Docentes del CECyTE denunciaron presuntas represalias laborales contra trabajadores que no respaldarían el proyecto político de Alfonso Sánchez García. Señalan al director general, Darwin Pérez y Pérez, y piden la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar.

Docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECyTE) acusaron al director general del subsistema, Darwin Pérez y Pérez, de presuntamente ordenar despidos, cambios de adscripción y remociones de nombramientos por motivos políticos. Los trabajadores sostienen que las medidas afectarían a personal que no coincide con el proyecto político de Alfonso Sánchez García, alcalde capitalino con licencia.

Durante una conferencia de prensa, los inconformes afirmaron que diversos movimientos realizados recientemente en planteles del CECyTE habrían afectado a maestros que decidieron no respaldar dicho proyecto. Aseguraron que algunos trabajadores fueron separados de funciones y de cargos que ya tenían asignados, situación que calificaron como represalia política y laboral.

“No por el hecho de no coincidir significa ser despedidos”, señalaron los docentes, quienes exigieron respeto a sus derechos laborales y estabilidad en sus puestos. También cuestionaron que las diferencias políticas o personales puedan convertirse en un criterio para determinar la permanencia o movilidad del personal educativo.

Los trabajadores hicieron un llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que intervenga y revise los casos que consideran despidos injustificados. También pidieron a la dirigencia sindical del CECyTE asumir un papel activo para defender las condiciones generales de trabajo y evitar que las diferencias políticas tengan consecuencias laborales.

Los docentes adelantaron que emprenderán acciones legales para buscar la restitución de sus derechos y reclamaron que las decisiones sobre movimientos de personal respondan a necesidades académicas y administrativas, y no a afinidades políticas. El conflicto coloca nuevamente al CECyTE en el centro de una disputa donde educación, empleo y política parecen cruzarse.

El cargo “Purga política por no apoyar a ASG” acusan docentes y directivos de CECyTE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Una nueva inconformidad sacude al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECyTE), luego de que se denunciaran presuntos despidos de al menos cinco directivos, entre ellos personal de los planteles de Unión Ejidal y Texmolac.

De acuerdo con testimonios de los propios inconformes, las separaciones estarían relacionadas con las posturas políticas que algunos trabajadores expresaron durante el pasado proceso interno de Morena, una acusación que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente por la institución.

Los señalamientos apuntan específicamente a quienes habrían respaldado a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera y no al alcalde capitalino con licencia Alfonso Sánchez García. Los inconformes consideran que esa diferencia de apoyo político podría estar detrás de los cambios de personal.

El caso ya provocó preocupación entre padres de familia del plantel CECyTE Unión Ejidal, quienes anunciaron una movilización para este miércoles 19 de agosto, a partir de las 8:00 horas, con la intención de exigir información sobre las remociones y la situación que enfrenta la escuela.

Los quejosos calificaron como un posible acto de intimidación y represalia que docentes y directivos fueran removidos por no coincidir con un determinado proyecto político. Además, señalaron que este tipo de prácticas, de confirmarse, afectarían al sistema educativo y pidieron la intervención de la Secretaría de Educación Pública.

La principal demanda está dirigida a la Dirección General del CECyTE Tlaxcala, a la que los inconformes exigen explicar los cambios realizados y precisar cuáles fueron las causas administrativas que motivaron cada separación.

Finalmente, los inconformes advirtieron que, si no reciben una respuesta clara, podrían emprender nuevas medidas de protesta. Mientras tanto, permanece pendiente la postura oficial del CECyTE Tlaxcala sobre las causas de las separaciones y los señalamientos de una posible motivación política.

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Los recientes cambios y ceses de funcionarios al interior de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) forman parte de los compromisos alcanzados en las mesas de diálogo entre autoridades, estudiantes y profesores, afirmó el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez.

El vocero estatal explicó que las modificaciones en la estructura directiva responden a la voluntad del Gobierno del Estado y de las autoridades universitarias para atender las demandas de la comunidad académica y avanzar en la solución del conflicto que se presentó en la institución.

