Este viernes se cumplen 5 días de manifestaciones y bloqueos por parte de los trabajadores sindicalizados, pensionados y jubilados que están en contra de la implementación del nuevo sistema de salud.

Sin llegar a acuerdos, los inconformes se instalaron este jueves de nueva cuenta en el boulevard Guillermo Valle y la ribereña a la altura del Estadio Tlahuicole, en donde un día antes, se registró un enfrentamiento con los elementos de seguridad, quienes los dispersaron con gas lacrimógeno.

Tras varias horas de plantón, los agremiados de lo sindicatos que han conformado este frente de resistencia, se retiraron del lugar, una vez que sus líderes les informaron que la mesa de diálogo con el gobierno estatal había terminado esa tarde sin resultados.

Antes, amagaron con volver a tomar las calles hoy viernes, agregaron que personal de SNTE se sumaría a la causa, y aunque no dieron más detalles, se sabe que la cita será a las 15:00 horas en la estatua de Tlahuicole.

También adelantaron que el movimiento podría llegar este fin de semana a Huamantla, en donde Carlos Rivera tendrá un concierto con motivo de la feria municipal.

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Tras un lunes caótico de manifestaciones, bloqueos y caos vial, trabajadores sindicalizados del Gobierno del estado acordaron iniciar con un plantón, pues no se llegaron a acuerdos en las mesas de diálogo con las autoridades estatales.

Hoy martes, la manifestación se reinicia a las 10:00 AM en la plancha del Zócalo capitalino, y y a las 11:00 AM, los representantes de ambos bandos retomarán los trabajos.

De acuerdo con la información emitida por el gobierno del estado, se mantendrá el diálogo abierto con representantes de los sindicatos Alberto Juárez Blancas, Justo Sierra, Mártires de 1910, agremiados del 7 de Mayo y de la sección 55 del SNTE, para aclarar sus dudas sobre el inicio de operaciones de los Módulos Médicos de Salud Integral que inician operaciones este día.

Mientras que los representantes de los trabajadores, indicaron que no se moverán del plantón en tanto no reciban una respuesta positiva a sus peticiones.

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Se trata de un “robo institucionalizado” efectuado y acreditado en el año 2020, el último de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, en el que la deuda ascendió a 6, 719, 043.95 pesos, por concepto de servicios médicos que los burócratas tenían como beneficio. En todos los años hubo desvíos, pero este fue el mayor.

En aquel año los trabajadores pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dejaron un deficit superior al millón de pesos; el despacho del gobernador tuvo el segundo lugar por más de 800 mil pesos y la Oficialia Mayor de Gobierno con más de medio millón de pesos quedó en el tercer lugar. Todo esto únicamente corresponde al año 2020.

Dicho de otro modo, los trabajadores que este día se manifestarán en contra de la medida que busca otorgar los servicios médicos a través de un particular, tendrían que reclamar a sus dirigentes y compañeros que en el 2020 dejaron un monto millonario por concepto de gastos médicos, que solo ellos saben si necesitaban o simplemente usaban de manera desmedida.

Nadie podrá defender al gobierno por privatizar los servicios médicos de los burócratas, porque no existe antecedente de esta acción en gobiernos anteriores, sin embargo la historia eligió a Lorena Cuéllar Cisneros para llevar a cabo este movimiento que es, necesario y urgente, según lo expuesto ayer por miembros de este gobierno.

¿Que los trabajadores mataron a la gallina de los huevos de oro?, nadie podrá decir lo contrario, pues aunque el gobierno no haga público el padrón de deudores y de abusadores de este esquema, son los propios dirigentes sindicales los que conocen estos antecedentes, ahí están las minutas firmadas.

En lo personal sentencio y recrimino a quienes, abusando del viejo esquema, se beneficiaron vendiendo medicamentos y cobrando en efectivo los beneficios que se tenían, pero también en lo personal busco alternativas a este círculo vicioso… y no encuentro opciones.

Son más de cien millones de pesos que el gobierno tenía para medicamentos y servicios médicos los que ahora serán pagados a la empresa responsable de ofrecer este servicio. 

Imagínese usted el tamaño de monstruo que representaba este concepto, que cien millones resultaron insuficientes para solventarlos y por eso serán entregados a una empresa externa que ofrecerá estos servicios. 

Ahora lo que puede y debe hacerse es levantar las denuncias y proceder en contra de los ex trabajadores de farmacias que, aprovechándose de su posición, se dedicaron a engrosar sus cuentas personales sabiendo que esto podía suceder. Ahí hay fraude y corrupción, por decir lo menos.

