La procuradora General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, reiteró en el Congreso local que Tlaxcala es la entidad federativa más segura del país, y que, incluso, algunos delitos como el homicidio y el robo de automóviles ha ido a la baja en los últimos meses. Sin embargo, la aseveración de la funcionaria no fue compartida por los diputados Juan Manuel Cambrón Soria y Blanca Águila Lima, quienes después de cuestionar el discurso de la funcionaria abandonaron la sesión de trabajo, e incluso el primero le pidió que renunciara a la dependencia por no cumplir con su responsabilidad.

Carro Roldán asistió este miércoles a la comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en la que también destacó el combate a la corrupción y a la impunidad, a grado tal que ahora mismo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó proceder en contra de 69 ex autoridades municipales por el delito de peculado.

En su comparecencia, Carro Roldán afirmó que el año pasado, en comparación con 2022, hubo una disminución en el número de carpetas de investigación. Como ejemplo de la dismuinución del índice delictivo en Tlaxcala, la funcionaria refirió que en septiembre de 2021 se registraron 409 delitos, pero para el mismo mes de 2023 la cifra disminuyó a 309.

“Con esto se demuestra que el índice delictivo ha disminuido, eso está a la vista. Yucatán siempre tenía menor incidencia, pero ahora Tlaxcala, ya con el acumulado, es el estado menor incidencia delictiva del país”, aseveró.
La titular de la PGJE también se refirió al tema de la trata de personas, en el que -señaló- si bien durante 2023 no hubo ninguna denuncia ante el Ministerio Público, “hemos logrado ocho carpetas judicializadas, hemos obtenido en sentencias, que es algo histórico, 161 años y tres meses, estamos haciendo investigación y colaboración con la Interpol.

Sin embargo, este tipo de afirmaciones fueron criticadas por la priista Blanca Águila Lima y el perredista Juan Manuel Cambrón Soria. La primera le objetó sus estadísticas en materia de feminicido, con aquellas que han dado a conocer diversas organizaciones de la sociedad civil. Y es que a los 14 casos de feminicidio reportados por la PGJE, la legisladora recordó que cifras de diversos colectivos y organizaciones indican que el año pasado hubo 30 feminicidios, sumando ya un total de 70 en lo que va de la actual administración estatal.

Por su parte, Cambrón Soria criticó las cifras expuestas por la titular de la PGJE y cuestionó, entre otros puntos, que en su discurso no se dijera nada de los casos de tortura que han sido expuestos por otras instituciones públicas, o los casos de cuerpos desmembrados en límites territoriales con el estado de Puebla.

En tal sentido, si bien reconoció que él votó a favor de ella para que llegara a la Procuraduría, ahora se se arrepiente de su decisión, situación por la cual sugirió a la funcionaria renunciar ante la falta de resultados y la inseguridad existente en el estado.

Ernestina Carro lamentó la salida de ambos legisladores, actitud que calificó como “una falta de respeto” a la ciudadanía, porque ésta quiiere saber los avances que ha habido en el último en materia de procuración de justicia. Incluso, aseguró que los comentarios del legislador perredista “son solo apreciaciones de tipo personal, basadas en un criterio personal y sin fundamento, sin base, sin ningún dato duro”.

El cargo Reitera Procuradora de Justicia que Tlaxcala es el estado más seguro del país; diputado le pide que renuncie apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Derivado de una orden de aprehensión emitida por un Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, elementos de la Policía de Investigación de la FGE llevaron a cabo las indagatorias correspondientes y la mujer fue localizada en la entidad tlaxcalteca, por lo que solicitaron el apoyo de la PGJE.

Policía de Investigación de ambas corporaciones ejecutaron un operativo de búsqueda y la indiciada fue localizada en el fraccionamiento La Virgen, del municipio de Panotla, donde se identificaron plenamente y le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.

Finalmente, agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría hicieron entrega de la mujer a personal de la Fiscalía, con el objetivo de que sea presentada ante la autoridad competente y responda por el delito que se le acusa.

La Procuraduría General de Justicia del Estado trabaja de acuerdo con los protocolos que marca la ley y conforme al convenio de colaboración entre fiscalías y procuradurías para la ejecución de mandamientos judiciales.

