• Gobierno estatal prioriza el acercamiento con autoridades municipales para generar confianza ciudadana y reforzar la seguridad en zonas conflictivas

Ante los recientes intentos de linchamiento y hallazgos de cuerpos sin vida en San Pablo del Monte, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, subrayó que solo a través del trabajo coordinado y el fortalecimiento del diálogo entre los tres órdenes de gobierno se podrá evitar que este tipo de hechos se repitan.

Durante una entrevista posterior al Primer Simulacro Nacional 2025, el funcionario aseguró que el gobierno del estado mantiene comunicación permanente con los 60 municipios, y en casos prioritarios como San Pablo del Monte se ha reforzado la colaboración con las autoridades locales, así como con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para establecer mecanismos de gobernabilidad y respuesta ante situaciones de riesgo.

“No descartamos el mando coordinado, pero debe ser una propuesta que surja desde el propio municipio. Estamos dispuestos a atenderla si así lo solicitan. Nuestro enfoque es siempre colaborar y asistir respetando la autonomía municipal”, declaró Ramírez Hernández.

El funcionario estatal adelantó que se buscará reforzar la aplicación del protocolo antilinchamientos mediante una actualización del documento, si así se requiere, con la finalidad de eficientar la respuesta de las autoridades municipales y de comunidad ante situaciones de tensión.

“Queremos refrendar la confianza ciudadana de que la seguridad es prioridad para el estado. Reforzaremos el acercamiento con las víctimas y autoridades para garantizar que se actúe conforme a derecho, y que ningún hecho quede impune”, expresó.

Agregó que también se apostará por la atención integral a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, como parte de una estrategia más amplia para consolidar la confianza en las instituciones de justicia.

Ramírez Hernández reiteró que solo a través de una comunicación fluida, respeto mutuo entre niveles de gobierno y protocolos efectivos, se podrá consolidar una respuesta institucional que prevenga la violencia colectiva y garantice la paz social.

El cargo Fortalecer el diálogo con municipios, clave para evitar linchamientos: SEGOB apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al cierre del primer trimestre del año, Tlaxcala y Puebla compartieron el deshonroso primer lugar nacional en intentos de linchamiento, de acuerdo con el reporte anual “Galería del horror, atrocidades y eventos de alto impacto enero-marzo 2025”, elaborado por la organización Causa en Común.

El reporte -dado a conocer el martes 22- refiere que durante esos tres meses del año ambas entidades sumaron diez de los 17 intentos de ajusticiamiento por propia mano registrados en seis estados de la República.

En ese lapso Tlaxcala registró cinco casos de intentos de linchamiento, Puebla una cantidad similar, Quintana Roo tuvo tres, Chiapas sumó dos, y Guerrero y Michoacán contabilizaron uno por entidad.

Con relación al número de lapidaciones, Causa en Común reportó que en Campeche hubo cuatro; Guerrero, Puebla y Tamaulipas registraron dos por estado; y con uno aparecen Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán para dar un total de 13.

Sobre otras atrocidades registradas en el territorio tlaxcalteca durante el primer trimestre del año, la organización dio a conocer que hubo nueve casos de tortura; cinco de mutilación, descuartizamiento, y destrucción de cadáveres; y cuatro asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

Además, en el reporte se da cuenta de cinco casos de actos violentos contra la autoridad; dos de violación agravada, uno de esclavitud y trata; un asesinato de funcionario y actores de relevancia en materia de seguridad, así como el homicidio de un actor político.

Según esa misma fuente durante 2024 se registraron 113 atrocidades que dejaron al menos mil 256 víctimas. Con esa última cifra, la entidad se ubicó en el primer lugar nacional, incluso por arriba de Chihuahua y Guanajuato que acumularon 642, cada una; Guerrero, 506; Sinaloa, 453 y Jalisco, 421.

En el reporte del año pasado, Tlaxcala ocupó también el primer lugar nacional en intentos de linchamiento con un total de 16 casos registrados entre enero a diciembre del año pasado; además, hubo una ejecución a manos de una turba. Campeche encabezó la lista en ejecuciones por mano propia con siete casos.

Para el presente trabajo, precisó Causa en Común, se considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

Con información de Faro Tlax

El cargo Comparten primer lugar nacional Tlaxcala y Puebla en linchamiento   apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El protocolo anti linchamiento, debe ser ágil, efectivo y práctico

 El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Padilla Sánchez, aseguró que el Gobierno de Estado debe prevenir cualquier intento de linchamiento, a través de una red de reacción institucional, a fin de evitar que se cometa este delito.

