Rubén Rocha Moya regresó a Culiacán como quien reclama la silla del comedor familiar después de haber pedido “permiso” por 112 días: “Este lugar es mío, con permisito”, anunció a las 9:46 de la mañana.
Empujó a un lado a la interina Geraldine Bonilla —que nunca gobernó de verdad, solo ocupó el escritorio mientras el aparato de poder seguía intacto—, reunió a la mesa de seguridad, a la Marina y a la Defensa, y declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya lo había limpiado de toda sospecha.
Mentira, porque las carpetas siguen abiertas, el gran jurado de Nueva York no se desvaneció por un comunicado de X, pero Rocha Moya, envuelto en la bandera de la soberanía y la ultraderecha extranjera, decidió que el fuero era más cómodo que vivir a la intemperie.
Treinta y seis horas después, por un súbito acto de “introspección”, volvió a pedir licencia. El mismo hombre que se reinstaló sin consultar a nadie descubrió, de golpe, que sí había que pedir permiso, otra vez.
Claudia Sheinbaum demostró así que los impresentables no pueden permanecer al frente de un gobierno cuando el costo político se vuelve insoportable. Sin importar afiliación ni lealtad, nadie está por encima de la República… al menos cuando el personaje se llama Ruben Rocha Moya y el Estado es Sinaloa.
La pregunta que nadie en Palacio Nacional quiere responder es simple: ¿por qué no aplica el mismo criterio cuando una administración opera desde la casa de gobierno a favor de su candidato, violentando los principios básicos de la democracia?
Aquí la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se niega a dar entrevistas; su secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, afirmó que la realidad se torció y así descalifico lo que todos vieron: la casa de gobierno convertida en casa de campaña. Parece que cerrando los ojos se borran los hechos.
Horas antes el propio vocero -Antonio Martínez Velázquez- les había dado una salida perfecta para limpiarles el rostro: reconoció lo que todos vimos e incluso afirmó que por esos hechos una terna había sido separada de sus funciones. La maroma perfecta que horas después fue sustituida con la negativa que nadie creyó, pero que a todos ofendió por la evidente tomadura de pelo que representa.
Alguna vez José Antonio Álvarez Lima, en una mesa de café, me dijo que los medios teníamos derecho a preguntar y los entrevistados la posibilidad de responder o no, pero en este caso el silencio no es derecho, es cinismo y el cinismo, cuando se ejerce desde el poder, es impunidad con sello oficial.
Cierto, no se puede comparar el expediente de Rocha Moya con el de otros perfiles. Ese señor es indefendible. Pero la ley es la ley: Peculado, enriquecimiento ilícito, cercanía con grupos delictivos o delitos electorales, todos son actos delictivos que afectan la confianza ciudadana, golpean a los mexicanos y desmoronan las instituciones que tanto dicen defender.
Y todos deberían recibir respuesta institucional proporcional al cargo, porque en el caso de Rocha bastó quitarlo de Palacio de Gobierno para que la gente entendiera que había perdido el control y, con él, la impunidad que tanto se presume.
En Tlaxcala, la entidad más pequeña del país, cualquiera esperaría al menos una llamada de atención de la primera presidenta que llegó prometiendo terminar con las elecciones de Estado financiadas con dinero del pueblo. ¿Por qué permitir y promover exactamente eso? ¿por qué Ariadna Montiel o Citlalli Hernández hacen que la virgen les habla?
Los gobiernos de la 4T deberían mirarse en el espejo de Rocha Moya. Lo que ocurrió en Culiacán no es un episodio aislado: es el reflejo de sus propias atrocidades y digan lo que digan el pueblo así lo percibe.
Dejar a una entidad sin titular del Ejecutivo cuando la ley se viola no es debilidad; sería, por fin, un segundo piso digno de la transformación que se anuncia todos los días pero que acaba por no cuajar.
La Secretaría de Gobernación, Morena, el Verde, los gobernadores y las bancadas legislativas se apresuraron a decir que la decisión de regresar fue “exclusivamente personal”; nadie sabía nada, nadie autorizó, nadie respaldó y al final nadie se sumó al débil Moya.
El deslinde fue tan unánime que resultó sospechoso. ¿Facción? ¿Grupo? ¿Desmesura personalista? Las propias declaraciones oficiales dejaron entrever lo que no querían nombrar: que dentro del movimiento hay proyectos políticos que ya no caben cuando se contraponen al bienestar de la nación… o, más precisamente, al bienestar de quien hoy ocupa Palacio Nacional.
La ley no debería medir el tamaño de la infracción según el color de la camiseta o el tamaño de la entidad. Cualquier acto ilegal debe tener consecuencias, aunque eso implique dejar a un estado sin gobernante: ese sería el verdadero segundo piso.
Pero mientras ese segundo piso llega, en Tlaxcala se sigue operando desde la casa de gobierno, después se niega lo evidente y se para rematar se guarda silencio. ¿Qué diferencia hay con el caso del gobernador que se creyó dueño absoluto del poder y descubrió, en 36 horas, que ni siquiera el fuero es eterno cuando el costo político se vuelve demasiado alto.
La República, por una vez, habló en voz alta y con la verdadera intención de sentar un precedente, ahora falta que hable con la misma contundencia en todas partes, sin importar que sea la entidad más cercana a los carteles o la más pequeña de la geografía. La ley es la ley.