El cargo Aprehende PJGE y fiscalía general de puebla a mujer por secuestro. apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La diputada local ha preferido aplicar la estrategia del avestruz, es decir, esconder la cabeza para no hacer frente a lo que está pasando en su entorno, paradójicamente, por ella misma construido.

En una semana su futuro político se ha desmoronado, caído de tal forma que en este momento prefiere evitar los lugares públicos con presencia de medios de comunicación para evitar, seguramente, declaraciones que compliquen todavía más su ya complicado escenario.

La legisladora fue acusada públicamente y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por agresiones físicas y psicológicas a una docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), homóloga suya en las aulas, pero rival fuera de ellas. Los hechos sucedieron apenas la semana pasada.

El altercado, para más gravedad, sucedió en las instalaciones de la misma Facultad con la complicidad de sus directivos. Coordinadora, directora y secretario fueron separados de sus responsabilidades después de una presión estudiantil que llegó hasta el rector de esa casa de estudios, Serafín Ortiz Ortiz, quien tuvo que suspenderla de sus funciones como docente.

La suspensión también llegó a su esposo o pareja sentimental, a quien se le acusa de deudor alimentario. Pero la medida no fue suficiente, no podía serla, por lo cual tuvo que ser completada con la separación, este martes, de los directivos. Tardía, pero necesaria esa decisión.

Ya solo falta que otras instituciones, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), también intervengan en este caso. El organismo ha preferido el silencio, acaso porque no ha abierto ningún expediente de queja a pesar de que existe suficiente información para hacerlo.

Pero el Congreso del Estado también ha guardado mutismo y ha actuado con complicidad otorgando permisos para que la legisladora no esté presente en actos públicos. Sucedió el lunes para no estar presente en el 149 aniversario de anexión de Calpulalpan a territorio tlaxcalteca, y sucedió nuevamente este martes en la sesión ordinaria del Pleno.

Ramírez Ortiz faltó a la sesión legislativa, pero no así al inicio de las entrevistas a quienes aspiran a la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). No faltaron las sonrisas y miradas socarronas entre sus pares.

La legisladora cometió un grave error al no hacer frente al problema. Una disculpa pública, reconociendo la falta, hubiera atenuado los daños, pero no lo hizo y ahora enfrenta un mayor desgaste personal y político.

A pesar de que todavía es tiempo de hacerlo, Alejandra Ramírez Ortiz no tiene ya la calidad moral para ocupar ciertas responsabilidades, una de las cuales es la dirigencia estatal del Partido Alianza Ciudadana (PAC).

Ya se verá, al paso de las semanas, cuál es el resultado de las investigaciones del Ministerio Público. Por lo pronto, habrá que exigirle a la procuradora Ernestina Carro Roldán imparcialidad en sus investigaciones, con el objetivo de que no se vean contaminadas por una dependencia jurídica al Ejecutivo, cuya alianza política con el PAC y la propia Universidad es evidente.

El cargo Alejandra Ramírez Ortiz apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Derivado de los hechos suscitados el pasado 11 de octubre, en el que a través del Servicio de Emergencias 911 se reportó que presuntamente una pareja había sido agredida con gasolina sobre camino viejo a Ixtenco, del barrio San Lucas, en el municipio de Huamantla.

Elementos policiacos municipales se trasladaron a la zona referida, y trasladaron a ambas personas al Hospital General de Huamantla para su atención, posteriormente, Policía de Investigación de la PGJE realizó las indagatorias correspondientes, las cuales arrojaron que el hombre fue el presunto responsable de este hecho.

Derivado de las investigaciones por parte de agentes de la Policía de Investigación y Peritos se logró establecer que el imputado fue el probable responsable, por ello el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión la cual se concedió por un Juez de Control, y elementos de Investigación procedieron a su ejecución.

La Procuraduría General de Justicia del Estado continuará con las investigaciones correspondientes, a fin de que el culpable sea castigado conforme a la ley.

