la impunidad de los jueces y juezas que cometen actos de corrupción o que violan los derechos humanos de los justiciables.
“Cuando una persona es puesta a disposición de una autoridad judicial se suele generar un escenario de violación de derechos fundamentales, que en muchos casos deriva en actos de corrupción”, afirma el universitario.
Y luego, cuando se trata de iniciar alguna investigación contra los dizques impartidores de justicia, ellos mismos se solapan, gracias a que son juez y parte, literalmente. Así lo describe Carbonell, a partir de un informe de las Naciones Unidas (otra vez, no se trata ni de los esbirros de Morena ni de algún loco tabasqueño iluminado. No, estamos hablando de la ONU): “Los mecanismos para sancionar a los jueces que hayan incurrido en actos de corrupción son poco transparentes y existe una dependencia del órgano encargado de las investigaciones respecto a la Suprema Corte”.
Y luego añade Carbonell: “Tiene razón, puesto que como resultado de una reforma de 1999, el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano competente desde su creación en 1994 para realizar la vigilancia y disciplina de los jueces, depende en buena medida de la Corte.
La mayoría de sus integrantes son miembros del propio Poder Judicial, lo que arroja una cierta sospecha sobre la protección que ofrecen a sus colegas y que evita que sean sancionados por actos de corrupción, pese a las abundantes denuncias presentadas por abogados”. Ante la evidencia, pues no hay engaño.
Las conclusiones de la ONU fueron demoledoras. Entre ellas cabe citar las dos siguientes afirmaciones de carácter general: “La impunidad y la corrupción (dentro del sistema judicial mexicano) siguen, al parecer, prevaleciendo”; “es preciso investigar y rendir cuentas públicamente de todas las violaciones de los derechos humanos, incluidas las denuncias de corrupción generalizada, algunas de mucha resonancia”.
Pero aún hay más, ya que de acuerdo con el Global competitiveness report, elaborado por el Foro Económico Mundial de Davos, que es el espacio favorito de los neoliberales que tanto respingan contra la reforma judicial, México se situaba en la posición 60 dentro de los 117 países evaluados, con respecto a la supuesta independencia del Poder Judicial.
Dicha falta de independencia genera prácticas corruptas dentro del quehacer de la judicatura y se manifiesta de dos maneras: una externa, respecto de los principales actores sociales y políticos (es decir de la gente de la lana, como el tío Richie que se niega a pagar sus millonarios adeudos al SAT y prefiere comprar jueces y ministros), y otra interna, que hace que los jueces inferiores sigan las “instrucciones” y protejan los intereses de los jueces superiores.
Lo dicho: esto lo afirma uno de los que forma parte de la mafia.
@martin_rodriguez.com Fuertes declaraciones
LAS TRES DE LEY… 1- Mientras Carbonell dice esto y expone una de las más evidentes deficiencias del Poder Judicial, aquí en Tlaxcala Domingo Meneses, junto con Juan Carlos Vázquez y Manuel Mendoza se niegan a aceptar de qué pie cojean los miembros del poder que impidieron el acceso a San Lázaro. Su peso moral e intelectual debe ser muy superior al de Miguel Carbonell.
2- Al iniciar el programa “Economías Colectivas” la presidenta municipal de Axocomanitla fue balconeada, junto con el junior que ahora es diputado local, Emilio de la Peña. Al intentar hacer una analogía -que nadie entendió- la gobernadora dejó al descubierto que los sueños se cumplen, siempre y cuando se le comenten a la persona indicada, o al menos eso captamos.
3- El remate del sketch llegó cuando en ese mismo escenario se presumió el apoyo otorgado a su “ama de llaves” a quien se le facilitó una lavadora, que tuvo que pagar en cómodas facilidades, para posteriormente comprar una cama enorme que le permitiera seguir soñando en un futuro mejor. Lo de ayer no fue exhibir el trafico de influencias , ni egoísmo o banalidad, tampoco exponer lo que es vivir en una realidad alterna… lo de ayer fue motivacional para impulsar los sueños de los gobernados, sobre todo de los más allegados.
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