La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJ) firmaron un convenio de colaboración mediante el cual la Universidad contribuirá a la actualización y capacitación del personal de esa dependencia a través de cursos, diplomados y otras modalidades de formación en cualquiera de las 50 disciplinas que ofrece la UATx y que la FGJ requiera.

El acuerdo colaborativo entre ambas instituciones fue formalizado por el Doctor Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la UATx, y la Maestra Ernestina Carro Roldán, Titular de la FGJ, en la Sala de Juntas de la Rectoría, donde ambos expresaron su beneplácito por los trabajos que impulsarán de manera conjunta y que redundarán en un mejor servicio a la sociedad, principalmente en materia de seguridad.

Atestiguaron este formal acto, el Doctor Favián Aquiahuatl Denicia, Coordinador General de Educación Continua y Desarrollo Académico de la UATx; integrantes de la estructura de gobierno de la Universidad; el Doctor Pedro Molina Flores, titular del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGJ; y el Licenciado José Luis Olivares Nochebuena, titular de la Unidad Jurídica de la FGJ.

En su oportunidad, la Maestra Ernestina Carro reconoció que con estos acuerdos se establece un vínculo con la academia para fortalecer la procuración de justicia, aunado al hecho de que la UATx les abra sus puertas y esté representada por el Doctor Serafín Ortiz, lo que permitirá reforzar la investigación para procesos como la judicialización con el propósito de llegar en las mejores condiciones a un tribunal de juzgamiento.

Recalcó que para esta instancia gubernamental es vital que el personal que se desempeña en los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, cuenten con un programa de profesionalización constante para elevar su preparación y con el apoyo del rigor científico realicen las investigaciones de forma transparente para proceder en tiempo y forma a las judicializaciones, a fin de otorgar una mejor respuesta a las víctimas y a la sociedad tlaxcalteca.

Por su parte, el Doctor Favián Aquiahuatl señaló que ante la labor que realiza la FGJ se requiere contar con servidores públicos preparados, ministerios públicos capacitados y peritos con todas las habilidades necesarias para efectuar las investigaciones necesarias en esta materia.

El cargo UATx actualizará y capacitará al personal que labora en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El presidente municipal, Javier Rivera Bonilla, y la Fiscal General del Estado, Ernestina Carro Roldán, encabezaron la firma del convenio de comodato mediante el cual el Ayuntamiento de Apizaco otorga formalmente un predio a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer las tareas de atención, investigación y procuración de justicia en la región.

El acuerdo establece la entrega temporal de un espacio físico que actualmente ocupa la Unidad Regional de la Fiscalía dentro de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lo que permitirá consolidar su operatividad bajo un esquema jurídico claro y transparente.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que, aunque el inmueble ya se encontraba en uso por la propia Fiscalía, era fundamental formalizar su situación legal para garantizar orden administrativo y fortalecer la coordinación entre el gobierno municipal y la instancia estatal.

Rivera Bonilla señaló que la Unidad Regional con sede en Apizaco brinda atención no solo al municipio, sino también a demarcaciones cercanas, por lo que robustecer su infraestructura impacta directamente en la tranquilidad de miles de familias.

Por su parte, la Fiscal General Ernestina Carro Roldán, reconoció la voluntad del presidente municipal para fortalecer la procuración de justicia en la entidad.

Con esta firma, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir construyendo alianzas institucionales que consoliden la seguridad y generen mayor confianza ciudadana.

El cargo JAVIER RIVERA Y LA FGJE FORMALIZAN COMODATO PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN APIZACO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Iniciativa deriva del Foro Diálogo sobre Discriminación Laboral, realizado en coordinación con Early Institute y Mujeres en Consenso, espacio en el que se escucharon experiencias, diagnósticos y propuestas para atender esta problemática. En dicho foro participaron representantes de ambas organizaciones, así como autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas.

La propuesta contempla reformas al Código Penal del Estado, a la Ley que Garantiza el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Tlaxcala, con el fin de reconocer de manera expresa la discriminación laboral por embarazo como una conducta sancionable y una forma de violencia que vulnera la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como a la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el propósito de avanzar en un marco legal que proteja de manera efectiva a las mujeres trabajadoras en el estado.

El cargo Busca Maribel León frenar la discriminación laboral por embarazo o maternidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De manera extraoficial, se reportó que los cuerpos habrían sido cubiertos con cal y que el sitio fue acordonado por policías, con apoyo del Ejército Mexicano y de la Policía de Investigación.

