La tarde del martes 10 de noviembre, en la carretera que conecta Ixtacuixtla con la comunidad de Espíritu Santo, dos hermanos fueron alcanzados por una lluvia de balas. Antonio, de 29 años, murió horas después en un hospital, Steven, de 24, sigue luchando por su vida.
Una Ford Lobo F-150 blanca y una motocicleta Carabela quedaron abandonadas, acribilladas, veintiún casquillos y dos ojivas esparcidos sobre el asfalto. Familiares tuvieron que subirlos a otra camioneta para llevarlos a urgencias porque, una vez más, la autoridad llegó cuando el daño ya estaba hecho.
No es un hecho aislado, es el capítulo más reciente de una violencia que se ha instalado con naturalidad en la franja limítrofe entre Tlaxcala y Puebla, especialmente en Ixtacuixtla, Alpotzonga, Espíritu Santo y Atotonilco.
Una zona donde el huachicol no es solo un delito: es un sistema de poder que disputa territorio a balazos, ejecuta a familiares de rivales y deja vehículos acribillados como advertencia.
Los vecinos ya no se sorprenden, los reportes extraoficiales se repiten con una monotonía aterradora y las autoridades, cuando hablan, lo hacen tarde, con lenguaje burocrático y sin asumir la dimensión real del problema.
Lo más grave no es solo el ataque, sino la normalización. Que dos jóvenes salgan de su comunidad y terminen convertidos en cifras de una carpeta de investigación que, con suerte, tendrá algún detenido meses después.
Que la primera versión que circula sea “posible levantón” y solo horas más tarde se acepte que fue un ataque directo. Que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tarden en emitir un posicionamiento claro mientras las redes ya tienen nombres, edades y el estado de salud de las víctimas.
Tlaxcala se sigue vendiendo como un estado relativamente seguro en comparación con sus vecinos. Esa narrativa se sostiene mientras los cuerpos caen en las carreteras secundarias y en las comunidades rurales.
La frontera con San Martín Texmelucan y Tlalancaleca no es solo una línea administrativa: es un corredor de disputa donde grupos armados operan con una impunidad que ya no se disimula. Cada balacera sin respuesta contundente es un mensaje de que el territorio sigue en disputa y que el Estado llega de visita, no de permanente.
No se trata de pedir milagros, se trata de exigir lo mínimo: investigación seria, inteligencia real, coordinación efectiva entre Tlaxcala y Puebla, y un discurso oficial que deje de minimizar todo los que sucede.
Mientras Antonio es enterrado y Steven permanece entre la vida y la muerte, las autoridades tienen la obligación de explicar qué están haciendo para que esto deje de repetirse. Porque si el patrón continúa, la próxima ráfaga no será noticia: será solo otra tarde cualquiera en Ixtacuixtla.
Las tres de ley… Dime de qué presumes y te diré con quién haces negocios. Esa frase debería acuñarla Azaín Avalos Marian, presidente municipal de Apetatitlán, a quien la delincuencia se le ha desbordado a tal grado que los asaltos se están dando a medio día.
2- La misma frase alcanza a la Fiscal General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán, que entre carpetas, sobres y discursos se pierde… y ya casi va a terminar la administración, pero sin brújula
3- Los mal pensados dicen que no es que se incrementen los actos delincuenciales sino que los acuerdos con los miembros del crimen desorganizado -porque en la entidad se insiste en que el organizado no ha llegado- hacen imposible combatir ese esquema en el que las autoridades tapan y colaboran con quienes deberían combatir. ¿A quién le creemos, a quién le tememos, a quién le pagamos?, uno ya no sabe.
