Para valorar con justicia esta designación conviene contrastarla con las trayectorias de algunos fedatarios anteriores. El caso de Alejandro Moreno Morales, notario número 2 de Zacatelco, resulta casi pedagógico.

Moreno acumuló quejas por cobros excesivos, trámites que nunca concluyó y documentos que resultaron irregulares o inexistentes. En este mismo portal se documentaron algunas de sus “estrategias” para dilatar o simplemente no concluir los asuntos.

Un adulto mayor le entregó 300 mil pesos en efectivo y un automóvil a cambio de un segundo testimonio que no existía en los registros. Otras víctimas relataron pagos de cientos de miles de pesos por escrituras que regresaban una y otra vez del Registro Público.

En junio de 2025 le cancelaron la patente por violaciones a los artículos 218 y 225 de la Ley del Notariado, y aunque un amparo federal ordenó reponer el procedimiento y podría recuperar la patente —para lo cual contrató a un conocido abogado poblano—, el historial de daño patrimonial a decenas de personas ya estaba documentado.

Hay otros antecedentes penosos que también lograron una patente. Aarón Pérez Carro recibió ese jugosísimo espacio gracias a un perfil domesticado que Marco Antonio Mena supo premiar. Quienes lo conocieron decían que su apellido era ad hoc con su personalidad, porque cualquiera lo manejaba.

Tan mala era la reputación de algunos que optaban por la salida fácil, como el lamentable caso del notario Brindis, de Calpulalpan, a quien le cancelaron la patente por presunta falsificación de documentos.

Según los agraviados, su labor violaba los principios mínimos de ética que debe reunir un notario. ¿Dónde quedó la probidad y la honradez que exige la ética notarial?

Hernández Pulido no arrastra ese lastre. Su trayectoria reciente es pública, medible y, hasta ahora, limpia de señalamientos de fraude o abuso en el ejercicio de la fe pública.

Llegó a la patente después de obtener una de las tres calificaciones más altas en el proceso de formación y evaluación al que se sometieron 13 aspirantes. Contaba ya con la constancia de aspirante definitiva y permanente.

Su currículum no es improvisado: licenciatura en Derecho desde 2005, maestría y doctorado en políticas públicas y seguridad concluidos en 2024, experiencia electoral, responsabilidad directa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, después, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Bajo su gestión, Tlaxcala fue reconocido por el mejor ejercicio de los fondos federales de seguridad; ahí están los datos de la Federación que respaldan su labor. Renunció al cargo el 15 de junio de 2026 para asumir plenamente la función fedataria.

Pulido no es un político que buscó la notaría como retiro dorado; es un funcionario que pospuso su aspiración para cumplir primero con la responsabilidad que le había sido encomendada.

Súmese a esto que la vacante en Chiautempan responde a un crecimiento demográfico y económico real. El lamentable deceso del notario Raúl Cuevas Sánchez obligó a la autoridad a reestructurar el servicio en esa región.

La designación de Max Pulido se fundó en el artículo 31 de la ley, que permite al Ejecutivo asignar de manera directa cuando la necesidad del servicio lo justifica, siempre que se valoren antecedentes curriculares, reputación y experiencia profesional. En este caso, esos elementos están acreditados.

No se trata de idealizar a nadie. La lealtad política existe y es legítima, pero entre un notario que cobró y no entregó, y otro que pasó por un curso formal, obtuvo alta calificación y construyó una carrera con resultados verificables, la diferencia es evidente.

La fe pública no es un botín ni un refugio. Cuando se otorga a quien demuestra preparación y antecedentes limpios, se abre una oportunidad real de recuperar credibilidad. Hernández Pulido tiene ahora la responsabilidad de no desperdiciarla.

Junto con otros perfiles como el del notario Francisco Velázquez Nava, el de Hernández Pulido viene a refrescar un espacio donde la podredumbre se respiraba a lo largo del territorio estatal.

El cargo Nuevo notario apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Trabajadores operativos denuncian un ambiente laboral tóxico bajo la dirección de Gerardo Bucio Vergel, donde prevalecen prácticas arbitrarias que vulneran derechos y comprometen la operación de uno de los pilares de la seguridad estatal.

Entre las quejas más graves destacan sanciones no contempladas en los contratos: quienes llegan tarde deben permanecer una hora adicional sin pago.

Las jornadas de 12 horas apenas conceden 40 minutos para alimentos, se obliga al personal a capacitaciones ajenas a sus funciones durante el horario laboral y los supervisores, según los denunciantes, carecen de la preparación adecuada, lo que deriva en tratos indignos. A esto se suma la amenaza velada de represalias para quienes expongan la situación.