Versiones extraoficiales señalaron que una de las víctimas podría tratarse de un presunto líder criminal originario de Apizaco, además de que se habría detenido a varias personas relacionadas con estos hechos; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por autoridades.

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) ya se pronunció acerca de lo sucedido esta mañana e informó que ya se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Así mismo, tras el hallazgo de restos humanos en terrenos de labor en el municipio de Panotla, se precisó que hasta el momento los restos se encuentran en calidad de desconocidos y será a través de estudios de identificación humana y genética como se determine su identidad.

El cargo FGJE ya investiga hallazgo de restos humanos en Panotla apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los recientes escándalos en Contla, Apizaco y el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala exponen un sistema donde las autoridades, lejos de proteger a la ciudadanía, perpetúan el desorden y el abuso.

Las cifras son claras, los nombres están sobre la mesa, y la indignación crece entre los tlaxcaltecas que merecen algo mejor, pero que al momento de votar vuelven a tropezar con la misma piedra o con los mismos apellidos.

Ejemplo de esto es Contla donde los hermanos Eddy y Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, parece que se turnaron la presidencia municipal en periodos consecutivos para dejar un rastro de irregularidades que suman un probable daño patrimonial de 8 millones 372 mil 929.92 pesos durante el segundo semestre de 2024.

La LXV Legislatura local, sin embargo, mostró una alarmante selectividad al reprobar únicamente la cuenta pública de Ana Ivonne, quien en el inicio de su gestión, entre agosto y diciembre de 2024, generó una afectación de 4 millones 865 mil 112.53 pesos.

Entre los hallazgos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) se encuentran pagos indebidos por 2 millones 375 mil 059.41 pesos por conceptos que no cumplen especificaciones técnicas, 704 mil 426.97 pesos en obras no fiscalizadas, 564 mil 481 pesos en gastos improcedentes, y una serie de irregularidades que van desde procesos constructivos deficientes hasta bienes y servicios sin comprobación.

Por su parte, Eddy Roldán, quien cerró su administración entre julio y agosto de 2024, logró que el Congreso local aprobara sus cuentas públicas a pesar de un probable daño patrimonial de 3 millones 507 mil 817.39 pesos.

En este periodo, el OFS detectó pagos injustificados por 633 mil 864.97 pesos, erogaciones por obras no ejecutadas por 533 mil 048.42 pesos, y una larga lista de irregularidades que incluyen bienes no recibidos, gastos sin comprobantes y obras pagadas a sobreprecio.

¿Cómo es posible que estas cifras no hayan encendido las alarmas de los legisladores? La aparente continuidad en las prácticas de los hermanos Roldán Xolocotzi sugiere no solo una falta de rendición de cuentas, sino una estrategia calculada para beneficiarse del erario, mientras se preparan, según rumores, para buscar un escaño en la próxima legislatura.

Mientras tanto, en Apizaco, la inseguridad sigue siendo una herida abierta. El reciente asalto a mano armada a cuatro hombres de Tlaxco, quienes tras retirar 600 mil pesos de una sucursal BBVA fueron interceptados en un negocio de comida, es solo un capítulo más en la ola de violencia que azota la ciudad.

Este incidente, sumado a otros asaltos recientes, ha generado un clima de temor entre vecinos y comerciantes, quienes exigen respuestas concretas de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado es un primer paso, pero insuficiente si no se traduce en resultados tangibles.

Por si fuera poco, el escándalo en el CERESO de Tlaxcala ha puesto a la entidad en medios nacionales, producto de la incredulidad que despiertan los señalamientos.

La detención del exdirector del penal, Juan Antonio N., junto con dos colaboradores, tras las denuncias de un interno, Ventura N., revela un sistema penitenciario podrido desde su núcleo.

Las acusaciones de extorsión, cuotas obligatorias a reclusos y la autorización de salidas clandestinas para cometer delitos, con la complacencia de las autoridades, son un golpe directo a la confianza ciudadana.

La red de corrupción, que apenas comienza a desmantelarse, podría implicar a más funcionarios en los próximos días. Este caso, que ha trascendido a nivel nacional, no solo expone la crisis en el CERESO, sino que plantea una pregunta ineludible: ¿quién vigila a los vigilantes?

