Hace apenas una semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su Mañanera del Pueblo el inicio de una consulta nacional para construir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Este proceso consultará directamente a 16,728 comunidades de 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, con el objetivo de reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Este anuncio no es casual. Retoma y busca fortalecer la idea del cuarto nivel de gobierno, un concepto que Tlaxcala ha materializado como pionero en México de la mano de Jose Antonio Álvarez Lima, ex gobernador y actual senador.
La consulta representa una oportunidad histórica para que el modelo tlaxcalteca, con asambleas comunitarias, rotación de cargos y autogobierno, inspire la legislación nacional y reciba mayor blindaje jurídico y presupuestal.
Sin embargo, en el día a día de las comunidades, las prioridades concretas no pueden diluirse en debates abstractos. Ahí está el caso de Guadalupe Ixcotla donde los pobladores enfrentan un conflicto por los campos deportivos comunales ante el avance del Proyecto Integral de Salud del IMSS.
La construcción de esta clínica no es un lujo: es una necesidad impostergable, ya sea en Chiautempan, Calpulalpan, Huamantla o Tlaxco, la salud debe ser prioridad absoluta. En zonas con rezagos históricos, un centro integral significa atención médica oportuna, prevención de enfermedades, generación de empleo local y dignidad para miles de familias.
Defender el territorio comunal es legítimo y necesario, por eso nos sumamos cuando un proyecto resulta contrario al beneficio colectivo. Pero bloquear indefinidamente una obra de salud pública antepone lo simbólico a lo sustantivo, porque eso es justamente lo que vemos en Guadalupe Ixcotla.
En contraste, proyectos como el supuesto “polo de economía circular”, en Atlangatepec, generan más dudas que certezas y ahí, sin titubeo, todos nos hemos sumado desde la trinchera que nos corresponde. ¿Dónde están los estudios rigurosos de impacto ambiental, viabilidad económica real y beneficio comunitario tangible? ¿O se le llama “economía circular” porque el beneficio termina regresando siempre a las mismas familias y por eso tanto es el interés?
La duda se incrementa porque mientras se impulsa esta iniciativa, persisten señalamientos sobre la adquisición de 87 hectáreas en San Pedro Ecatepec por parte de funcionarios de primer nivel del gobierno estatal para instalar un tiradero de basura. ¿pues no que la basura no es negocio?.
El predio, propiedad de Juan Antonio González Pérez, habría sido vendido por un exfuncionario federal del PAN, con apellidos muy similares al del dueño original. Este tipo de operaciones opacas solo refuerzan la percepción de que ciertos megaproyectos responden más a la especulación y a intereses privados que a un desarrollo genuino.
Las familias de Atlangatepec se preguntan con razón: ¿por qué priorizar un polo industrial de cuestionable circularidad, cuando necesidades básicas como la salud siguen sin resolverse?
Es en este tipo de conflictos donde surgen figuras con pasado en el COLTLAX y activismo en defensa de autonomías, pero también con experiencia en el Poder Judicial de Oaxaca. Su labor acompañando comunidades y documentando casos es valiosa, sí, pero requiere claridad.
Como ocurre con muchos académicos, activistas y abogados que cobran por asesorías u honorarios, surge la legítima pregunta sobre posibles conflictos de interés. La confrontación que parece alimentar ciclos interminables de litigios y cobros debe ser examinada con transparencia. El trabajo profesional merece pago, pero la rendición de cuentas es indispensable.
Tlaxcala tiene mucho que aportar al proceso de consulta federal anunciado por Sheinbaum, y en esa tarea podemos volver a ser ejemplo nacional. Pero para ser un referente creíble y realista, debemos poner primero las necesidades concretas de nuestra gente: salud, transparencia y desarrollo auténtico, no especulación ni disputas interminables.
El cuarto nivel de gobierno no es solo un símbolo: debe traducirse en bienestar tangible. Y para eso no necesitamos que nadie venga a enseñarnos cómo ponernos de acuerdo porque quienes venden esa loca y fructifera idea acaban ocupando los espacios laborales de los nacidos en Tlaxcala.
Nuestra entidad es la única tierra de México con cuatro niveles de gobierno. Eso debería ser más que suficiente para demostrar de lo que somos capaces cuando hablamos, escuchamos y decidimos entre nosotros, sin intermediarios ni agendas ajenas. Nosotros ya aprendimos hace mucho a resolverlo desde nuestras comunidades. Solo hace falta voluntad y honestidad para retomarlo y dejar de comprar humo a los que se sienten iluminados.