Las condiciones físicas agravan el panorama: sillas en mal estado para largas jornadas, tiempos cronometrados para ir al sanitario y actas administrativas si se ausentan durante algún incidente.

Desde marzo de 2025, cuando Bucio asumió la dirección, los reportes de fallas técnicas y falta de capacitación han sido ignorados, derivando en sanciones, despidos injustificados y la obligación de firmar cartas de renuncia anticipada, una práctica de dudosa legalidad usada como mecanismo de control.

Los contratos del personal son por honorarios, sin prestaciones. Además, se reporta la presencia irregular de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en áreas del C5i sin nombramientos ni respaldo jurídico formal, pese a que no existe publicación en el Diario Oficial que autorice el control de la SSC sobre el centro.

Esto habría ocurrido tras la salida de Maximino Hernández Pulido y con la llegada del secretario ejecutivo Neri Toshiro León Sauza, quien, según denuncias en redes, impuso verbalmente extensiones de jornada administrativa que es de 8 horas. Para que ahora se extienda de 7:00 am a 22:00 horas

Nadie sabe a qué se deba esta dinámica, pero pensando mal uno creería que se trata de cansar a los elementos para que se vayan y así el nuevo titular pueda meter a su personal. Acoso laboral o la tan conocida “cansada” es la que parecen estar aplicando.

Cómo sea las condiciones en el C5i son las peores en un área que, por su sensibilidad debería ofrecer certeza y tranquilidad para quienes ahí laboral: eso se acabó y parece que la inestabilidad podría pegarle a la población. En breve lo veremos.

El cargo C5i: Segura Arbitrariedad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En entrevista para MR noticias, Maximino Hernández Pulido, titular del C5i de Tlaxcala, explicó que el programa busca retirar armas de fuego de los hogares para prevenir delitos, accidentes, suicidios y riesgos familiares, especialmente para niños y mujeres.

Destacó que en 2025 se registraron más de 3 mil llamadas al 911 relacionadas con “posible arma de fuego” en riñas, robos o suicidios, y que el año pasado se presentaron casos graves como la entrega de una granada y tres suicidios con arma de fuego.

Entre las Características clave del programa destaca la entrega voluntaria y anónima: Cualquier persona puede llevar armas (cortas, largas, municiones o artefactos explosivos) sin preguntas sobre su origen ni investigación posterior.

Además el personal de la Sedena realiza la valoración y destrucción segura del arma y a cambio, se entregan electrodomésticos o aparatos útiles como: smart TV, refrigeradores, cocinas, celulares, herramientas de trabajo, pantallas LED, según el tipo y condición del artefacto.

El funcionario estatal hizo especial énfasis en amas de casa y madres de familia que han entregado armas de esposos, hermanos o padres para eliminar riesgos en el hogar.

@martin_rodriguez.com

#maximinohernándezpulido , titular del #c5i de Tlaxcala, explicó que el programa busca retirar armas de fuego de los hogares para prevenir delitos, accidentes, suicidios y riesgos familiares, especialmente para niños y mujeres. Entre las Características clave del programa destaca la entrega voluntaria y anónima: Cualquier persona puede llevar armas (cortas, largas, municiones o artefactos explosivos) sin preguntas sobre su origen, ni investigación posterior.

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La campaña es permanente a nivel nacional, pero los módulos son itinerantes y recorren los municipios de forma programada:

Del 16 de febrero al 20 de marzo (inicio simultáneo): Capital Tlaxcala (en los portales), San Pablo del Monte (presidencia municipal), La Magdalena Tlaltelulco e Ixtacuixtla.

Mitad de marzo al 17 de abril: Huamantla, Tizaco, Tepetitla y Tlaxco.

Posteriormente: Tenancingo, Terrenate, Zacatelco, Apetatitlán y el resto de municipios, cubriendo progresivamente todo el estado.

Hernández Pulido subrayó que la estrategia va más allá del retiro de armas y atiende las causas de la violencia mediante acciones transversales como la promoción del deporte (incluyendo eventos ligados al Mundial de Fútbol y boxeo profesional), redes de mujeres tejedoras de paz, recuperación de espacios públicos con tequios, instalación de comités vecinales y consejos de seguridad municipal con participación de la sociedad civil.

