Mientras las autoridades no homologuen los criterios sancionatorios y acaben con los actos de corrupción, la labor de los entes fiscalizadores no tendrá impacto real porque para todo y para todos existen los benditos amparos.
Como muestra está la pugna legal que protagonizaron el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y el ayuntamiento de Contla, que preside Eddy Roldán Xolocotzi al ser notificado sobre la sanción traducida en cien veces el valor diario de la UMA.
Esto ocurrió el 18 de abril de 2023, cuando el propio OFS dejó insubsistente la multa sancionatoria, pero al día siguiente emitió una nueva que fue desestimada por el juzgado Tercero de Distrito, cuando concedió el amparo definitivo al municipio de Contla.
Con este antecedente -y otros más que existen en Tlaxcala-, los contribuyentes nos cuestionamos sobre la efectividad del trabajo que desarrolla Isabel Maldonado Textle, no por su desempeño como auditoria, sino por la facilidad que tienen los “inconformes” para pagar y ganar un amparo. Billetito habla.
Esto viene a colación pues el pasado viernes el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) entregó al Congreso del Estado 106 informes individuales de igual número de entes, además de un informe general de las auditorías practicadas a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022.
La preocupación de nosotros los mortales inicia desde que el OFS deja la revisión en manos de los legisladores, pues aunque se comprometieron a realizar una revisión minuciosa y responsable del manejo de los recursos, en los hechos no siempre cumplen con esta responsabilidad.
De ser cierto este análisis -y eventual revisión-, entonces estaríamos atestiguando la anticipada expulsión del gabinete estatal de los titulares de la Secretaría de Infraestructura y de la Secretaría del Medioambiente, dos de las áreas que más conflictos presentan de manera permanente y que diariamente son señaladas al interior del propio gabinete por la falta de pulcritud en el manejo de sus recursos.
Si a eso le sumamos la falta de seriedad que muestran los presidentes municipales, también tendríamos que ser espectadores de la prematura salida de alcaldes que ignoran permanentemente la evaluación de control y confianza de sus elementos de seguridad pública. Pocos ponen seriedad en este asunto.
Para quienes piensan que exagero basta revisar el informe del OFS para percatarnos que pese a la creación del laboratorio del OFS, En materia de obra pública, de la aplicación de 177 pruebas de laboratorio a una selección de 79 obras, el 28 % tuvo deficiencias en sus obras, lo que impacta directamente en esa población.
Sume usted a esto la “comprobación” en la adquisición de bienes, servicios u obra pública a través de proveedores o contratistas fantasma o que son incapaces de justificar las operaciones comerciales. Dicho de otro modo, son empresas “patito”.
Aplaudir o destacar que del ejercicio 2022, de las 420 cuentas públicas trimestrales solo 10 fueron extemporáneas, es continuar con incentivos a los entes fiscalizables. ¿Por qué los seguimos premiando o reconociendo por cumplir con su obligación?, para eso se rentan.
Aplaudamos cuando el daño patrimonial se traduzca en ceros, porque por ahora el importe observado en este rubro es de mil 695 millones de pesos, con todo y que durante la etapa de solventación los entes fiscalizables aclararon, justificaron o reintegraron mil 228, que representa el 72.4 %. Todavía hay 467 millones de pesos que siguen volando.
Isabel Maldonado Textle ha cumplido y no le tiembla la voz para criticar a los entes públicos que han cuestionado la facultad del OFS para auditar recursos del gasto federalizado por concepto de participaciones y de fondos del ramo 33, aludiendo que es la Auditoría Superior de la Federación quien tiene la facultad exclusiva.
Los alcaldes no defienden o atacan las competencias del Órgano de fiscalización superior (OFS), eso es evidente. Los presidentes municipales solo buscan proteger o blindar a sus tesoreros para que puedan “orientar” esos dineros para los asuntos que ellos consideran prioritarios y que al hacerlo no reciban sanción ni observación. No desean ser expuestos ni molestados.
Ahora que los 106 Informes Individuales integrados por 3 Poderes del Estado, 29 entidades paraestatales, 1 Patronato, 7 Organismos Autónomos, 1 Organismo No Sectorizado, 60 municipios y 5 Comisiones de Agua Potable han sido entregados, habrá que esperar a conocer la opinión de los legisladores.
Por el bien de las arcas esperamos que la transparencia sea regla general y no la excepción. Recordemos que la bancada morenista es mayoría y de ellos depende consolidar ese eslogan que reza: no robar, no mentir y no traicionar… aunque parece que se les olvidó al recibir su constancia de mayoría.
Las tres de ley… 1- Más de 140 denuncias penales han sido presentadas ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; los procedimientos de investigación presentados ante el Tribunal de Justicia Administrativa también muestran avances favorables, pero solo eso. El balón ya no está en la cancha del OFS.
2- En entrevista colectiva Isabel Maldonado Textle, titular del OFS, advirtió que la información relativa a estas denuncias no podría compartirse debido a la naturaleza de la misma, privilegiando el procedimiento para evitar que la filtración de datos afecte los trabajos de la autoridad.
Sin embargo adelantó que la Fiscalía ha solicitado información de varios expedientes que incluyen desde el años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y hasta el 2022.
3- A los interesados y a los ciudadanos de a pie debe quedarles claro que la vinculación a proceso ya no depende del OFS, pues su labor concluye al presentar las denuncias, sin embargo la fiscalía está obligada a darle seguimiento y de eso estaremos al pendiente todos.
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