La semana pasada diversas colectivas y asociaciones de la comunidad LGBTIQ+ se pronunciaron contra actos falsos referente a las “acciones afirmativas” implementadas por las autoridades electorales, debido a lo que distintos partidos políticos han hecho a su beneficio propio.
Se referían a actos de usurpación de candidaturas políticas en los estados de Tlaxcala, Chiapas, Chihuahua y otras entidades de la república.
En su pronunciamiento, esas colectivas y asociaciones sostuvieron que “hay algunas personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+ y otras que no lo son y no nos representan”.
Incluso, sostenían que esas personas se han prestado a actos que pueden ser negligentes y llegar a afectar a las poblaciones diversamente sexuales, “tratando de llamarse ‘aliados’ o tomando pronunciamientos hacia ciertos grupos vulnerables a los cuales tampoco representan, como lo han hecho con las personas con discapacidad y a las personas de pueblos originarios que también son parte de nuestra población diversa”.
Y afirmaban: “También nos afectan por la falta de información y/o por la manipulación sobre una identidad sexual a su conveniencia y beneficio, o que se hacen llamar activistas y todo por obtener una candidatura política, o un cargo del mismo rango, es por ellos que levantamos la voz y decimos; con la población LGBTIQ+ no se usa, no se lucra, no se juega y no se usurpa”.
Valiente y oportuna denuncia pública la realizada, sobre todo en la coyuntura de la aprobación que sobre las candidaturas a diputaciones y, en próximos días, a los ayuntamientos llevará a cabo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
El problema de ese pronunciamiento es que no hubo nombres. La denuncia se hizo al vacío porque no hubo señalamientos directos sobre quienes eran las personas y los partidos políticos que buscan usurpar candidaturas a este tipo de colectivos. Y así no se podrá actuar en consecuencia para evitar ese tipo de fraudes.
Si hubiesen dado a conocer nombres estaríamos hablando de otra cosa. Lástima que no fue así, la ambigüedad en su “denuncia” tendrá la misma respuesta por parte de la autoridad que ha sido tibia, permisiva y tolerante en exceso complice.
Apenas el viernes de la semana pasada apuntábamos en este espacio que el ITE está perdiendo la credibilidad que debería tener de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio, porque de repente su estricta vigilancia en el cumplimiento de las acciones afirmativas por parte de todos los partidos políticos, terminó por relajarse convirtiéndose en un convidado de piedra.
Afirmamos: “Las presiones ejercidas por las once fuerzas políticas participantes en el proceso electoral local terminaron por doblar a las consejeras y consejeros electorales, incluido el presidente del Consejo General. A reserva de descubrir lo que a ojos vistos nadie ve, ¿quién cree que Aurora Villeda Temoltzi forme parte de la comunidad LGBTIQ+? ¿o quién cree que Emilio Sánchez Rivera, tenga una discapacidad permanente?
“Estas candidaturas, al igual que otras más cuyo registro fue aprobado por el ITE, cumplieron con el requisito de acreditar que forman parte de un grupo de atención prioritaria, ¿pero de verdad pertenecen a los colectivos que dicen pertenecer?”
Por el contenido del desplegado que colectivos y asociaciones de la comunidad LGBTIQ+ hicieron público, es evidente que lo que estamos presenciando es un fraude a la ley por parte de los partidos. Y los fraudes son delitos aquí y en china.
Aunque no señalaron nombres de quiénes son esos que usurpan candidaturas que legítimamente deberían pertenecer a la comunidad y asociaciones de la comunidad LGBTIQ+, el pronunciamiento se da a buen tiempo porque todavía faltan por pasar a revisión las candidaturas para los ayuntamientos, que dicho sea de paso son espacios que generan más efervescencia y atención, que las candidaturas federales a las que pocos tlaxcaltecas prestan atención.
El Instituto Electoral tendrá que ponerse las pilas, no sólo con relación a este grupo de atención prioritaria, sino también en los demás. Las y los consejeros electorales fueron puestos en ese cargo para hacer respetar la ley y su trabajo está yendo al lado contrario, o al menos raya en la omisión. Se nota que Emmanuel Ávila González llegó impulsado desde el INE, su trabajo no es el mejor ni ha justificado la designación.
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