Hay momentos en la política en los que el problema deja de ser solamente qué ocurrió y comienza a ser qué explicación puede creer la ciudadanía.
El episodio relacionado con el presunto almacenamiento, organización y distribución de propaganda política en un inmueble oficial como es la Casa de Gobierno de Tlaxcala coloca a la administración de Lorena Cuéllar Cisneros frente a una pregunta incómoda: ¿qué pesa más para un gobierno, las evidencias que circulan públicamente o la versión oficial que tardíamente intenta explicar esas evidencias?
Las fotografías difundidas en redes sociales mostraron cajas, materiales y personas dentro de Casa de Gobierno. La discusión pública inmediatamente creció porque el material fue relacionado con actividades de promoción política de Alfonso Sánchez García, aspirante a la coordinación estatal en defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala.
La respuesta oficial tuvo entonces dos caminos posibles.
Escenario uno: reconocer, investigar y sancionar
La primera opción habría sido políticamente incómoda, pero institucionalmente más sólida: admitir que existían elementos que debían investigarse, identificar a los responsables y sancionar, si correspondía, a quienes hubieran utilizado instalaciones o recursos públicos con fines políticos.
Ese camino habría enviado un mensaje sencillo a la ciudadanía:
En este gobierno nadie está por encima de las reglas.
Incluso una investigación que confirmara que la gobernadora no tuvo conocimiento de los hechos habría permitido separar claramente las responsabilidades políticas, administrativas y personales.
La transparencia, en estos casos, no consiste en afirmar que todo está bien. Consiste en demostrarlo.
Escenario dos: negar, rechazar y explicar las imágenes
El segundo camino fue mucho más arriesgado: rechazar la interpretación de los hechos y sostener que no existió una operación propagandística dentro del inmueble oficial.
Aquí aparece el verdadero problema político.
Porque cuando una explicación oficial se enfrenta con fotografías, testimonios, publicaciones y una conversación pública que ya está instalada en redes sociales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.
Se convierte en una crisis de credibilidad.
Y la credibilidad no se decreta desde una oficina de comunicación. Se construye con evidencia.
El costo de recular
Lo que más debería preocupar al Gobierno de Tlaxcala no es solamente la polémica sobre unas cajas o unas fotografías que evidencian la intromisión del Gobierno en el proceso interno de Morena, la elección democrática está en riesgo y se puede consumar una elección de estado.
Es la percepción que queda después de la explicación oficial.
Si primero se reconoce que existe un problema, después se anuncian investigaciones y posibles sanciones, pero posteriormente la narrativa oficial cambia y se sostiene que “no hubo tal operación”, la ciudadanía tiene derecho a preguntar:
¿Entonces qué fue lo que vimos?
¿Quién llevó esos materiales?
¿Quién los organizó?
¿Para qué eran?
¿Quién autorizó su ingreso?
¿Quién permitió que se utilizaran espacios oficiales?
¿Y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad si una investigación confirma que sí existió utilización política de recursos o instalaciones públicas?
Son preguntas legítimas.
No son ataques.
Son las preguntas que una sociedad democrática debe hacerle a cualquier gobierno.
El segundo al mando también está obligado a responder
La controversia alcanza particularmente a Luis Antonio Ramírez Hernández, responsable de la política interior del estado, porque la Secretaría de Gobierno tiene entre sus responsabilidades preservar la gobernabilidad y contribuir a la conducción institucional del estado.
En una crisis de esta naturaleza, el silencio, la negación o una explicación que no consiga despejar las dudas puede terminar generando exactamente lo contrario de lo que busca una estrategia de comunicación: más sospechas.
La política moderna ya no se desarrolla únicamente en boletines oficiales.
Una fotografía publicada en redes puede convertirse en evidencia política; una explicación puede ser contrastada en cuestión de minutos y una contradicción puede permanecer circulando durante años.
El verdadero juicio ocurre en las redes
Aquí está quizá el punto más importante para el Gobierno estatal.
La ciudadanía ya no consume la información política de manera lineal.
Observa una fotografía, lee una declaración, encuentra una versión diferente, compara fechas, revisa publicaciones anteriores y construye su propia conclusión.
Por eso, negar una evidencia visual sin explicar de manera convincente su origen puede ser mucho más costoso que reconocer un error administrativo y corregirlo.
El gobierno puede ganar una discusión institucional.
Pero si pierde la confianza ciudadana, la factura política puede ser mucho mayor.
La pregunta que queda sobre la mesa
El asunto ya no debería reducirse a determinar si hubo o no propaganda política en Casa de Gobierno.
La pregunta de fondo es:
¿Puede la ciudadanía confiar en la versión oficial del Gobierno de Tlaxcala cuando las imágenes difundidas públicamente parecen contar una historia distinta?
Y hay una segunda pregunta, todavía más delicada:
¿Qué tendría que ocurrir para que un gobierno reconozca públicamente un error cuando existen evidencias que contradicen su primera explicación?
Porque gobernar también significa asumir costos.
Reconocer una irregularidad no necesariamente destruye a un gobierno.
A veces ocurre exactamente lo contrario.
Lo que destruye la confianza es hacer que la ciudadanía sienta que sus ojos están viendo una cosa mientras el gobierno insiste en que está viendo otra.
En política, la credibilidad es como un sistema informático: puede tardar años en construirse, pero una falla aparentemente pequeña puede comprometer todo el sistema.
Y cuando eso ocurre, no basta con reiniciarlo.
Hay que demostrar que funciona.
¿Tú qué habrías preferido: que el Gobierno reconociera los hechos, investigara y sancionara a los responsables, o que negara que existió una operación política pese a las imágenes difundidas?
La discusión lleva ya una semana y está lapidaria mediática será difícil de quitar.
