Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) en Tlaxcala, ha generado controversia nuevamente al advertir a directores, maestros y padres de familia sobre posibles sanciones administrativas graves si organizan convivios o eventos escolares que contravengan instrucciones sanitarias emitidas por la gobernadora Lorena Cuéllar y el secretario de Salud.
Sin importar que los maestros y padres de familia ya hayan gastado una lanita para la compra de vestuario, adornos, o algún otro tipo de insumos para los convivios o festivales navideños, Meneses Hernández amenazó con una ley a la que él mismo se ha pasado por el arco del triunfo.
En un mensaje reciente, Meneses enfatizó que “la autorización o la petición de los padres y madres de familia no pueden estar por encima de una instrucción directa del secretario de Salud y en el contexto de protección a la niñez”, invocando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Protección a los Niños y Niñas.
Argumentó que arriesgarse a tales eventos podría derivar en faltas graves, recordando que los servidores públicos deben priorizar la salud ante cualquier presión externa.
Esta postura contrasta notablemente con las acusaciones en su contra por presunto desacato judicial en un caso relacionado con una escuela primaria bilingüe (náhuatl-español) en San Francisco Tetlanohcan.
En este mismo espacio le adelanté a usted que Padres de familia habían denunciado al secretario de educación porque, desde febrero de 2023, la SEPE-USET había marginado a estudiantes indígenas, negando mejoras infrastructurales, nuevos grupos y plazas docentes pese a un aumento en la demanda de inscripción.
Un juicio de amparo interpuesto por seis padres alega irregularidades en el proceso de preinscripción, priorizando a niños con hermanos en la escuela y relegando a otros.
Un juez federal ordenó reabrir la plataforma de inscripciones en plazos estrictos, órdenes que, según los inconformes, no se cumplieron, alegando vacaciones o dilaciones administrativas, incluyendo el cumpleaños del titular de la SEPE- USET, celebrado en Contla.
Esto ha llevado a señalamientos de desacato contra Meneses y varios funcionarios, con posibles sanciones como inhabilitación (3-9 años), prisión o multas.
Los padres acusaron al secretario de discriminación y racismo, argumentando que se presenta como defensor de la cultura indígena –usando prendas tradicionales en fotos– sin acciones concretas. Propusieron incluso contribuir económicamente para aulas nuevas o adquirir terreno para ampliación, iniciativas rechazadas por “restricciones normativas”.
Actualmente, porque eso sigue sucediendo, se pretende inscribir a decenas de niños en espacios pedagógicamente inviables, violando estándares constitucionales de acceso equitativo a la educación bilingüe.
Adicionalmente, críticos señalan un gasto elevado en el consejo del Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca (NUMET), mientras se alega falta de recursos para escuelas indígenas en crecimiento. Su negocio particular supera los doscientos mil pesos por hora en un evento que dura dos días.
Esta dualidad al exigir cumplimiento estricto de la ley a maestros y padres, mientras enfrenta denuncias por ignorarla, pone en evidencia una ambivalencia en la gestión de Meneses Hernández. ¿De verdad le importan los niños, le importan los maestros, le interesa y cumple con la ley o solo busca quedar bien con quién le puede dar un hueso plurinominal?