Tlaxcala no puede seguir siendo rehén de la corrupción y la impunidad. Los casos de Contla, Apizaco y el CERESO son síntomas de un problema mayor: la falta de voluntad política para castigar a los responsables y garantizar justicia. Es cierto cayó un presunto delincuente, el del Cereso, pero tras los daños a las arcas municipales faltarían 60 por rendir cuentas tras las rejas.

El cargo Cayó un presunto delincuente; faltarían 60 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La aprehensión se realizó cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cumpliendo con una orden judicial. Hasta el momento, no se ha confirmado si el detenido corresponde al exdirector recientemente cesado o a un custodio del centro penitenciario.

Las autoridades señalaron que se emitirá un comunicado oficial en las próximas horas con mayores detalles sobre el caso y el estado legal del detenido.

El cargo Detiene FGJE a persona del CERESO de Tlaxcala por presunta extorsión apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

A pesar de una orden de protección urgente emitida por el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala, Martínez Sánchez sigue en su cargo, aparentemente intocable. ¿Cómo es posible que un servidor público con tales señalamientos continúe operando con total impunidad? La respuesta podría estar en un preocupante contubernio que alcanza hasta las más altas esferas de la justicia estatal.

Karla N. no es un caso aislado. Testimonios y reportes periodísticos apuntan a un patrón: al menos diez mujeres habrían sufrido acoso por parte de Martínez Sánchez, respaldado, según denuncias, por la propia presidenta municipal, Ana Lucía Arce Luna. Esta protección no es mera especulación.

A pesar de que la orden de protección, emitida el 11 de abril, prohíbe al secretario cualquier contacto con Karla N. y establece medidas de seguridad, Arce Luna no ha iniciado ningún procedimiento administrativo contra su mano derecha. Peor aún, hay quienes aseguran que el despido de Karla fue orquestado por la propia alcaldesa, lo que sugiere una complicidad que va más allá de la omisión.

El historial de Martínez Sánchez es alarmante. Desde su paso como representante político en el INE hasta administraciones municipales previas, como la de Cutberto Benito Cano Coyotl, las denuncias por acoso sexual lo persiguen. Mujeres policías y trabajadoras del ayuntamiento han relatado experiencias similares, muchas de ellas silenciadas por miedo a represalias o despidos.

Sin embargo, estas acusaciones no han derivado en consecuencias legales significativas. ¿Por qué? Aquí entra en escena un actor clave: la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, encabezada por Ernestina Carro Roldán.

A pesar de las denuncias formales presentadas ante la FGJE, incluida la de Karla N., no hay avances visibles en la investigación contra Martínez Sánchez. La fiscalía cuenta con elementos suficientes: testimonios, la orden de protección y un historial de señalamientos que no puede ignorarse. Sin embargo, la inacción es ensordecedora.

Esta parálisis alimenta las sospechas de un contubernio entre el poder municipal y la fiscalía, donde la protección política y los vínculos personales podrían estar obstruyendo la justicia. La propia policía municipal, encargada de garantizar la seguridad de Karla N., está bajo la influencia de Martínez Sánchez, lo que pone en duda la eficacia de las medidas de protección y expone la fragilidad del sistema.

La indignación ciudadana crece en San Pablo del Monte. En redes sociales, los habitantes denuncian no solo el abuso de poder de Martínez Sánchez, sino la complicidad de Arce Luna, quien, según trabajadores del ayuntamiento, mantiene una relación “más que laboral” con el secretario.

La alcaldesa ha intentado desviar la atención, atribuyendo las críticas a “grupos políticos contrarios”, eso le dice a los enviados de la secretaría de Gobernación. Pero los hechos son innegables: una trabajadora fue acosada, despedida y hostigada, y el responsable sigue en su puesto, mientras la fiscalía guarda un silencio cómplice.

El caso de San Pablo del Monte no es solo una afrenta a las víctimas de Martínez Sánchez, sino un reflejo de un sistema que falla en proteger a las mujeres y perpetúa la impunidad. Ernestina Carro Roldán tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que la FGJE no es un apéndice de los intereses políticos locales.

Proceder contra Martínez Sánchez no solo sería un acto de justicia para Karla N. y las demás víctimas, sino un mensaje claro: nadie, ni siquiera los protegidos del poder, está por encima de la ley.

La pregunta resuena: ¿hasta cuándo se permitirá que “La Hamburguesa” y sus aliados sigan burlando la justicia? Tlaxcala merece respuestas, y las mujeres de San Pablo del Monte, seguridad y dignidad.

