Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atraviesan por crisis de credibilidad debido a disputas internas de poder, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) no se quiso quedar atrás y desde hace poco más de una semana enfrenta sus propio conflictos, también de poder.
El Senado de la República ha sido responsable de esto que se vive en el estado con el órgano jurisdiccional local, debido a los desacuerdos políticos existentes entre las principales bancadas parlamentarias.
En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 5 de febrero 20 iniciativas, 18 de las cuales son reformas constitucionales. Una de ellas es la desaparición de los órganos electorales, INE y TEPJF, tal y como hoy los conocemos. Sus integrantes, que son los consejeros y magistrados, serían electos mediante voto popular y su número se reduciría.
La reforma plantea que el 8 de junio de 2025 se realicen elecciones para consejeros de lo que ya sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y para magistrados del TEPJF. Lo anterior equivale a que el 1 de septiembre del próximo año ya se extinga el actual INE.
La iniciativa de reforma pretende la desaparición de los órganos electorales locales, tanto en materia administrativa como en materia jurisdiccional. Es decir, que serían destituidos más de 320 consejeros electorales y magistrados electorales de las 32 entidades federativas del país.
Los recursos financieros y materiales de los 32 órganos electorales locales se transferirían al INEC, aunque no está aclarado el mecanismo por el que se podría concretar, pues se trata de bienes estatales y el nuevo INE sería un órgano autónomo federal.
Por otra parte, la iniciativa sostiene que “se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas a cada uno de dichos organismos, las que, de formar parte del Servicio Profesional Electoral, podrán ser transferidas al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”.
No aclara, sin embargo, si lo anterior significa la liquidación de los consejeros electorales y de miles de empleados de los denominados Oples que no están en el servicio profesional y no podrían ser transferidos al INEC. Tampoco indica si las entidades federativas deberán aportar ese dinero.
Otro de los puntos de la iniciativa presidencial abarca la disolución de los 32 tribunales locales electorales, tras la toma de protesta a de los nuevos magistrados elegidos por voto popular, del Tribunal Electoral federal. Y, cabe recordar, esos tribunales están integrados por un mínimo de tres magistrados cada uno, es decir, al menos 96 integrantes serían destituidos.
En ese contexto, la magistrada y los magistrados del TET viven su conflictividad interna. Es indicativo, en ese conflicto, una total falta de confianza de dos de ellos a uno de sus pares, el magistrado Miguel Nava Xochitiotzi, quien hace un par de años buscó, sin éxito, la presidencia. Hoy le sucede nuevamente.
En un año en el que se renuevan el Congreso del Estado, ayuntamientos y presidencias de comunidad, y en cuyo proceso se avecina el crecimiento exponencial de asuntos en el TET, es dable hacer un llamado a sus integrantes para terminar con las disputas internas.
Tal vez sea un llamado a misa, pero ese llamado tiene que estar dirigido al magistrado Miguel Nava Xochitiotzi. Sus antecedentes no le ayudan y en nada contribuyen para conservar la estabilidad interna de ese órgano jurisdiccional autónomo.
Mejor desistirse de su recurso interpuesto ante la Sala Superior del TEPJF, que continuar con un desgaste tan innecesario como inútil.
