San Pablo del Monte, Tlaxcala, se encuentra al borde del colapso. Lo que alguna vez fue un municipio con un semáforo de seguridad “amarillo” se ha convertido en un foco de violencia, corrupción e impunidad bajo el mandato de la alcaldesa Ana Lucía Arce Luna.
Declaraciones impactantes, crímenes atroces y escándalos administrativos dibujan un panorama sombrío de un gobierno local desbordado, o peor aún, cómplice de las crisis que lo aquejan.
El 8 de noviembre de 2024, durante una tensa reunión con habitantes que reclamaban por la inseguridad, Arce Luna hizo una revelación escalofriante. En un video que se viralizó en redes sociales, la alcaldesa se dirigió al responsable de seguridad municipal, admitiendo la complejidad del problema: “No puedo cambiar en dos meses lo que se corrompió en tres años.
Pasamos de un semáforo rojo a uno amarillo, pero es fácil hablar desde afuera… Hay compañeros dentro del ayuntamiento involucrados con el crimen organizado, que informan a delincuentes y sabotean los esfuerzos”.
Estas palabras contrastan con las negaciones previas de la alcaldesa, quien insistía en que San Pablo del Monte no figuraba entre los municipios más violentos de Tlaxcala. Sin embargo, la realidad es innegable: cuerpos con huellas de tortura, calcinados o embolsados son una constante.
Arce Luna también reconoció que algunos de sus colegas presionan para que se ignore a los criminales, incluso cuestionando el aseguramiento de tractocamiones ligados a actividades ilícitas. “¿Eso es trabajar en equipo? ¿Eso es querer a San Pablo del Monte?”, preguntó a los presentes.
Siete meses después, el 4 de junio de 2025, un nuevo atentado estremeció al municipio. Óscar N., director administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), fue asesinado a balazos frente a su hogar, en el barrio de San Cosme.
El ataque ocurrió pasadas las 7:00 de la mañana en la calle Morelos Norte, cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron a la víctima dentro de su vehículo y le dispararon repetidamente, privándolo de la vida en el lugar.
Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes encontraron una escena devastadora. La policía acordonó la zona y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició las investigaciones, pero el crimen reavivó las dudas sobre la gestión de seguridad de Arce Luna.
Este asesinato, sumado a una serie de escándalos, expone la fragilidad del gobierno municipal. La administración de Arce Luna enfrenta acusaciones de corrupción y negligencia.
En 2024, pobladores protestaron por cobros excesivos en el uso de suelo del panteón, señalando directamente a Alejandro Martínez Sánchez, secretario del ayuntamiento y aliado cercano de la alcaldesa.
Las manifestantes, en su mayoría mujeres, denunciaron que Martínez Sánchez reasigna arbitrariamente espacios ya comprados, en lo que describen como un negocio lucrativo.
Un caso emblemático involucró a una familia que pagó 22 mil pesos en enero de 2025, monto que Arce Luna negó públicamente, asegurando que había descuentos y deudas pendientes.
Martínez Sánchez, conocido como “La Hamburguesa”, enfrenta acusaciones aún más graves. Varias mujeres, incluida Karla N., exsecretaria de la presidencia, lo han señalado por acoso sexual y laboral. Karla, despedida injustamente tras rechazar sus insinuaciones, obtuvo una orden de protección urgente del Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala el 11 de abril de 2025, que prohíbe a Martínez Sánchez contactarla.
Sin embargo, el funcionario permanece en su cargo, aparentemente intocable. Reportes periodísticos y testimonios sugieren un patrón: al menos diez mujeres habrían sufrido acoso similar, con la presunta protección de Arce Luna. La inacción de la alcaldesa, y su posible complicidad, cuestionan su compromiso con la justicia.
La inseguridad en San Pablo del Monte no se detiene. Recientes episodios de violencia colectiva, como un intento de linchamiento y el asesinato de una mujer en circunstancias similares, reflejan el colapso de la seguridad pública.
A pesar de los protocolos estatales contra linchamientos, diseñados para proteger los derechos humanos, la violencia desmedida persiste. En respuesta, el gobierno estatal implementó el Mando Coordinado el 27 de mayo de 2025, pero estas medidas no han logrado devolver la tranquilidad a los habitantes.
El gobierno de Ana Lucía Arce Luna es un rosario de promesas incumplidas y crisis acumuladas. Su administración parece incapaz, o incluso cómplice, ante el avance del crimen organizado, la corrupción interna y la violencia descontrolada. ¿No pudo controlar y optó por pactar, o qué sucedió?
San Pablo del Monte es un polvorín a punto de estallar. La pregunta es inevitable: ¿podrá la alcaldesa enfrentar el desafío, su legado será el caos que consume a su municipio o los maleantes son los que han tomado el control y se hacen cargo de pagar la nomina, incluida la de la alcaldesa que solamente acude a cobrar y firmar cada quince días a esas oficinas?