El funcionario invitó a la ciudadanía a sumarse para construir entornos más seguros y reiteró el mensaje: “No hay persecución, solo entrega voluntaria y destrucción del arma a cambio de un incentivo útil”.

Para conocer sedes actualizadas, horarios y detalles, se recomienda consultar las redes oficiales del Gobierno de Tlaxcala, el SESESP, el C5i o la Sedena.

El cargo Cero consecuencias o preguntas para quien entregue armas en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Sin embargo pocos conocían que esta dinámica que favorece a los cuates y compadres es lo que ha provocado un éxodo masivo de policías capacitados –el famoso “chapulineo”– y déficits crónicos de personal que han hundido a varios municipios en la inseguridad.

Los munícipes afirmaban que se iban los menos preparados o “leales”, pero policías que habían sido relevados por sus presidentes municipales sostienen que eso es mentira y que varios uniformados habían sido castigados debido a su negativa a institucionalizar la extorsión en sus demarcaciones. Se negaban a ser roedores y su castigo era la expulsión y sustitución por verdaderos delincuentes.

En respuesta a esta crisis, el gobierno federal a través del secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Maximino Hernández Pulido, anunció la implementación de estrictas directrices que pondrán fin al “chapulineo” policial a partir del 1 de enero de 2026, basadas en reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la normativa local.

Estas medidas obligan a los elementos a permanecer en su corporación de origen, establecen ascensos estrictamente por rendimiento y trayectoria, y anulan certificaciones al cambiar de municipio, perdiendo grados, salarios y derechos adquiridos.

Además, cualquier aumento salarial deberá coordinarse con el Proyecto de Reestructuración y Homologación Salarial validado a nivel nacional para acceder a recursos del FORTAMUN, cerrando la puerta a manipulaciones locales que han premiado lealtades personales en lugar de la vocación policial.

El impacto de estas irregularidades municipales es evidente en localidades como Huamantla y Apetatitlán, donde el déficit de efectivos –por debajo del promedio nacional– coincide con olas de robos, extorsiones y otros delitos que han generado indignación ciudadana.

En Huamantla, uno de los municipios más poblados, la movilidad policial y conflictos internos han contribuido a un repunte en robos de ganado, vehículos y extorsiones, dejando a productores y comerciantes en vulnerabilidad constante.

Peor aún en Apetatitlán, con unos 16 mil habitantes, donde múltiples denuncias ciudadanas han acusado a la corporación de actos de corrupción, como extorsiones a conductores, y al alcalde Azaín Ávalos Marbán de inacción o pasividad ante estas irregularidades, permitiendo que elementos presuntamente involucrados conserven privilegios mientras policías con trayectoria real abandonan el municipio.

Estas quejas, escaladas incluso al cabildo, han pintado un panorama de impunidad que la nueva normativa estatal busca erradicar al imponer meritocracia y transparencia. Ahora parece que aquellos que más reporten en la zona de hospitales son los que merecen el ascenso.

Hernández Pulido enfatizó que “es fundamental cerrar este ciclo de improvisaciones” y llamó directamente a los presidentes municipales a alinearse con las reglas claras.

Esta transformación prioriza el factor humano para un modelo policial robusto, aunque llega tarde para muchos municipios que ya padecen las consecuencias de años de discrecionalidad y abandono en la profesionalización.

Expertos y ciudadanos coinciden: sin disciplina estricta desde el nivel municipal, la confianza en las instituciones seguirá erosionándose, y medidas como esta son un paso necesario, pero insuficiente si no se sancionan las irresponsabilidades pasadas, esta sanción deberá si o si, pasar por los alcaldes que so pretexto de su autonomía han premiado al amigo o al compadre que más reporta, premiándolos con patrulla y con una acompañante del gusto del elemento en turno. Eso se acabó.

El cargo Sin chapulines ni ratas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Gracias al compromiso e inversión histórica en seguridad de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para este 2025 llegará al 80 por ciento la cobertura de Centros de Control y Comando municipales (C2), informó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Maximino Hernández Pulido.

Durante la décima Mesa Interregional para la Construcción de Paz, el secretario Ejecutivo detalló que serán 14 municipios los beneficiados en este año con un Centro de Videovigilancia: Contla, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Españita, Tlaltelulco, Texoloc, Tetlanohcan, Huactzinco, Santa Cruz Tlaxcala, Xiloxoxtla, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Totolac y Xicohtzinco.

Explicó que la estrategia de C2 municipales no solo avanza en cobertura estatal, sino también en cuanto al equipamiento, ya que van instalando más y mejor tecnología.

