Ayer por la noche recibí nuevamente un texto, el mismo que circula en grupos locales de Tlaxcala, es un pronunciamiento público del personal del Hospital de la Mujer de San Matías Tepetomatitlán, en el que se denuncia de manera abierta y colectiva abusos laborales, hostigamiento y malas prácticas por parte de la doctora Lydia Carolina Soto Portas y el galeno Sergio Flores Saldaña.
En ese nosocomio ubicado en Apetatitlán, el grito de “¡Ya basta!” no es solo un clamor aislado: es el reflejo de un malestar que se ha agudizado en los últimos meses, coincidiendo con la turbulenta transición hacia el modelo IMSS-Bienestar y el reciente anuncio de la extinción del OPD Salud de Tlaxcala. Aunque aparentemente eso ya no sucederá.
El pronunciamiento colectivo del personal acusa directamente a la doctora Lydia Carolina Soto Portas y al medico Sergio Flores Saldaña de abusos laborales persistentes, hostigamiento, intimidación y malas prácticas que aniquila la integridad de los trabajadores y, por ende, la calidad de la atención a las usuarias.
Las quejas al sindicato siguen sin respuesta efectiva, y el silencio oficial de la Secretaría de Salud (SESA) contrasta con la rapidez con que se viralizan estas denuncias. Este no es un episodio nuevo.
Antecedentes como la queja ignorada en 2022 contra un médico —presentada ante el propio Sergio Flores— ya apuntaban a deficiencias en la gestión interna. En noviembre de 2025, trabajadores del mismo hospital protestaron por falta de mantenimiento e infraestructura digna.
Y en enero de 2026, la propia SESA admitió 56 quejas formales por mala atención en hospitales públicos, con sanciones casi simbólicas, de risa. El patrón es claro: respuestas lentas o insuficientes ante denuncias que afectan lo humano en la atención médica.
Lo que parece haber exacerbado la situación es precisamente la federalización de los servicios de salud. Apenas en febrero de 2026, el Congreso local consumó la extinción del OPD Salud de Tlaxcala, absorbiendo sus funciones administrativas por el IMSS-Bienestar federal aunque horas después algunas diputadas hayan negado esto.
Oficialmente, se promete continuidad en servicios y respeto a derechos laborales —más de 3 mil trabajadores afectados, según datos de la diputada Blanca Águila Lima y el sindicato SNTSSA—, pero la realidad pinta otro panorama: incertidumbre laboral para miles, desabasto crónico de medicamentos e insumos en unidades IMSS-Bienestar, raciones indignas para el personal y abandono institucional.
Críticas recurrentes señalan que la atención se ha desviado hacia la burocracia y el manejo de los recursos federales del programa, dejando en segundo plano la esencia humana que debe caracterizar un hospital: el trato digno al personal y al paciente.
En este contexto, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gabriel Gutiérrez Morales, aparece en notas institucionales firmando acuerdos para la construcción del nuevo Hospital de la Mujer de Tlaxcala —un proyecto de infraestructura prometedora— y en reuniones de alto nivel con autoridades estatales y federales. ¿Uno nuevo cuando no logran administrar y habilitar el que ya tienen?
Sin embargo, el contraste duele: mientras se presumen avances en equipamiento y basificación, persisten reportes de colapso operativo en hospitales existentes, ausencias a mesas de diálogo y percepciones de que el enfoque está en los números y el presupuesto federal, no en resolver el día a día de quienes atienden en el frente.
En Tlaxcala, la salud de las mujeres —y de toda la población— no puede esperar a que se levanten edificios nuevos mientras el personal del Hospital de la Mujer actual se siente vulnerado, hostigado y sin voz.
Lydia Carolina Soto Portas y Sergio Flores Saldaña enfrentan demandas claras de destitución, investigación imparcial y garantías contra represalias; Gabriel Gutiérrez Morales y el IMSS-Bienestar presumen coordinación y promesas de futuro, pero la extinción del OPD Salud ha dejado un vacío que parece llenarse más de burocracia y manejo de dineros federales que de atención humana y equidad laboral.
Las tlaxcaltecas —pacientes y trabajadores— pagan el precio de un sistema que prioriza fotos protocolarias y transiciones administrativas sobre la urgencia de entornos dignos y medicamentos.
La verdadera competitividad en salud no se mide en galardones de escritorio, ni en anuncios de nuevos hospitales; se construye atendiendo denuncias con celeridad, investigando a fondo y garantizando respeto en cada turno.
Urge, para ayer, que las autoridades estatales y federales actúen ya: no más abusos en el Hospital de la Mujer, no más desvío de la atención humana hacia la maquinaria burocrática porque aquí la salud pública de verdad empieza por el respeto a quienes la sostienen día a día y esos no son solamente los administrativos y directivos que salen en las fotos.
