En medio de un ambiente electoral enrarecido, como nunca se había visto en Tlaxcala, el Congreso del Estado ocupó todo el día jueves a sacar adelante los dictámenes para no ratificar en sus magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez.
Los argumentos esgrimidos en los respectivos dictámenes son demoledores. Desde una presunta afectación al patrimonio del organismo por 2.3 millones de pesos, hasta casos de nepotismo e inaplicación de la ley para mantener en sus cargos a Rodolfo Montealegre Luna y Yenisei Esperanza Flores Guzmán como secretario de Acuerdos y como titular del Órgano Interno de Control del Tribunal, respectivamente.
La lectura de los dictámenes no dejan lugar a dudas a la existencia de una actuación irregular por parte de la magistrada y el magistrado.
Sin embargo, también estoy convencido que desde altas esferas gubernamentales se sugirió el camino para que el dictamen fuera desfavorable a ambos abogados.
¿Por qué lo digo así de claro? Porque Pérez González y Tecuapacho Domínguez no fueron propuestas de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para llegar al Tribunal de Justicia Administrativa. Lo fueron del entonces gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien por más que ahora se le ubica dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de ninguna forma es parte del grupo político de la mandataria estatal.
No todas las figuras que trascendieron sus cargos tienen la misma gracia, como la que en su momento mostró, por ejemplo, Mary Cruz Cortés Ornelas, quien supo acomodarse para ser ratificada en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a pesar de que ella claramente llegó a la magistratura impulsada en la administración de Mariano González Zarur, como un pago político en sus lides dentro del organismo electoral encargado de la organización de las elecciones locales cuando consejera presidenta.
Hay varios ejemplos más, pero María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez no lo son.
Habrá que esperar si ambos, o alguno de los dos recurren a la justicia federal para defender su derecho a la ratificación.
Por lo pronto, está en manos de la titular del Ejecutivo darle celeridad a la publicación de los dictámenes aprobados, para con ello apresurar el proceso de designación de las dos magistraturas.
Era importante hablar de este asunto porque la próxima semana será imposible hacerlo ante la andanada de información electoral que se avecina. Pura impugnación e impunidad habrá reflejada y denunciada en los medios.
Las campañas recién concluidas, tanto federales como estatales, se desarrollaron en un ambiente enrarecido y opacado por grupos criminales.
La organización Causa en Común informó que hasta hace un par de días tenía registradas 32 personas aspirantes o candidatas a un puesto de elección popular asesinadas, durante el actual proceso electoral.
Según sus cifras, la cantidad de actores políticos que han perdido la vida, de cara a los comicios del próximo 2 de junio, ya supera los 24 casos presentados en el proceso entre 2017 y 2018, que sumó 24 casos; así como los 30 registros que se presentaron en el proceso de las elecciones intermedias entre 2020 y 2021.
Tlaxcala, afortunadamente no ha registrado muertes. Sin embargo, que 26 candidaturas hayan solicitado seguridad al órgano electoral local nos habla de una crispación sin precedente, que solo a los ojos del delegado en Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral Electoral (INE), Jesús Lule Ortega, no se ve. Imbecilidad total.
Y sin embargo, pese a que él funcionario no observa focos rojos, el organismo que dirige en Tlaxcala tuvo que decidir sobre la cancelación de dos casillas electorales debido al riesgo de que las urnas sean incineradas el día de la jornada electoral por problemas limítrofes entre Chiautempan y Tlaltelulco, algo que, por cierto, no es nuevo.
Ojalá, al final del día, el funcionario electoral tenga razón, sin embargo, la información está ahí. No es lo mismo organizar una elección federal que una local. Esa es la diferencia de fondo que más valdría tomar en cuenta para evitar desaguisados el próximo domingo.
Por cierto de los focos rojos ya han iniciado una operación para inhibir a la delincuencia… uniformada. La detención del subdirector de la policía municipal de Huamantla dejó frío a más de uno y a otros -como al titular de la corporación- lo hizo huir a su madriguera en EdoMex.
Dice un comunicado de la presidencia municipal de Huamantla, adjudicado a la que atiende como interina, que todo es mentira y que el director se reportará el lunes a su cargo.
Si todo está bien entonces por qué salió huyendo al enterarse que el control de la seguridad en Huamantla está a cargo de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, ¿no sería urgente su presencia en pleno proceso electoral?. Regresará a Huamantla, sí, pero todo dependerá de la reelección de su patrón de lo contrario solo enviará por sus cosas. Ya lo verá usted querido lector.