“Este año estaremos yendo a inaugurar los 14 nuevos centros de monitoreo, una versión mejorada en cuanto equipamiento y tecnología; hoy le di cuenta a nuestra gobernadora que para este 2025 alcanzamos el 80 por ciento de cobertura de C2 municipales, que significa estar a poco de cumplir uno de sus compromisos de campaña en seguridad”, expresó.

Al tiempo, Hernández Pulido abordó el estado que guarda la certificación de policías de los 60 municipios, la cual se mantiene en un 97 por ciento por el Centro Nacional de Evaluación y Certificación, pese a la constante migración de elementos y la actualización de los resultados de evaluación.

En cuanto a directores de seguridad evaluados, indicó que 42 comisarios están evaluados y aprobados, tres tienen resultado no aprobatorio, cinco municipios no tienen nombramiento y el resto están en proceso de evaluación.

“Recordar que la Ley de Seguridad Pública de Tlaxcala es clara y precisa, por lo que se les exhorta a cumplir con la evaluación de todos sus elementos y directores de seguridad para evitar sanciones administrativas. Sepan que nuestra gobernadora siempre ve la forma de apoyar a todos, porque nuestro propósito es no bajar la guardia en materia de certificación”, concluyó Maximino Hernández.

El cargo EN EL 2025 LLEGARÁ AL 80 POR CIENTO LA COBERTURA DE C2 MUNICIPALES: SESESP apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ahora fue la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, municipio de Nativitas, donde un hombre identificado como Rodrigo N., de 35 años, perdió la vida a manos de una turba enfurecida.

Según los documentos hallados en su mochila, este sujeto fue acusado de participar en la privación ilegal de la libertad y de atentar contra la integridad física de una niña de apenas diez años, un hecho que desató la ira de los pobladores y culminó en un linchamiento que, aunque brutal, refleja el creciente hartazgo de una sociedad que se siente desprotegida.

El incidente ocurrió en las calles de esta pequeña comunidad, donde en cuestión de minutos una multitud se organizó para hacer justicia por su propia mano.

Testigos señalan que un segundo implicado logró escapar, desatando una persecución que, según versiones locales, terminó en un accidente en Santiago Michac, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas.

Sin embargo, la información sobre este supuesto cómplice sigue siendo escasa y poco clara, lo que alimenta la incertidumbre y el caos que rodea el caso.

La reacción institucional no se hizo esperar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) inició el expediente de queja ZAC/09/2025/PVG-RS para investigar los hechos, mientras que el gobierno estatal emitió un comunicado condenando el linchamiento y reiterando su “absoluto rechazo” a la violencia.

En el mismo mensaje, se destacó que la prioridad es el bienestar de la menor afectada, quien ya recibe atención médica y psicológica, y se llamó a la población a “confiar en las instituciones” y respetar el Estado de derecho.

Sin embargo, estas palabras, aunque bien intencionadas, suenan huecas frente a la realidad que viven los tlaxcaltecas. ¿Cree usted que la familia tome el llamado con seriedad y buen ánimo?

El discurso oficial, que amenaza con sanciones a quienes tomen la justicia en sus manos, choca con una verdad incómoda: la incapacidad del gobierno para garantizar seguridad y justicia efectiva.

En Tlaxcala, los intentos de linchamiento no son un fenómeno nuevo. Entre 2018 y 2023, se registraron 56 casos de este tipo, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, motivados por delitos que van desde robos menores hasta agresiones graves.

Este último incidente en San Miguel Xochitecatitla no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda: la desconfianza en las autoridades y la percepción de impunidad que permea en la sociedad.

Es innegable que el linchamiento de Rodrigo N. no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. La violencia colectiva, por más que surja de la indignación legítima ante un crimen atroz, vulnera los principios básicos de un sistema de justicia que, aunque imperfecto, debe prevalecer para evitar caer en la barbarie.

Sin embargo, culpar exclusivamente a los pobladores es ignorar el contexto que propicia estas reacciones. ¿Qué lleva a una comunidad a organizarse en minutos para linchar a un presunto agresor?

La respuesta no está en la supuesta “salvajería” de la gente, como algunos podrían sugerir, sino en la ausencia de una respuesta estatal contundente y oportuna. Indolencia dirían algunos.

El gobierno de Tlaxcala, al igual que muchas administraciones en México, ha optado por un enfoque reactivo: condenar los hechos, prometer investigaciones y ofrecer atención a las víctimas una vez que la tragedia ya ocurrió.

