El 3 de junio de 2026 el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (TET) dictó dos acuerdos de medidas cautelares contra el ciudadano y presidente municipal con licencia, Alfonso Sánchez García. En el primero le ordenó retirar, borrar o cubrir 65 bardas con su nombre, en el segundo le exigió blanquear 30 bardas más, dos lonas y un espectacular.
El argumento del ITE era claro: ese despliegue generaba beneficios indebidos y afectaba la equidad de la contienda. Sánchez García impugnó ambas resoluciones ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) y fue en ese espacio donde por mayoría de votos, algunos miembros del Tribunal le dieron la razón en ambos casos, algo que todavía nadie $e explica.
Ese Tribunal, quizá el más desacreditado en los últimos años, consideró que no existían elementos suficientes para exigir el retiro de la propaganda. De verdad usted cree que no existían elementos o será que el Tribunal tiene monedas en los ojos y eso les impide ver lo que todos lo demás atestiguamos
Sostengo lo anterior porque esos dos acuerdos siguen vivos, pero ya no en manos del tribunal local: están impugnados ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este episodio aunque parece técnico, pero no lo es.
En el diseño institucional local, el ITE es el órgano administrativo que organiza, vigila y, cuando es necesario, ordena el cese inmediato de conductas que pueden distorsionar el proceso.
El TET por su parte es el órgano jurisdiccional que revisa esos actos, su papel no es ser un simple notario de las decisiones del Instituto, pero tampoco debería convertirse en un obstáculo sistemático a las medidas preventivas. ¿y con lo que ha hecho dígame usted si ese Tribunal no parece ser enemigo de los electores?
Cuando un tribunal local revoca, el mismo día y por mayoría, dos medidas cautelares sobre el mismo sujeto y el mismo tipo de material, el mensaje que se envía es preocupante: el umbral para intervenir en propaganda anticipada se eleva tanto que la prevención pierde eficacia y muchos sospechamos que eso tiene un anali$i$ muy extraño. Digamos que suena más metálico que lógico.
Las medidas cautelares existen precisamente porque el daño electoral suele ser irreparable. Es muy claro que una barda no se despinta con facilidad, tanto como que un nombre repetido en decenas de muros por supuesto que construye posicionamiento antes de que arranque formalmente la campaña. Por puro sentido común el TET debería observar esto, pero no lo hace.
Por eso es preocupante que si el órgano administrativo detecta ese riesgo, pero el jurisdiccional lo desestima de manera reiterada, el tiempo juega a favor de quien se adelanta en la jugada y mientras la Sala Regional resuelve, la propaganda sigue ahí, el beneficio se consolida y para rematarlo todo, la equidad se sepulta.
Ojo, no se trata de presuponer culpabilidad de Sánchez García ni de exigir que el TET confirme automáticamente todo lo que dicte el ITE; los argumentos de cada lado y los contrapesos son lo deseable y abonan a garantizar equidad para todos… pero hasta hoy eso no sucede.
Con todo lo observado ahora se trata de preguntarnos si el estándar que está aplicando el TET es el adecuado para una etapa cautelar. En esta fase no se exige prueba plena; se exige apariencia del estado de derecho. Si el TET exige un nivel de evidencia propio de una sentencia de fondo, convierte las medidas cautelares en un trámite casi decorativo.
El disenso interno es legítimo y saludable, insisto en eso. Pero cuando ese disenso se traduce en la anulación reiterada de actos del órgano administrativo sobre el mismo caso, la percepción ciudadana se inclina hacia otra lectura: que el sistema local de justicia electoral privilegia la no intervención sobre la contención rápida del riesgo que representan esos actos.
En un estado donde la propaganda anticipada y el posicionamiento personal mediante bardas han sido problemas recurrentes, esa postura tiene costos politicos, económicos, institucionales y a la propia democracia que tanto dice privilegiarse y cuidarse.
El TET presume que ha cumplido en otros momentos un papel importante, nos reza que ha protegido derechos de grupos históricamente vulnerados, y que ha revisado asignaciones de cargos e incluso corregido excesos, pero todo eso se hizo cuando no estaban personas como Miguel Nava encabezando o formando parte de esa institución. después de él todo se vino abajo.
Y sin embargo eso que hacian bien, la chamba que en su momento fue destacada no se discute, lo que sí se discute en si, en materia de propaganda y equidad, es si está calibrando correctamente la balanza entre libertad de expresión y condiciones de igualdad en la contienda.
Porque la libertad de expresión no es un cheque en blanco para anticipar campañas, y la equidad no es un principio decorativo: es la posibilidad de una democracia equitativa y competitiva.
Hoy los dos expedientes están en la Sala Regional y allí se verá si el criterio del TET se sostiene o se corrige. Una corrección más a su muy tibia labor no sorprendería a nadie, ni sería la primera vez, porque ese tribunal está convertido en dama de compañía.
Mientras tanto, en las calles de Tlaxcala siguen visibles los nombres y los mensajes que el Instituto intentó contener. El reloj electoral no se detiene, y cuando el freno institucional se afloja, quien más pierde no es un órgano u otro: es la confianza ciudadana en que las reglas no se aplican con la misma fuerza para todos y surge el grito del respetable diciendo: ¡¡arbitro vendido!!
