- Realizan Audiencias Públicas para análisis de nueva Ley del Agua
- Rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación de Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2020, el sector agropecuario tuvo 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería.
El abastecimiento público representa 15% del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes.
Industria autoabastecida, representa 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.
El estudio señala además que, en México, el 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales, principalmente de ríos, siete representan 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur del país, mientras que sólo 29% del agua superficial se ubica en la zona norte. El principal problema de las aguas superficiales es la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos son vertidas sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas.
Estos datos resultan relevantes ante la discusión de la de la iniciativa que busca expedir la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales enviada por la titular del Ejecutivo Federal. La propuesta llega luego de 30 años sin cambios a la legislación en la materia.
Fue el pasado 9 de octubre que la Cámara de Diputados informo que recibió esta iniciativa, misma que fue publicada en su gaceta parlamentaria.
Tras el anuncio de su envío, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en conferencia matutina del 24 de septiembre que con la propuesta se trataba de “poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. (…), además de imponer sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene”.
El documento publicado. Busca, además, cumplir con el mandato superior del derecho humano al agua y retomar y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales.
La Ley General de Aguas considera delinear las acciones que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico; sentar las bases y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como su interdependencia con otros derechos fundamentales de la persona.
Sin duda una de las propuestas más importantes que incluye la propuesta, es lo que se refiera a fomentar la cultura del agua, a fin de generar conciencia sobre la importancia que tiene al agua para la vida y la dignidad de las personas, promover el uso racional. Si bien es cierto durante los últimos años se han realizado diversas campañas para el respeto de este derecho, nunca se había incorporado este aspecto dese el marco legal.
Previo a la discusión de la presente iniciativa, la Cámara de Diputados aprobó realizar “Audiencias Públicas” para que la ciudadanía interesada en el tema pudiera delibera al respecto.
La primera Audiencia Pública se realizó el martes 18 de noviembre, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, señalo del registro de 430 organizaciones, investigadores, universidades además de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que escuchen y y se pueda atender los reclamos justos y aclarar las preocupaciones que se tengan al respecto.
Para el 19 de noviembre agricultores, productores y representantes de organizaciones y de diversos sectores productivos, comentaron que la aprobación de esta modificación generaría un marco claro para impulsar la adopción masiva de tecnologías pluviales, alinear la política del agua con estándares internacionales de sostenibilidad y convertir a México en referente regional de gestión hídrica, resiliente y circular.
Con la participación de ponentes de asociaciones civiles, organismos y pueblos originarios, el 20 de noviembre se llevó a cabo la tercera jornada de Audiencias Públicas sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, y cuyo tema central fue “Agua en el medio rural. Núcleos Agrarios, ejidos y comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos”.
Ahí el presidente del Comité Ejecutivo Nacional en Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos, Alfonso Garzón Martínez, mencionó que la iniciativa genera preocupaciones por las restricciones que podrían impactar negativamente la viabilidad económica y operativa del campo.
Patricia Ávila García, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el mandato constitucional debería ser el de tener una sola ley que incluya tanto el derecho humano al agua como el tema de concesiones y asignaciones de agua.
También se habló de incorpore al proyecto de ley el reconocimiento pleno de los derechos colectivos al agua avistando ignorar los derechos históricos de ejidos y comunidades Se dijo además que no es viable tener dos leyes del agua al mismo tiempo, ya que habrá más burocracia, costos y carga administrativa, además de que la planeación hídrica se va a debilitar.
Fue el viernes 21 de noviembre que concluyeron en la Cámara de Diputados las Audiencias Públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos. En esta última jornada se abordó el tema “derecho humano al agua”, donde las y los ponentes las y los participantes expusieron sus preocupaciones y plantearon distintas modificaciones a la propuesta de la titular del Ejecutivo.
Alfredo Méndez Baena, del Colegio de Biólogos de Guerrero y doctor en desarrollo rural, consideró que la Ley de Aguas Nacionales representa uno de los capítulos más oscuros del neoliberalismo, entregando el recurso a empresas. Se diseñó para que la Conagua no pudiera cobrar los derechos.