Pero este enfoque no ataca las raíces del problema. La existencia de un “Protocolo de Actuación Policial para Intentos de Linchamiento”, firmado en 2023 entre el gobierno estatal y los 60 municipios, busca prevenir y atender estos casos, pero su efectividad es cuestionable cuando las comunidades, como en este caso, bloquean accesos e impiden la intervención policial.

La presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional en Xochitecatitla llegó tarde, cuando el daño ya estaba hecho, lo que evidencia una desconexión entre las políticas públicas y la realidad en el terreno.

Mientras las autoridades no logren restablecer la confianza ciudadana mediante resultados tangibles –como la captura y castigo de criminales, la reducción de la impunidad y una mayor presencia policial efectiva–, poco pueden exigir a una población que, ante el miedo y la desesperación, recurre a medidas extremas.

Amenazar con sanciones a quienes participan en linchamientos, sin abordar las fallas estructurales que los provocan, es como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua.

La justicia por mano propia no es la solución, pero tampoco lo es un gobierno que se limita a emitir comunicados y a prometer lo que no cumple.

En San Miguel Xochitecatitla, la muerte de Rodrigo N. y la agresión a una niña han dejado una herida abierta.

La CEDHT exige una investigación exhaustiva y la tipificación del delito de linchamiento en el marco jurídico estatal, algo que podría sentar un precedente.

Pero más allá de las leyes, lo que Tlaxcala necesita es un cambio de fondo: instituciones que funcionen, autoridades que respondan y una sociedad que no tenga que elegir entre el miedo y la violencia.

Hasta que eso ocurra, el eco de este linchamiento seguirá resonando como un grito de auxilio que el gobierno, por ahora, parece incapaz de escuchar.

Entiendo el llamado del gobierno, claro que la justicia por propia mano no se debe normalizar, nadie quiere eso, pero dígale eso a los ciudadanos que ven la agresión en primera persona, o en la figura de un menor y le aseguro que la respuesta será la misma que ayer sumó un linchamiento más a la historia negra de Tlaxcala. La falta de contundencia y la creciente impunidad son cómplices de lo ocurrido ayer.

El cargo Un linchamiento más apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Más allá de la carcajada generalizada que nos genera, nadie puede negar que dentro y fuera de su frontera el torpe gobernante propicia incertidumbre para los empresarios, pero también para el pueblo raso. Hasta hoy nadie había mostrado tantas limitaciones. No hablo de Donald Trump, me refiero a Alfonso Sánchez García.

Puede decir que es el elegido, puede presumir que encabeza a los alcaldes -aunque muchos de ellos solo asisten para asegurar obra pública y para hacer sátira del junior que los representa- puede soñar con la gubernatura. Pero su sueño es la pesadilla de los capitalinos.

Apenas este fin de semana no uno, no tres, no cinco, DIEZ vehículos fueron rasurados en sus autopartes en la Loma Xicohténcatl y hasta hoy ningún miembro de la policía municipal, o estatal, les ha dado respuesta a sus exigencias de mayor seguridad. De hecho, nadie les responde las llamadas.

“Lic. Fuimos víctimas de la delincuencia aquí en la loma Xicoténcatl 😭😭😭 nos robaron las autopartes a varios vehículos”, dice uno de los mensajes que recibí, acompañado de fotografías que exponen la delicadeza con la que operaron los amantes de lo ajeno.

Un día después llegó el siguiente mensaje: “Esta madrugada del viernes 31 de enero 10 propietarios de vehículo fuimos víctima de robo de autopartes en la calle”. Las otras palabras y mensajes son imposibles de publicar, no porque lastimen la vista de los lectores, sino porque son piropos para lo que verdaderamente quisieran decir de su alcalde.

Pero lo mismo ocurre en las calles que en la pensión donde los capitalinos pueden llegar a resguardar sus automotores. Ya no hay espacio seguro en las calles, ni en las cocheras o pensiones. Todo el territorio es susceptible de ser visitado por los roedores y hasta hoy la estrategia de seguridad se ha quedado en la imaginación del director de la policía municipal y de quien ahí lo colocó.

De qué nos sirve pagar impuestos, de qué les sirve pagar pensión a los dueños de los vehículos. De nada, es un gasto infructuoso. ¿Pero qué esperaban del sujeto que se embolsó 150 millones de pesos, so pretexto del proyecto de las jardineras en el rio Zahuapan?.

