El episodio relacionado con el presunto almacenamiento, organización y distribución de propaganda política en un inmueble oficial como es la Casa de Gobierno de Tlaxcala coloca a la administración de Lorena Cuéllar Cisneros frente a una pregunta incómoda: ¿qué pesa más para un gobierno, las evidencias que circulan públicamente o la versión oficial que tardíamente intenta explicar esas evidencias?

Las fotografías difundidas en redes sociales mostraron cajas, materiales y personas dentro de Casa de Gobierno. La discusión pública inmediatamente creció porque el material fue relacionado con actividades de promoción política de Alfonso Sánchez García, aspirante a la coordinación estatal en defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala.

La respuesta oficial tuvo entonces dos caminos posibles.

Escenario uno: reconocer, investigar y sancionar

La primera opción habría sido políticamente incómoda, pero institucionalmente más sólida: admitir que existían elementos que debían investigarse, identificar a los responsables y sancionar, si correspondía, a quienes hubieran utilizado instalaciones o recursos públicos con fines políticos.

Ese camino habría enviado un mensaje sencillo a la ciudadanía:

En este gobierno nadie está por encima de las reglas.

Incluso una investigación que confirmara que la gobernadora no tuvo conocimiento de los hechos habría permitido separar claramente las responsabilidades políticas, administrativas y personales.

La transparencia, en estos casos, no consiste en afirmar que todo está bien. Consiste en demostrarlo.

Escenario dos: negar, rechazar y explicar las imágenes

El segundo camino fue mucho más arriesgado: rechazar la interpretación de los hechos y sostener que no existió una operación propagandística dentro del inmueble oficial.

Aquí aparece el verdadero problema político.

Porque cuando una explicación oficial se enfrenta con fotografías, testimonios, publicaciones y una conversación pública que ya está instalada en redes sociales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.

Se convierte en una crisis de credibilidad.

Y la credibilidad no se decreta desde una oficina de comunicación. Se construye con evidencia.

El costo de recular

Lo que más debería preocupar al Gobierno de Tlaxcala no es solamente la polémica sobre unas cajas o unas fotografías que evidencian la intromisión del Gobierno en el proceso interno de Morena, la elección democrática está en riesgo y se puede consumar una elección de estado.

Es la percepción que queda después de la explicación oficial.

Si primero se reconoce que existe un problema, después se anuncian investigaciones y posibles sanciones, pero posteriormente la narrativa oficial cambia y se sostiene que “no hubo tal operación”, la ciudadanía tiene derecho a preguntar:

¿Entonces qué fue lo que vimos?

¿Quién llevó esos materiales?

¿Quién los organizó?

¿Para qué eran?

¿Quién autorizó su ingreso?

¿Quién permitió que se utilizaran espacios oficiales?

¿Y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad si una investigación confirma que sí existió utilización política de recursos o instalaciones públicas?

Son preguntas legítimas.

No son ataques.

Son las preguntas que una sociedad democrática debe hacerle a cualquier gobierno.

El segundo al mando también está obligado a responder

La controversia alcanza particularmente a Luis Antonio Ramírez Hernández, responsable de la política interior del estado, porque la Secretaría de Gobierno tiene entre sus responsabilidades preservar la gobernabilidad y contribuir a la conducción institucional del estado.

En una crisis de esta naturaleza, el silencio, la negación o una explicación que no consiga despejar las dudas puede terminar generando exactamente lo contrario de lo que busca una estrategia de comunicación: más sospechas.

La política moderna ya no se desarrolla únicamente en boletines oficiales.

Una fotografía publicada en redes puede convertirse en evidencia política; una explicación puede ser contrastada en cuestión de minutos y una contradicción puede permanecer circulando durante años.

El verdadero juicio ocurre en las redes

Aquí está quizá el punto más importante para el Gobierno estatal.

La ciudadanía ya no consume la información política de manera lineal.

Observa una fotografía, lee una declaración, encuentra una versión diferente, compara fechas, revisa publicaciones anteriores y construye su propia conclusión.

Por eso, negar una evidencia visual sin explicar de manera convincente su origen puede ser mucho más costoso que reconocer un error administrativo y corregirlo.

El gobierno puede ganar una discusión institucional.

Pero si pierde la confianza ciudadana, la factura política puede ser mucho mayor.

La pregunta que queda sobre la mesa

El asunto ya no debería reducirse a determinar si hubo o no propaganda política en Casa de Gobierno.

La pregunta de fondo es:

¿Puede la ciudadanía confiar en la versión oficial del Gobierno de Tlaxcala cuando las imágenes difundidas públicamente parecen contar una historia distinta?

Y hay una segunda pregunta, todavía más delicada:

¿Qué tendría que ocurrir para que un gobierno reconozca públicamente un error cuando existen evidencias que contradicen su primera explicación?

