- Gobierno estatal prioriza el acercamiento con autoridades municipales para generar confianza ciudadana y reforzar la seguridad en zonas conflictivas
Ante los recientes intentos de linchamiento y hallazgos de cuerpos sin vida en San Pablo del Monte, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, subrayó que solo a través del trabajo coordinado y el fortalecimiento del diálogo entre los tres órdenes de gobierno se podrá evitar que este tipo de hechos se repitan.
Durante una entrevista posterior al Primer Simulacro Nacional 2025, el funcionario aseguró que el gobierno del estado mantiene comunicación permanente con los 60 municipios, y en casos prioritarios como San Pablo del Monte se ha reforzado la colaboración con las autoridades locales, así como con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para establecer mecanismos de gobernabilidad y respuesta ante situaciones de riesgo.
“No descartamos el mando coordinado, pero debe ser una propuesta que surja desde el propio municipio. Estamos dispuestos a atenderla si así lo solicitan. Nuestro enfoque es siempre colaborar y asistir respetando la autonomía municipal”, declaró Ramírez Hernández.
El funcionario estatal adelantó que se buscará reforzar la aplicación del protocolo antilinchamientos mediante una actualización del documento, si así se requiere, con la finalidad de eficientar la respuesta de las autoridades municipales y de comunidad ante situaciones de tensión.
“Queremos refrendar la confianza ciudadana de que la seguridad es prioridad para el estado. Reforzaremos el acercamiento con las víctimas y autoridades para garantizar que se actúe conforme a derecho, y que ningún hecho quede impune”, expresó.
Agregó que también se apostará por la atención integral a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, como parte de una estrategia más amplia para consolidar la confianza en las instituciones de justicia.
Ramírez Hernández reiteró que solo a través de una comunicación fluida, respeto mutuo entre niveles de gobierno y protocolos efectivos, se podrá consolidar una respuesta institucional que prevenga la violencia colectiva y garantice la paz social.