La semana pasada se hizo público el hecho de que el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana ordenó la destitución de un total de 19 directores de seguridad pública de igual número de municipios. La noticia tiene aristas sobre las cuales vale reflexionar.
Primero. Si el criterio es que no cumplen con los requisitos para ocupar el cargo, caben al menos las siguientes preguntas: a) ¿cuáles fueron los sustentos para que los presidentes municipales propusieran su designación?, ¿acaso entonces sí los tenían?; b) ¿los cabildos respectivos supieron a quiénes avalaban o dejaron pasar, sin ver, y por qué causas?.
c) ¿existen intereses fuera de los cabildos que les imponen a quién designar en seguridad ciudadana porque así conviene a sus intereses?; y d) ¿el Consejo Estatal no se enteró quiénes eran los designados desde el primer momento, o no se interesó en saberlo hasta hoy en pleno proceso electoral?
Segundo. Ya que estamos encarrerados, en el caso de los titulares de las tesorerías municipales y de las direcciones de obras públicas, donde fluye el dinero, ya sea directamente o por la celebración de licitaciones o asignaciones a proveedores, hay también dudas que mueven a varias preguntas: a) ¿los criterios para designar a los tesoreros, más allá de los que las normas imponen, son influidos por intereses solamente del titular de la presidencia y el cabildo, u otros ajenos se los imponen?
b) Caso similar en obras públicas, donde en las acciones que la ley permite sean por invitación cerrada a proveedores o asignación directa, ¿de dónde surgen los proveedores invitados, son a gusto del presidente o el cabildo, o también son sugeridos por intereses ajenos?; y c) en los concursos de obra por invitación cerrada ¿los participantes son ajenos entre sí, o es un mismo dueño con membretes diferentes que legalmente constituye para poder acaparar las obras con la complacencia de la autoridad?
Tercero. Las comisiones de agua potable, sobre todo los sistemas municipalizados que rara vez son auditadas por el Órgano de Fiscalización Superior, presuntamente por que no tiene suficiente personal para ello, por lo general son las cajas chicas discrecionales de los presidentes, quienes destinan recursos para fines diversos fuera de lo que corresponde a la prestación del servicio por el que paga la ciudadanía.
En este caso, las dudas son: a) ¿sus directores son a voluntad del presidente con la complicidad del cabildo?, b) ¿son sugeridos por intereses ajenos al cabildo?, y c) cuántas comisiones municipales de agua potable “aguantarían” una auditoria sin que salgan a la luz desvíos de recursos, nominas de aviadores y demás?
Los municipios son un campo políticamente minado. Sus autoridades y cuerpos de seguridad son bastante vulnerables a los intereses extralegales, no tienen capacidad para enfrentarlos y cuando lo hacen tienen consecuencias funestas.
No pocos doblan las manos frente a la delincuencia, situación que complica el ejercicio transparente del erario y su fiscalización. Esta última, por cierto, es otra espada que cada año pende sobre los alcaldes cerca de estas fechas.
Todo lo anterior evidencia que hay mucho por legislar en materia municipal. Para ello, sin embargo, es necesario que la siguiente Legislatura local aborde este tema, que es muy cercano y sensible para la gente en las comunidades y municipios.
Sin embargo, que deba hacerlo no quiere decir que lo vaya a hacer en el futuro. Sobre todo cuando el 66 por ciento de los diputados que iniciaron la actual Legislatura busca su reelección. Ninguno mostró, en su momento, interés sobre el tema municipal.
Preocupados en atender otros intereses ajenos a su labor legislativa ¿por qué, entonces, tendrían que hacerlo en los próximos tres años?