En rueda de prensa, Padilla Sánchez dijo que se necesita que los órganos judiciales, así como la estructura del gobierno, como la policía y personal de inteligencia reaccionen rápido, a fin de que haga un papel preponderante; y también se consolide un trabajo entre los órdenes de gobierno. “Me parece que debieron estar reunidos los presidentes municipales a la brevedad por las áreas policiacas del C5, el área de inteligencia, se debe prevenir esas reacciones”.

Insistió que se requieren mecanismos rápidos para hacer frente a este tipo de reacciones de la sociedad; y que el protocolo anti linchamiento, sea ágil, efectivo y práctico, donde, incluso deberían estar involucrados los presidentes municipales con el gobierno local.

“Es como en los accidentes, se puede dar en cualquier momento, puede suscitarse en cualquier parte, no solo fue en el de Nativitas, el de San Pablo del Monte, este se dio porque se empezó a decir, no había una cosa específica. Nuestra sociedad está en un proceso de mucha tensión; por eso es necesaria la intervención de las autoridades”, puntualizó.

Calificó que la sociedad es poco tolerante, y voraz, ya que están propensos a reaccionar de diferentes maneras, y, además del hartazgo, hay cosas que no satisfacen a las personas. “Es decir que, aunque tengas una beca del bienestar, no te satisface como persona, aunque tengas un trabajo, a lo mejor no te satisface o lo mejor tienes otros deseos, metas y no los puedes hacer”, señaló.

Indicó que al pertenecer a un partido político, y como estudioso de los fenómenos sociales, le preocupa que la sociedad quiera tomar justicia por su propia mano; derivado de la inseguridad.

El cargo Se requiere una red de reacción institucional para evitar linchamientos; presidente del CDE del PRI apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Perea Marrufo detalló que, aunque el caso de Nativitas fue un ejemplo de la velocidad con la que la ciudadanía actúa, el protocolo de seguridad establece que la Policía Municipal debe ser la primera en responder.

En caso de necesitar apoyo, las fuerzas estatales y, si es necesario, la Guardia Nacional, deberían intervenir en los siguientes minutos, sin embargo, en este caso, los primeros respondientes fueron los policías municipales, y cuando llegaron los elementos de la SSC y de la Guardia Nacional, el sujeto ya había perdido la vida.

En entrevista colectiva, Perea Marrufo subrayó que, aunque las cifras de linchamientos han disminuido en comparación con años anteriores, los intentos de hacer justicia por mano propia siguen siendo un desafío importante. En 2023 se registraron 19 linchamientos, mientras que en 2024 hubo 11, pero se contabilizaron 17 intentos en este último año.

El titular de la SSC también hizo un llamado a la población para que confíe en las autoridades y no tome la justicia por sus propias manos. Si bien la Constitución mexicana permite a los ciudadanos detener a una persona que comete un delito, la ley establece que debe entregarse a las autoridades competentes y no actuar de forma vengativa.

En este contexto, Perea Marrufo destacó que las personas detenidas por actos delictivos deben ser sometidas a la justicia, y que las autoridades están trabajando de manera coordinada para garantizar el respeto a la ley y la seguridad en Tlaxcala.

El cargo Asegura Marrufo que protocolos para prevenir linchamientos están funcionando apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El C5i Tlaxcala tomó conocimiento tras un reporte al 9-1-1, sobre un grupo de vecinos que tenían retenido a un hombre, amenazando con lincharlo, ya que presuntamente intentó robar ganado.

Antes de la llegada de los elementos de seguridad, la turba incendió la camioneta color blanco, con caja azul y lona verde, donde se trasladaba el masculino.

Los bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas, y finalmente y una vez extraído del lugar, el hombre fue llevado a las instalaciones de la policía para ser puesto a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal.

En otro caso, por la noche, un hombre de aproximadamente 40 años falleció tras ser golpeado por vecinos de la comunidad de Toluca de Guadalupe en Terrenate.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal señalaron que el individuo había sido detenido después de una persecución por el supuesto robo de un vehículo, el cual chocó. Sin embargo, al ser trasladado, un grupo de vecinos les arrebató al supuesto hampón para luego golpearlo severamente.

Los oficiales intervinieron y lo rescataron, trasladándolo a los separos donde solicitaron que paramédicos lo asistieran, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con vida.