¿De qué le sirve a los trabajadores saber que en cuanto a medicamentos no recibirán similares ni genéricos, y que solo genéricos intercambiables (GI) serán garantizados para tratar sus padecimientos?, creo que a nadie.

Aunque científicamente está comprobado que los medicamentos actúan en igualdad de condiciones cuando son “de patente” o “genéricos intercambiables”, el asunto no es ese.

El problema es que en la cabeza de los trabajadores están perdiendo un “beneficio”, cuando en verdad no es cierto o eso sostienen las autoridades que afirman se continuará con atención médica de primera, pero nadie se los explica a los trabajadores y dudo que sus “líderes” lo hagan. De hecho ayer mismo salieron para desmentir minutas que ellos mismos firmaron.

El problema mayor del gobierno estatal será socializar la información para que los beneficiarios sepan que lo único que se pierde es “el nombre” del medicamento, pero que los beneficios seguirán gracias a los componentes que se encuentran en los GI.

¿Quién entiende esto?, solo algún médico o quienes hayan ingresado a las reuniones técnicas entre gobierno y sindicatos que, ayer nos confirmaron, si se llevaron a cabo previamente para analizar y acordar este cambio. Ojo, en la rueda de prensa ofrecida ayer por los líderes sindicales confirmaron que tenían conocimiento.

Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor de Gobierno, fue enfático al confirmar que del 2011 a la fecha (2023), las pérdidas económicas para los gobiernos estatales han sido millonarias y que eso impedía mantener el servicio como actualmente se otorga.

Que nadie en otra administración se haya atrevido a llevar a cabo este paso no implica que no haya sido necesario. Por eso ahora se concreta y este gobierno asume el costo económico, político y social. ¿Habrá quien dude de eso?.

Lorena Cuéllar Cisneros debe aceptar que las manifestaciones que se le vienen por delante serán muchas, con argumentos y también algunas enarboladas por “líderes” que buscan sacar raja política de esta situación. Enrique Escobar será uno de esos.

Pero si los antecedentes y los hechos la respaldan, y se saben comunicar correctamente, entonces al final habrá logrado un paso que ninguno de sus antecesores se atrevió a dar. Estabilizar y garantizar un servicio que por años generó caos y manifestación.

La historia la juzgará y quizá, si sabe respaldar con datos y hechos su decisión, podrá ser la mujer más votada y la que -aún a costa de su popularidad- rescató las finanzas estatales del pozo sin fondo que representaban los gastos médicos que hasta el 31 de julio se tenían en Tlaxcala. Los hechos ahí están.

Las tres de ley… 1-  díganle como quieran, pónganle moños, romanícenla al “son” que gusten, pero lo que ayer se anunció se trata de una pri-va-ti-za-ción. Justificada, quizá, pero privatización al final del día.

Con este anuncio a partir de este 1 de agosto dejará de funcionar el Módulo Médico del gobierno del estado y se pondrán en marcha los nuevos Módulos Médicos de Salud Integral, a cargo de la Operadora de Servicios Médicos M.L S. A de C.V., ganadora de licitación para subrogar esta atención.

2- Miguel Sánchez Ramírez, director jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob), sostuvo que no habrá menoscabo a los derechos de los trabajadores, por el contrario, “van a ser aumentados”.

Lo que le faltó decir es que desde el año 2000 -fecha de creación de las farmacias de Pensiones Civiles- han sido 23 años en los que este esquema dejó un adeudo superior a los cien millones de pesos entre diferentes proveedores. El Oficial Mayor tuvo que salir al paso para dar este “pequeño” detalle.

3- Ojalá que con las manifestaciones de los sindicatos, los integrantes del gobierno se animen a exhibir a las familias y sindicatos que en los últimos 12 años han gastado poco más de 8 millones de pesos. Ojo son familias.

La lista incluye a 20 personas -de un mismo gremio sindical- que en más de una década han gastado más de 50 millones de pesos. También se vale defenderse y con datos en mano es más sencillo.

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El ruido es mucho y la vox populi afirma que los beneficios que se han ido perdiendo desde hace algunos ayeres tendrá su culminación en las primeras horas del mes de abril, fecha en la que se pretende -según documentación oficial- entregar el módulo médico a la Iniciativa Privada (IP)

Pero esto no es nuevo, ni tampoco se pueden decir sorprendidos – al menos no todos-, la podredumbre y decadencia inició en el sexenio de Mariano González Zarur cuando, en complicidad con líderes como Edgar Tlapale, del sindicato 7 de mayo, implementó el “acuerdo 196” para aplicarse en detrimento de los  trabajadores cobijados bajo la Ley de Pensiones Civiles.