Aquí también hay complicidad de sus operadores políticos que prometieron mucho, hasta que fueron despedidos por exigir que esas promesas se cumplieran. Ahora Alfonso y su titiritera andan en una nueva ruta, buscando nuevos reclutas que sirvan para engañar a la gente rumbo al 2027. Que nadie se diga sorprendido.

Denunciar, para qué, me dicen los agraviados. Quizá tienen razón, con una fiscalía que cuida más las formas y a los amigos (sus amigos) que a los ciudadanos, es difícil ver una respuesta favorable, pero si ya fuimos cómplices al elegir al junior, lo menos que podemos hacer es acudir a denunciar lo que nos afecta su inacción.

Exponer lo que sucede con la venta indiscriminada de autopartes, con los robos a toda hora del día y con los ladrones que han tomado las calles de la capital como un gran tianguis puede poner a Alfonso Sánchez García como el encargado del Cluster Automotriz, por encima del secretario de Desarrollo Economía, Javier Marroquín Calderón. Finalmente parece que el entendimiento entre el gobierno municipal y los principales “distribuidores” de autopartes es inmejorable.

Que el presidente municipal y sus asesores no presuman cifras a la baja, hagamos que las estadísticas y la percepción sonrojen al joven que dice gobernar la capital pero que es incapaz de leer e interpretar un texto frente al pequeño auditorio que representa una comunidad. Por eso sus voceros tienen la encomienda de evitar que se grabe el evento que acaba por convertirse en sketch cómico.

Él no sabe transmitir, no sabe gobernar, no sabe leer, pero lo peor es que los capitalinos no saben manifestar su inconformidad. Que se mantenga en su loca idea rumbo al 2027 es un capricho que todavía se le puede arrebatar, sin grillas, sin mentiras, sin guerra sucia, solamente haciéndole ver su realidad.

El cargo Cluster automotriz en LA LOMA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Este encuentro refuerza las acciones de colaboración interinstitucional para mantener la paz y la seguridad en el municipio, para dar respuesta inmediata a los hechos que pongan en riesgo la vida o el patrimonio de la ciudadanía y para activar mecanismos que inhiban la comisión de actos delictivos.

La presidenta Angulo comentó que la Dirección de Seguridad Pública de Chiautempan mantiene una comunicación permanente con las áreas del SESESP y ello se refleja en un menor porcentaje de actos ilícitos en el municipio respecto de años recientes.

Además, refrendó su compromiso para mantener altos estándares de capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública, una permanente supervisión para verificar su rápida y adecuada actuación y la disponibilidad para actuar de manera coordinada a favor de la seguridad de Chiautempan.

Las acciones que impulsa la alcaldesa en materia de seguridad le valieron el reconocimiento del secretario Max Hernández Pulido quien en su red social publicó “mi reconocimiento a su trabajo y resultados obtenidos en su administración”.

El cargo Estrechan colaboración Sesesp y presidencia de Chiautempan en materia de seguridad pública apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El reporte del incidente fue recibido por el número de emergencia 911 a las 2 am, y de acuerdo con las autoridades, fue atendido por la policía municipal alrededor de las 2:04 de la mañana.

Según testigos, los encapuchados ingresaron al recinto “Espectáculos Folclóricos TH” en medio de una fiesta privada y se llevaron al empresario por la fuerza.

A la zona también arribaron elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional para coordinar las labores de búsqueda y esclarecer los hechos.

Se dice que el secuestro del masculino de 35 años, podría estar relacionado con un ajuste de cuentas o un posible caso de extorsión.

Hasta el momento, no se ha revelado mayor información sobre el estado o el paradero de la víctima.

Se informó que los familiares de Juan N. ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.

El cargo Privan de su libertad a hombre en Zacatelco apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“El Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Sesep Tlaxcala se suman a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, anunciada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, , a través del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así lo informó en la inauguración del C2 de Yauhquemehcan.

Asimismo detalló que en el estado, se van a fortalecer las acciones encaminadas a la prevención y acercamiento con la sociedad, a través de presencia institucional como: operativos, recorridos, trabajos de inteligencia e investigación.

“En próximos días vamos a estar replicando esta gran estrategia; la gobernadora Lorena Cuéllar ya se adelantó y vamos a estar saliendo a hacer tareas de campo, visitar hogares, municipios con mayor incidencia y conocer causas y condiciones de vida, es decir vamos a hacer todo un trabajo integral para sanar a México y Tlaxcala”, finalizó.

El cargo Tlaxcala se adhiere al plan nacional de seguridad del gobierno federal: Max Pulido apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.