- Destaca la importancia del trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales para garantizar la protección efectiva de NNA y personas adultas mayores
La titular de la Primera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), magistrada Marisol Barba Pérez, aseguró que toda reforma cobra verdadero sentido cuando transforma la vida de las personas.
Así lo manifestó durante la primera etapa de la Jornada de Difusión y Sensibilización sobre las reformas a la Ley de Asistencia Social y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dirigida a impartidores de justicia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, donde precisó que, detrás de cada solicitud de ayuda hay una persona que necesita ser escuchada, atendida y protegida, de ahí que las leyes deben traducirse en acciones oportunas que hagan una verdadera diferencia en la vida de las personas.
En su intervención, explicó que las reformas publicadas el 9 de diciembre de 2025, fortalecen la protección de derechos mediante una mayor coordinación entre las autoridades estatales y municipales.
Destacó la importancia de que los 60 municipios cuenten con Procuradurías Municipales de Protección que funcionen efectivamente, así como la creación de seis Subprocuradurías especializadas en materia civil y familiar, dos en materia penal y la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores, para acercar la atención a quienes más la necesitan.
“Para una persona adulta mayor que enfrenta maltrato, abandono o despojo, estas instituciones deben significar que no está sola, que sus derechos importan y que existe una autoridad para escucharla y defenderla”. expresó.
La magistrada reconoció la importante labor de las presidentas y presidentes municipales y de quienes integran las Procuradurías de Protección, al recordar que su intervención es fundamental para garantizar, prevenir, procurar y proteger oportunamente a quienes más lo necesitan, dando seguimiento a cada caso conforme a sus atribuciones.
Desde la perspectiva de la justicia penal, explicó que cada actuación institucional es importante, pues una intervención tardía o deficiente puede dejar desprotegida a una víctima y repercutir en el desarrollo del procedimiento.
Asimismo, destacó que las Procuradurías de Protección, la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales tienen responsabilidades distintas, pero complementarias. En ese sentido, recordó que la protección de las víctimas y el respeto al debido proceso son obligaciones jurídicas que deben caminar juntas.