“Los ceses que se dieron tienen que ver con las mesas de diálogo que se han tenido con los estudiantes y los profesores, y se ha avanzado mucho”, sostuvo.

Martínez Velázquez señaló que el objetivo principal es generar las condiciones necesarias para que el próximo ciclo escolar inicie sin contratiempos y con un ambiente de estabilidad para beneficio de los alumnos.

Indicó que los acuerdos alcanzados hasta ahora reflejan la disposición de la directiva de la universidad para atender las inquietudes planteadas por estudiantes y docentes, lo que se tradujo en los recientes relevos administrativos.

Asimismo, comentó que durante el periodo vacacional continuarán las mesas de diálogo con los actores involucrados, a fin de consolidar los consensos pendientes antes del regreso a clases.

“Se ha demostrado la voluntad política de la directiva con estos ceses y cambios en la Universidad. Ahora esperamos que durante estas semanas, mientras los alumnos permanecen de vacaciones y continúan las mesas de diálogo, se sigan construyendo acuerdos para iniciar de la mejor manera posible el próximo ciclo escolar”, puntualizó.

Con ello, el Gobierno del Estado confía en que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala retome sus actividades académicas en un clima de gobernabilidad y con las diferencias atendidas mediante el diálogo entre las partes.

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La crisis interna en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) volvió a escalar. En medio de una disputa por el control de la institución, hace unos días fueron cesadas dos funcionarias de primer nivel, mientras crecen los señalamientos de que las decisiones ya no pasan por el rector Lenin Calva Pérez, sino por Daniel Herrera Carvajal, a quien trabajadores identifican como el verdadero operador de la universidad.

De acuerdo con información obtenida por MRNoticias, Mariana Rodríguez Olguín, directora de Vinculación e hija del exdirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez Roldán, fue separada del cargo. La misma suerte corrió Aquina Castañeda Romero, quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Recursos Humanos.

Como relevo de Aquina Castañeda fue designado Eduardo Iván Merino León, mientras que el nombramiento de quien ocupará la Dirección de Vinculación será anunciado en las próximas horas.

Fuentes al interior de la UTT aseguran que los movimientos responden a una lucha de poder que ha deteriorado el ambiente laboral. Incluso, afirman que Daniel Herrera Carvajal ha rebasado la autoridad del rector Lenin Calva Pérez, al convertirse en el principal impulsor de decisiones administrativas y mantener una postura de confrontación frente a diversos asuntos internos.

Herrera Carvajal se ha convertido en el principal foco de conflicto dentro de la institución, generando un clima de incertidumbre entre el personal y evidenciando una aparente pérdida de control por parte de la Rectoría.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala no ha informado oficialmente las razones de las destituciones ni emitido una postura sobre los señalamientos de una presunta disputa por el control administrativo de la institución.

Los cambios ocurren cuando la comunidad universitaria demanda estabilidad y certidumbre, mientras las decisiones internas siguen alimentando la percepción de una administración marcada por los conflictos y pugnas por el poder.

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El Gobierno de Tlaxcala rechazó que en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) se hayan registrado despidos injustificados y sostuvo que las inconformidades de un grupo de trabajadores obedecen a un proceso de reestructuración administrativa y financiera para reducir el déficit histórico que arrastra la institución.

El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que las personas que han denunciado presuntos despidos conservan sus plazas sindicalizadas y únicamente fueron reincorporadas a las funciones para las que fueron contratadas.

Explicó que varios de los trabajadores desempeñaban funciones en coordinaciones que, según dijo, no forman parte del organigrama oficial del CECyTE, por lo que la administración determinó desaparecer esos espacios y regresar a los empleados a sus plazas de origen.

“No se quedaron sin trabajo; simplemente dejaron de ocupar coordinaciones que no estaban contempladas dentro de la estructura institucional”, sostuvo.

Martínez Velázquez afirmó que esta medida forma parte de una estrategia para sanear las finanzas del subsistema educativo, el cual —aseguró— arrastra un déficit financiero desde hace entre 10 y 15 años.