Las tres de ley… 1- Mentiras varias se han dicho en torno a la Olimpiada Nacional, la primera es que es la primera ocasión que Tlaxcala es sede: mentira total, la primera ocasión sucedió en 2006 y la mascota se llamó Tiaxca, era un toro de Lidia y fue muy “chuleada” por Nestor Vargas, otrora titular de la Conade, el gobernador era Héctor Ortiz, gobernaba el PAN  y Juan Gabriel Sánchez fue el titular del IDET… 2- De la inauguración que vimos el pasado fin de semana en el Tlahuicole pocos lo dirán pero al menos para mi, no estuvo a la altura de lo esperado, al menos en el espectáculo: En un evento para jóvenes cualquiera esperaría un grupo juvenil con música que conectara con ellos, y no a tres rancheros insípidos -y desconocidos- con musica vernácula que sirve para aburrir a los asistentes a los VX años de cualquier fiesta de pueblo, que aunque gratuitos no brindaron ningún tipo de show… 3- De los eventos y partidos que habrán de disputarse, nadie duda de lo que serán. Aquí están los futuros referentes del deporte nacional y mundial. No espero que todos entiendan o valoren lo que significa una olimpiada en Tlaxcala, tampoco que reconozcan lo hecho por Daniel Moncayo; mucho menos que él logre ver su cosecha en el mediano plazo, pero el tiempo le dará la razón a Cuellar por haberlo traído a Tlaxcala. Daniel Moncayo Cervantes es de esos garbanzos de libra que tenemos y no conocemos, ni reconocemos, hasta que ya no están.

El cargo Un secretario enamorado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Más allá de la carcajada generalizada que nos genera, nadie puede negar que dentro y fuera de su frontera el torpe gobernante propicia incertidumbre para los empresarios, pero también para el pueblo raso. Hasta hoy nadie había mostrado tantas limitaciones. No hablo de Donald Trump, me refiero a Alfonso Sánchez García.

Puede decir que es el elegido, puede presumir que encabeza a los alcaldes -aunque muchos de ellos solo asisten para asegurar obra pública y para hacer sátira del junior que los representa- puede soñar con la gubernatura. Pero su sueño es la pesadilla de los capitalinos.

Apenas este fin de semana no uno, no tres, no cinco, DIEZ vehículos fueron rasurados en sus autopartes en la Loma Xicohténcatl y hasta hoy ningún miembro de la policía municipal, o estatal, les ha dado respuesta a sus exigencias de mayor seguridad. De hecho, nadie les responde las llamadas.

“Lic. Fuimos víctimas de la delincuencia aquí en la loma Xicoténcatl 😭😭😭 nos robaron las autopartes a varios vehículos”, dice uno de los mensajes que recibí, acompañado de fotografías que exponen la delicadeza con la que operaron los amantes de lo ajeno.

Un día después llegó el siguiente mensaje: “Esta madrugada del viernes 31 de enero 10 propietarios de vehículo fuimos víctima de robo de autopartes en la calle”. Las otras palabras y mensajes son imposibles de publicar, no porque lastimen la vista de los lectores, sino porque son piropos para lo que verdaderamente quisieran decir de su alcalde.

Pero lo mismo ocurre en las calles que en la pensión donde los capitalinos pueden llegar a resguardar sus automotores. Ya no hay espacio seguro en las calles, ni en las cocheras o pensiones. Todo el territorio es susceptible de ser visitado por los roedores y hasta hoy la estrategia de seguridad se ha quedado en la imaginación del director de la policía municipal y de quien ahí lo colocó.

De qué nos sirve pagar impuestos, de qué les sirve pagar pensión a los dueños de los vehículos. De nada, es un gasto infructuoso. ¿Pero qué esperaban del sujeto que se embolsó 150 millones de pesos, so pretexto del proyecto de las jardineras en el rio Zahuapan?.

Aquí también hay complicidad de sus operadores políticos que prometieron mucho, hasta que fueron despedidos por exigir que esas promesas se cumplieran. Ahora Alfonso y su titiritera andan en una nueva ruta, buscando nuevos reclutas que sirvan para engañar a la gente rumbo al 2027. Que nadie se diga sorprendido.

