- La exclusión del derecho de alumbrado público afectará las finanzas municipales, argumenta
El presidente municipal de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez, advirtió que el área de seguridad pública resultará afectada con el posible despido de personal, ante la decisión del Congreso del Estado de excluir la fórmula de cobro del derecho de alumbrado público (DAP) para el ejercicio fiscal 2024.
A través de un escrito dirigido a la presidenta de la Mesa Diirectiva del Congreso local, Mónica Sánchez, el alcalde sostiene que de manera mensual el municipio de Apizaco realiza un pago ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2 millones de pesos, es decir, más de 24 millones al año, cifra que en la actualidad es compensado a través de la recaudación del derecho de alumbrado público.
Por ello, destacó la relevancia de que esa contribución continuara en las condiciones actuales, pues la modificación afectaría las finanzas municipales, especialmente la óptima prestación de servicios públicos, recayendo la mayor afectación en la seguridad pública.
Badillo Sánchez explicó que el municipio deberá sufragar el citado gasto por alumbrado público a través de la partida “que contempla el FORTAMUN, lo que se traduce en disminución en los recursos destinados para la adquisición de vehículos (patrullas), equipamiento de los elementos policiacos (armamento, chalecos antibalas y uniformes, entre otros), mantenimiento de vehículos, capacitaciones a policías, adquisición e instalación de cámaras de vigilancia”.
A ello se suma “equipo tecnológico (computadoras, monitores, software para operar los equipos de vigilancia entre otros), mejora en las instalaciones que alberga la dirección de seguridad pública y las aulas destinadas para capacitación policial”.
En ese sentido, abrió la posibilidad de la “disminución (despido) de los elementos que integran el cuerpo policial del municipio de Apizaco, lo que, en síntesis, representa una afectación directa e incalculable a la ciudadanía en general y un crecimiento a los índices de inseguridad en este municipio”.
Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Ever Campech Avelar, había adelantado la modificación de las leyes de ingresos de algunos municipios en torno a cobros relativos a servicios de agua potable, certificaciones y acceso a la información pública , con el objetivo de dar certeza jurídica y cuidar la economía de las familias tlaxcaltecas.
Por ese motivo, la Comisión de Finanzas y Fiscalización determinó excluir la fórmula de cobro del derecho de alumbrado público que algunos ayuntamientos pretendían mantener en su normatividad, pese a ser inconstitucional.