De acuerdo con el funcionario, una de las principales causas del problema ha sido el otorgamiento de prestaciones laborales que no estaban contempladas en el contrato colectivo de trabajo ni contaban con respaldo presupuestal, pero que se entregaban por costumbre a determinados trabajadores.

Indicó que beneficios como obsequios con motivo del Día de las Madres y otras prestaciones extraordinarias representaban una carga para las finanzas del organismo, al obligar a destinar recursos que no estaban previstos en el presupuesto anual.

Sostuvo que la actual administración busca regularizar esa situación y eliminar prácticas que, a su juicio, contribuyeron al desequilibrio financiero del CECyTE durante administraciones anteriores.

Asimismo, rechazó que el conflicto tenga un origen político y aseguró que las acusaciones sobre presuntos despidos forman parte de una estrategia para atraer atención pública.

Finalmente, Antonio Martínez Velázquez afirmó que el objetivo es reducir el déficit financiero a su nivel más bajo durante este año y entregar a la siguiente administración un CECyTE con finanzas más sanas y sin los problemas estructurales que, dijo, recibió el actual gobierno.

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Es así que los tres maestros que habían sido retirados de sus actividades, serán reinstalados. Además, acordaron con el titular de la Secretaría de Gobernación, Luis Vargas González la reinstalación de sus otros 8 compañeros, con lo que serán 11 los trabajadores que serán contratados de nuevo.

También establecieron la firma de un contrato colectivo de trabajo, que el cese del hostigamiento laboral por parte de la rectora Rosalía Nalleli Pérez Estrada, además de suspender los despidos que estén fundamentados en la pérdida de la confianza, tras reconocer que los actos habían sido resultado de organizar un sindicato.

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El presidente municipal de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez, advirtió que el área de seguridad pública resultará afectada con el posible despido de personal, ante la decisión del Congreso del Estado de excluir la fórmula de cobro del derecho de alumbrado público (DAP) para el ejercicio fiscal 2024.

A través de un escrito dirigido a la presidenta de la Mesa Diirectiva del Congreso local, Mónica Sánchez, el alcalde sostiene que de manera mensual el municipio de Apizaco realiza un pago ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2 millones de pesos, es decir, más de 24 millones al año, cifra que en la actualidad es compensado a través de la recaudación del derecho de alumbrado público.

Por ello, destacó la relevancia de que esa contribución continuara en las condiciones actuales, pues la modificación afectaría las finanzas municipales, especialmente la óptima prestación de servicios públicos, recayendo la mayor afectación en la seguridad pública.

Badillo Sánchez explicó que el municipio deberá sufragar el citado gasto por alumbrado público a través de la partida “que contempla el FORTAMUN, lo que se traduce en disminución en los recursos destinados para la adquisición de vehículos (patrullas), equipamiento de los elementos policiacos (armamento, chalecos antibalas y uniformes, entre otros), mantenimiento de vehículos, capacitaciones a policías, adquisición e instalación de cámaras de vigilancia”.

A ello se suma “equipo tecnológico (computadoras, monitores, software para operar los equipos de vigilancia entre otros), mejora en las instalaciones que alberga la dirección de seguridad pública y las aulas destinadas para capacitación policial”.

En ese sentido, abrió la posibilidad de la “disminución (despido) de los elementos que integran el cuerpo policial del municipio de Apizaco, lo que, en síntesis, representa una afectación directa e incalculable a la ciudadanía en general y un crecimiento a los índices de inseguridad en este municipio”.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Ever Campech Avelar, había adelantado la modificación de las leyes de ingresos de algunos municipios en torno a cobros relativos a servicios de agua potable, certificaciones y acceso a la información pública , con el objetivo de dar certeza jurídica y cuidar la economía de las familias tlaxcaltecas.

Por ese motivo, la Comisión de Finanzas y Fiscalización determinó excluir la fórmula de cobro del derecho de alumbrado público que algunos ayuntamientos pretendían mantener en su normatividad, pese a ser inconstitucional.

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