Porque gobernar también significa asumir costos.

Reconocer una irregularidad no necesariamente destruye a un gobierno.

A veces ocurre exactamente lo contrario.

Lo que destruye la confianza es hacer que la ciudadanía sienta que sus ojos están viendo una cosa mientras el gobierno insiste en que está viendo otra.

En política, la credibilidad es como un sistema informático: puede tardar años en construirse, pero una falla aparentemente pequeña puede comprometer todo el sistema.

Y cuando eso ocurre, no basta con reiniciarlo.

Hay que demostrar que funciona.

¿Tú qué habrías preferido: que el Gobierno reconociera los hechos, investigara y sancionara a los responsables, o que negara que existió una operación política pese a las imágenes difundidas?

La discusión lleva ya una semana y está lapidaria mediática será difícil de quitar.

El cargo La credibilidad también se gobierna apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Eso parece estar ocurriendo con el grupo “Agricultura Digna”, encabezado por Hugo Emigdio Taboada Espinosa, cuya supuesta fuerza social hoy se encuentra bajo cuestionamiento tras conocerse información que apunta a un presunto montaje para aparentar una convocatoria que no logró reunir por sí misma.

Si para llenar una protesta fue necesario pedir por WhatsApp que enviaran más tractores y más personas únicamente para impresionar a una televisora nacional, entonces no estamos frente a un movimiento sólido, sino ante una producción mediática donde los campesinos fueron convertidos en extras de una película política.

La pregunta es inevitable: ¿a quién pretendían engañar?

Porque el problema ya no es únicamente el caos vial que provocaron en la capital. El verdadero problema es que detrás del discurso de defensa del campo comienza a asomarse un proyecto político que utiliza la desesperación de los productores como combustible electoral.

Casualmente, uno de los rostros vinculados a estas movilizaciones, Luis Taboada Sánchez, ya levantó la mano para buscar una candidatura del PAN por el Distrito 01 de Calpulalpan. Nadie cuestiona su derecho a competir; lo cuestionable es convertir las necesidades del campo en una plataforma personal mientras se alimenta el descontento con promesas que difícilmente podrán cumplirse.

El libreto es viejo: exagerar la crisis, victimizarse, bloquear calles, generar presión mediática y aparecer como el supuesto salvador de los campesinos. Mientras tanto, quienes verdaderamente trabajan la tierra terminan perdiendo jornadas, dinero y credibilidad porque son utilizados como masa de maniobra.

La inconformidad legítima del sector agropecuario merece respeto. Lo que no merece respeto son quienes lucran con ella. Quien organiza protestas tiene la obligación moral de representar auténticamente a los productores, no de fabricar escenarios para las cámaras ni de inflar movilizaciones para aparentar un liderazgo que la realidad no confirma.

El campo tlaxcalteca necesita soluciones, no escenografías. Necesita políticas públicas, no espectáculos. Necesita dirigentes que hablen con la verdad, no operadores políticos disfrazados de líderes sociales.

Porque cuando un movimiento necesita fabricar su fuerza, quizá lo único que demuestra es la debilidad de quienes pretenden encabezarlo. Y cuando los campesinos descubren que fueron utilizados para construir carreras políticas, la cosecha ya no es de esperanza, sino de decepción.

El cargo El negocio de la inconformidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En los últimos años, la credibilidad de diversas dependencias públicas ha sido puesta a prueba. No necesariamente por la legalidad de sus decisiones, sino por la percepción de que algunas de ellas actúan con un sesgo evidente, privilegiando intereses políticos antes que el cumplimiento estricto de la ley. Cuando eso sucede, la confianza ciudadana se erosiona y las instituciones dejan de ser vistas como árbitros para convertirse en actores del conflicto político.

Aquí es donde conviene distinguir dos figuras que muchas veces se confunden: el funcionario de Estado y el operador político.

El funcionario de Estado entiende que su lealtad no está depositada en la persona que lo nombró, sino en la Constitución, en las leyes y en la institución que representa. Sabe que su obligación es actuar con imparcialidad, incluso cuando ello incomode al gobierno en turno. Su compromiso es con la permanencia institucional, no con la coyuntura política.

El operador político, en cambio, concibe el cargo como una herramienta para fortalecer un proyecto de gobierno o un grupo en el poder. Sus decisiones suelen estar marcadas por cálculos políticos antes que por criterios técnicos o jurídicos. Defiende al gobierno antes que a la institución y mide el éxito de su gestión por la utilidad política que genera, no por la confianza que inspira.

La diferencia entre ambos no es menor. Mientras el funcionario de Estado fortalece las instituciones porque les da credibilidad y autonomía, el operador político las debilita al convertirlas en instrumentos del poder. Y cuando una institución pierde independencia, pierde también autoridad moral frente a la sociedad.