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la Policía de Investigación fueron notificados para esclarecer los hechos. La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

El cargo Un  intento de linchamiento y otro consumado se registraron este viernes en Tlaxco y Terrenate apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De estas atrocidades, 12 son intentos de linchamiento, la cifra más alta a nivel nacional, pues cabe recordar que la entidad ocupa el primer lugar en este rubro, se suman 13 casos de tortura, 10 mutilaciones, 7 actos violentos contra la autoridad, 5 asesinatos de mujeres con extrema violencia, 5 casos de violencia contra migrantes, 3 casos de violación agravada, tres asesinatos de funcionarios encargados de tareas de seguridad, el hallazgo de dos fosas clandestinas, dos calcinamientos, dos casos de asesinato de menores de edad y un caso de esclavitud y trata de personas.

Con esto número, la entidad supera a Puebla, que tiene el registro de 40. A nivel nacional se reportaron mil 832 atrocidades durante el periodo, destacan la tortura, los casos de mutilación y los asesinatos con extrema violencia como los hechos con el mayor número de registros.

El cargo Tlaxcala registra 65 hechos de extrema violencia: Causa en Común apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Tlaxcala se ubica en el primer lugar en intentos de linchamiento en todo México, así lo dio a conocer la organización Causa en Común, que además destacó que, en la entidad, se consumaron tres casos durante 2023.

En la actualización de su “Informe de Atrocidades” de los tres primeros trimestres del año, la organización registró 23 intentos de linchamiento en Tlaxcala, con lo que se coloca al frente, seguido de Puebla con 21 sucesos.

Es decir que, entre ambas entidades suman 44 casos, es decir, el 31 por ciento de los 142 documentados en el país en nueve meses.

En cuanto a los linchamientos consumados, Tlaxcala también es primer lugar nacional con tres muertes, en segundo lugar, figuran Campeche, Morelos y Oaxaca con dos cada uno.

El cargo Tlaxcala ocupar primer lugar en linchamientos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Protocolo de Actuación Policial para la Atención de Posibles Linchamientos en el Estado de Tlaxcala de ninguna manera autoriza a priori o como regla general, la utilización de la fuerza letal puesto que se ajusta a los alcances que prevé la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, afirmó el director Jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob), Miguel Sánchez Ramírez.

En entrevista, el funcionario estatal negó rotundamente que este mecanismo apruebe causar daño a las personas, sino que por el contrario tiene como base el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentren en el centro del conflicto.

“Se prevé en el mismo instrumento que la utilización de la fuerza se realice gradualmente y de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, dentro de un marco de razonabilidad y siempre privilegiando la protección de la vida de las personas, tanto de los ciudadanos como de los propios elementos policíacos”, expuso.

Y añadió que la terminología “fuerza letal”, se utiliza como una acción excepcional que podrá ser utilizada por los elementos de seguridad pública, única y exclusivamente en casos de inminente riesgo para la ciudadanía, tal como lo prevé la fracción VII del artículo 6 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

“Permite el uso de armas menos letales o de fuego, con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la de los elementos policíacos, (…) reitero, no existe ninguna determinación de carácter doloso o regresivo, por el contrario, está centrada y toma su sustento en una ley vigente que privilegia la vida como el valor máximo de los seres humanos y solo prevé este tipo de acciones como un último recurso”, puntualizó.

Sánchez Ramírez también citó el artículo 12 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el cual señala que solo se justifica la utilización de la fuerza por parte de los policías cuando la resistencia o agresión es real, actual e inminente.

“Real, es decir, se materializa en hechos apreciables por los sentidos, no puede ser, ni debe de ser hipotética o imaginaria; actual, cuando se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad; y cuando es inminente, es decir, si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, esta se consumaría”, explicó.

Asimismo, hizo mención de los artículos 15 y 27 de la ley antes citada, el primero en su fracción segunda faculta a los agentes para portar armas letales y las clasifica como armas de fuego y explosivos permitidos, en términos de lo que prevé la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Mientras que el artículo 27 indica que “está prohibido el uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objetos lícitos”, lo cual, explicó el abogado de profesión, “no acontece cuando se trata de posibles linchamientos y para mayor ilustración o claridad el artículo 28 de la aludida ley señala que cuando las reuniones o manifestaciones se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo con los distintos niveles establecidos en la propia ley”.

Con todo ello, el director Jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob) concluyó que la afirmación de que en el estado de Tlaxcala se permite la utilización de armas letales para dañar los derechos humanos de los particulares, “constituye una interpretación parcial, tendenciosa y sesgada”.

Enfatizó que, contrario a anteriores Protocolos, el mecanismo actual aparte de tener mayores alcances, por cuanto se refiere a la declaración de principios y a los procedimientos que deben de seguirse, también se ajusta a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

El cargo Protocolo para atender posibles linchamientos privilegia la vida de las personas: SEGOB apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.