¿Quién se le puso enfrente para evitar ese robo en despoblado?, exacto, la mujer que hoy han olvidado los agremiados al sindicato 7 de mayo, Guadalupe Rodríguez Guzman, que a través del decreto 184 hizo ver su suerte al gobernador hacendado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón a la otrora líder.

¿Más antecedentes?, cuántos recuerdan que fue el propio Edgar Tlapale, hijo político de Guadalupe Rodríguez, el que acabó por traicionarla para pactar beneficios personales con González Zarur a cambio de aceptar el  “acuerdo 196”, que es el que hasta la fecha les aplica a todos los agremiados al sindicato 7 de mayo.

Allí empezó el intercambio, el golpe bajo, las modificaciones a las reglas de operación de las que muchos hasta este día se van enterando.

Y no se trata de defender o atacar a algún gobernante, pero sí de hacer visible la falta de atención de los “líderes” y los trabajadores de su propias condiciones laborales.

Es cierto que no todos están involucrados, pero para eso existen miembros que, en teoría, tendrían que estar vigilando con lupa lo que sucede en beneficio o detrimento de sus agremiados, todos ellos integrados en el Consejo de Pensiones Civiles que se encuentra constituido por las cabezas de la sección 55 del SNTE, Mártires de 1910, Juárez Blancas, 7 de mayo y Justo Sierra, todos ellos sindicatos estatales.

¿De verdad nadie sabia lo que pasaba, acaso tampoco se percataron que durante los 4 años y meses, que Marco Antonio Mena cobró como gobernador, se revivieron las “Farmacias de Pensiones Civiles”, las mismas que nada tenían que ver con la institución del mismo nombre pero que nadie objetó.

Hoy, a toro pasado, pocos saben que ese concepto de “Farmacias de Pensiones Civiles” fue creado por el actual diputado local, Fabricio Mena Rodríguez, para hacer negocio al amparo del pueblo. ¿Quién sospecharía de ese nombre, si es el que la gente asociaba a un beneficio laboral?.

Pero Fabricio no se mandaba sólo pues su hermano, entonces gobernador, pactó con Edgar Tlapale “suspender” las jubilaciones para los sindicalizados, tampoco les dio mejoras en su contrato colectivo, ni otros beneficios más a los que tenían derecho. De eso nadie se acuerda.

¿Cómo lo hicieron?, pues a través de la división de los salarios a trabajadores de base, que para entonces recibían el salario 1 y el salario base 2, tomando en cuenta el número uno para jubilarlos haciendo que el monto más bajo fuera con el que recibieran su pensión. Una verdadera trampa.

Y así podemos ir analizando el Módulo Médico y Pensiones Civiles hacia atrás, alguien recuerda cuando el joven Eustolio Flores, en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, tuvo una farmacias de Pensiones Civiles dignas, pero una vez acabado el sexenio también concluyó ese servicio.

Con la llegada de Héctor Israel Ortiz Ortiz nada cambió, incluso pagó el adeudo millonario heredado por el “güerito de rancho”, para después incorporar convenios de farmacias que alcanzaron a las Farmacias del ahorro, Cristo Rey, entre otras, las cosas se sobrellevaron y así concluyó el sexenio. Fue Zarur el que inició esta decadencia.

¿Cuál es el error de este gobierno?, evidentemente el no socializar la información, en la falta de mesas de trabajo o dialogo para sensibilizar a los trabajadores sobre los “beneficios”, si es que los hay, de aceptar el ingreso de la Iniciativa Privada buscando la mejora de los módulos médicos y la entrega de medicamentos.

¿Por qué no se hizo?, nadie lo sabe; ¿es necesario el ingreso de capital privado?, probablemente sí, pero nadie explica los beneficios; ¿Cuál será el desenlace? En unas horas lo sabremos y veremos la capacidad de sobreponerse a un escándalo que se pudo evitar con dialogo. Aún están a tiempo.

Mientras tanto valdría la pena analizar los antecedentes que les he dado a conocer para entender la decisión que parece no tiene retorno. Alguien tenía que poner orden en la “caja chica” que ha significado el Módulo Médico y Pensiones Civiles del estado. Nadie puede negar que hay vicios y esos excesos hoy están pasando la factura.

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