Denunciar, para qué, me dicen los agraviados. Quizá tienen razón, con una fiscalía que cuida más las formas y a los amigos (sus amigos) que a los ciudadanos, es difícil ver una respuesta favorable, pero si ya fuimos cómplices al elegir al junior, lo menos que podemos hacer es acudir a denunciar lo que nos afecta su inacción.

Exponer lo que sucede con la venta indiscriminada de autopartes, con los robos a toda hora del día y con los ladrones que han tomado las calles de la capital como un gran tianguis puede poner a Alfonso Sánchez García como el encargado del Cluster Automotriz, por encima del secretario de Desarrollo Economía, Javier Marroquín Calderón. Finalmente parece que el entendimiento entre el gobierno municipal y los principales “distribuidores” de autopartes es inmejorable.

Que el presidente municipal y sus asesores no presuman cifras a la baja, hagamos que las estadísticas y la percepción sonrojen al joven que dice gobernar la capital pero que es incapaz de leer e interpretar un texto frente al pequeño auditorio que representa una comunidad. Por eso sus voceros tienen la encomienda de evitar que se grabe el evento que acaba por convertirse en sketch cómico.

Él no sabe transmitir, no sabe gobernar, no sabe leer, pero lo peor es que los capitalinos no saben manifestar su inconformidad. Que se mantenga en su loca idea rumbo al 2027 es un capricho que todavía se le puede arrebatar, sin grillas, sin mentiras, sin guerra sucia, solamente haciéndole ver su realidad.

El cargo Cluster automotriz en LA LOMA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

HOMICIDIO DOLOSO 

Durante el presente año y hasta la fecha, se obtuvieron 30 sentencias condenatorias  por un total de 816 años de prisión, entre las cuales destacan: 

∙ Multihomicidio a familia en Mazatecochco, con una sentencia de 80 años, ∙ Homicidio a Policías Estatales en Santa Cruz Quilehtla, con una sentencia  de 40 años, 

∙ Por el caso conocido como “El Matasuegros”, se obtuvo una sentencia por  40 Años, 

∙ Y por la muerte de un menor en Tepetitla de Lardizábal, una sentencia por 30  años. 

FEMINICIDIO 

Un delito que afecta profundamente a la sociedad es el Feminicidio. En este sentido,  cabe señalar que, en Tlaxcala, todo caso relacionado a la muerte violenta de una  mujer se inicia con investigaciones basadas en protocolos de feminicidio. 

Es así que, durante el 2024, se han obtenido ocho sentencias, por un total de 468  años de prisión, entre las que destacan las siguientes: 

∙ Una sentencia por 75 años de prisión 

∙ Una sentencia por 64 años de prisión 

∙ Tres sentencias por 62 años de prisión 

∙ Dos sentencias por 55 años de prisión 

∙ Una sentencia por 35 años de prisión

TRATA DE PERSONAS 

En materia de trata de personas, se han logrado seis sentencias condenatorias de  asuntos de años anteriores, con una suma de 232 años de prisión, con los  siguientes casos: 

∙ Cinco sentencias por 30 años de prisión 

∙ Una sentencia por 22 años de prisión 

SECUESTRO 

Por el delito de secuestro, durante el 2024 se lograron sentencias para 18 personas  por 996 años: 

∙ 14 sentencias por 50 años de prisión 

∙ Una sentencia por 80 años de prisión 

∙ Dos sentencias por cuatro años de prisión 

∙ Una sentencia por siete años de prisión 

VIOLACIÓN 

De enero a la fecha del presente año, se obtuvieron 19 sentencias condenatorias  por el delito de violación, con un total de 419 años de prisión, detallados de la  siguiente manera: 

∙ Una sentencia por 41 años de prisión 

∙ Cuatro sentencias por 33 años de prisión 

∙ Una sentencia por 31 años de prisión 

∙ Dos sentencias por 25 años de prisión 

∙ Cuatro sentencias por 20 años de prisión 

∙ Dos sentencias por 18 años de prisión 

∙ Una sentencia por 14 años de prisión 

∙ Una sentencia por 11 años de prisión 

∙ Tres sentencias por ocho años de prisión 

En resumen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, ha conseguido 144 sentencias condenatorias por delitos de alto y bajo impacto, gracias a las  labores conjuntas de las áreas involucradas y a la confianza de las víctimas para  concluir estos trabajos de procuración de justicia.

El cargo Fiscalía del Estado presenta informe de resultados sobre diversos delitos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.