Los proyectos políticos son, por naturaleza, temporales. Ganan elecciones, gobiernan algunos años y, tarde o temprano, son reemplazados por otros. Esa es la esencia de la democracia. Las instituciones, en cambio, están diseñadas para trascender a los gobiernos. Permanecen precisamente para garantizar continuidad, estabilidad y legalidad, sin importar quién ocupe el poder.

Por eso resulta preocupante cuando quienes dirigen organismos públicos actúan como si su principal misión fuera proteger una administración o impulsar una agenda política. Al hacerlo, olvidan que el prestigio institucional no pertenece al gobierno en turno; pertenece al Estado y, en consecuencia, a toda la ciudadanía.

Las administraciones cambian. Los gobernadores concluyen su mandato. Los presidentes municipales dejan el cargo. Incluso los partidos que hoy gobiernan mañana pueden convertirse en oposición. Pero las instituciones siguen ahí. Son ellas las que deben conservar la confianza de la sociedad cuando el ciclo político se renueva.

Quien entiende esta diferencia deja un legado institucional. Quien no la entiende deja instituciones debilitadas, polarizadas y con una credibilidad difícil de recuperar.

La historia política demuestra que ningún proyecto es eterno. Lo verdaderamente trascendente no es quién ocupa el poder por un tiempo, sino qué tan fuertes quedan las instituciones cuando ese poder se va. Ahí radica la verdadera prueba de un servidor público: decidir si quiere ser recordado como un funcionario de Estado o simplemente como un operador político al servicio de una causa pasajera.

El cargo Entre el Estado y el proyecto de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Diputados y especialistas en materia de transparencia se pronunciaron este martes por dar certeza y credibilidad al proceso de próxima designación del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax), pues aseguraron que eso mismo dará confianza a la sociedad de que las instituciones funcionan a su favor y no para proteger a quienes están en el poder.

“Es necesaria la apertura, la transparencia, sesiones de trabajo en vivo, es necesario que en el proceso de designación exista un proceso con metodología, sobre todo en lo que se refiere a la calificación de las evaluaciones. La publicidad en el proceso de designación, como debiera suceder con el órgano de transparencia de Tlaxcala, nunca sobra, no estorba, al contrario, da credibilidad y certeza a la ciudadanía”, coincidieron los especialista José Guadalupe Altamirano Castro, Alejandro Salvador Cruz Pimentel y Adán Córdoba Trujillo.

Durante la realización del foro denominado “El ABC de las designaciones públicas por el Poder Legislativo”, realizado en el patio vitral del Congreso del Estado, los participantes criticaron que la integración de los órganos autónomos se dé a través de decisiones que no permiten la transparencia, pues con ello se acrecienta el desencanto ciudadano en las instituciones públicas.

La diputada Blanca Águila Lima reiteró que hoy en día las instituciones del Estado han perdido la confianza ciudadana debido a prácticas de corrupción, falta de transparencia y discrecionalidad, por lo cual se pronunció por replantear las designaciones públicas desde el Poder Legislativo para encontrar elementos que garanticen el principio de certeza.

“Cuando el Poder Legislativo elige a un hombre o a una mujer en un cargo público para el que no cuenta con la preparación adecuada, se establece un acto que contraviene los principios de la buena función pública, lo que se traduce en un acto de corrupción tanto de quien nombra, como de quien acepta el cargo conferido. También se confirma un contubernio que obstaculiza el desempeño óptimo de las personas servidoras públicas y, en consecuencia, afecta a las funciones del Estado, atenta contra la credibilidad de las instituciones públicas y reduce la garantía de los derechos humanos”, afirmó.

Por su parte, el diputado Manuel Cambrón Soria subrayó la trascendencia de los organismos autónomos, pues dijo que éstos contribuyen como contrapeso al poder y se convierten en una herramienta de los ciudadanos para defender sus derechos. “La responsabilidad del Poder Legislativo es que la designación de esos organismos se dé con la mayor transparencia y legalidad que se otorgue certeza a la ciudadanía”, señaló.

Águila Lima y Cambrón Soria criticaron el proceder de una mayoría legislativa en el Congreso local, la cual decidió llevar a cabo los trabajos a puerta cerrada y con exclusión hacia los medios de comunicación, por lo que se pronunciaron por rectificar el procedimiento y abrirlo a la sociedad en las siguientes etapas.

Cabe destacar que el foro, organizado por la diputada Blanca Águila Lima, se da a unas horas de que se conozcan los nombres de las personas que se inscribieron para participar en el proceso de designación de comisionado en el IAIP-Tlax, que habrá de sustituir a Fabián Didier López Sánchez en el cargo a partir del 2 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2030.

El cargo Piden especialistas certeza, credibilidad y transparencia en designación de comisionado del IAIP-Tlax apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.