El cargo APREHENDE PGJE A GUILLERMO N. POR FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Si las autoridades en Tlaxcala aplicaran las leyes en estricto sentido, Ángelo Gutiérrez tendría que ir preparando sus maletas para acudir a declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por los presuntos desvíos en los que ha incurrido según el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Esto puede presumirse luego de analizar lo entregado por la instancia fiscalizadora que señala al panista Ángelo Gutiérrez por simular operaciones financieras para justificar más de medio millón de pesos por concepto de una excesiva compra de papelería.

Con este dudoso comportamiento por parte de los administradores del ayuntamiento de Apetatitlán, este gobierno se ubica como el tercer ayuntamiento que más gasto registró en ese rubro durante el año 2022.

Y es que de los  más de 6 millones que el OFS le observó al ayuntamiento de Apetatitlán como posible daño patrimonial, más de quinientos mil pesos están identificados como gastos excesivos en papelería.

El gobierno panista gastó, de enero a junio del 2022, 527 mil 695 pesos más a los 189 mil 924 pesos que se habían autorizado para ese periodo para el rubro de Materiales y equipos de oficina.

Por esa razón el ente fiscalizador presumió que el ayuntamiento no aplicó los recursos bajo los principios de eficiencia, austeridad y racionalidad. Pero eso es algo natural en la pareja azul, que lo mismo ocupa el dinero del panismo estatal para el ayuntamiento, que el recurso del ayuntamiento para asuntos del PAN.

“es inverosímil que este y otros municipios adquirieran con este proveedor con domicilio fiscal en Zacatelco, cuando ni siquiera el mismo municipio de Zacatelco o Municipios vecinos realicen adquisiciones con este proveedor, por lo que se presume simulación de operaciones”, agrega el documento oficial emitido por el OFS.

Por estas observaciones Ángelo Gutiérrez ha sido conminado a reintegrar 601 mil 348.86 pesos a las cuentas bancarias del municipio, anexando copia certificada del estado de cuenta bancario, transferencia y/o ficha de depósito, así como las pólizas que acrediten los registros contables correspondientes. Ojalá que lo haga.

Las dudas del OFS están sustentadas, pues mientras en el 2021 Apetatitlán gastó 258 mil 352.79 pesos para la compra de papelería, en el 2022 tuvo un costo por el mismo concepto de 717 mil 619.26 pesos.

Esto significa que de un año a otro el alcalde panista incremento ese gasto por 459, 266.47 pesos. Esta cantidadue representa un incremento del 277.77 por ciento.

Si Ángelo no está resguardando esa cantidad debajo de su colchón para su futura candidatura, entonces tendría que llamarle la atención a la Tesorería, al jefe de su oficina, al director de Seguridad Pública, Obras públicas, DIF Municipal y Comunicación Social, supuesta son justamente estas áreas las que más gasto reportan en este rubro.

Las tres de ley… 1- Para este martes se tienen contemplados nuevos bloqueos carreteros por parte de los burócratas que exigen solución al esquema que les ha sido impuesto para acudir a recibir su atención médica y la entrega de medicamentos. No están dispuestos a aceptar la privatización del servicio.

2- La historia de este tipo de movilizaciones no es nueva, antecedentes hay y muchos, lo que me lleva a plantear que las salidas también serán las mismas que han tomado en anteriores “negociaciones”.

Los inconformes aceptarán una negociación -como la que ayer se planteó-, el gobierno fingirá que cedió ante la presión -al mantener abierto el esquema antiguo de pensiones civiles y paralelamente el nuevo que propuso hace menos de 48 horas- y al final los agraviados acabaran yendo al modulo médico que mejor oferta y servicio les otorgue. Ese servicio siempre está en el lado privado.

3- Como siempre los manifestantes acabarán dandole las gracias a sus verdugos, que en este caso son los que encabeza Enrique Escobar.

Mire usted que resulta poco creíble que los que pactaron con Mariano González y Marco Antonio Mena hoy sean los que están sentados en las mesas de dialogo, aún cuando no les ha sido entregada la toma de nota.

Lo peor de todo es que esos “representantes” son los mismos que ya pactaron que una de las nuevas farmacias sea colocada en el sindicato 7 de mayo. ¿No me cree?, busque usted las direcciones donde despachará “Medicallife”. ¿De verdad rentaron ese espacio sin saber para qué era?

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El cargo El otro negocio de Ángelo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.