• La plantilla la conforman 38 trabajadores, más los comisionados, Maribel Rodríguez Piedras y Ángel Espinoza Ponce

El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales (IAIP), Arturo de Casa Vega, manifestó que no solicitará ninguna compensación al término de sus funciones; tras la inminente extinción del órgano garante en Tlaxcala.

“Tengo principios y valores como funcionario, y el recurso público debe ser para los trabajadores. Velaré para que sean liquidados todo el personal del Instituto, hombres y mujeres capacitados, y que nos han ayudado en estos tres meses que llevo como presidente del Instituto”, refirió.

Indicó que el pasado 20 de marzo del 2025, se extinguió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información​ y Protección de Datos Personales (INAI), deberán pasar 90 días para que en todas las entidades hagan el trabajo de homologar; en el ámbito local,  se harán leyes secundarias para el estado de Tlaxcala.

“La transición será apegada a derecho, y al mecanismo que instruyan las reformas. las obligaciones de los sujetos obligados siguen, solo es una transformación institucional, que va absorber, la Secretaría de la Función Pública”, señaló.

Negó que se haya solicitado o aprobado alguna compensación para los comisionados del IAIP; porque los suministros mensuales son para la nómina y las actividades en esta materia.

Agregó que el nuevo modelo concentrado o descentralizado será el que ejercerá los recursos públicos. “Si hay un sobrante eso se regresará a las arcas del estado para que la nueva institución lo haga de la mejor manera, y sobre todo para que el derecho a la transparencia siga”.

La plantilla es de 41 familias, 38 trabajadores, y los comisionados Maribel Rodríguez Piedras y Ángel Espinoza Ponce.

Indicó que la ministración mensual, no será suficiente para el tema de las liquidaciones; por lo que van a hablar con los diputados locales, a fin de detallar cómo será el proceso de transición formal. “Estoy a favor de los derechos adquiridos, porque es un personal altamente capacitado y profesional, que ha llevado en más de una década al instituto a defender los derechos humanos”.

Afirmó que el sentir de los trabajadores es de tranquilidad; y están enfocados en servir y hacer lo que compete en materia de transparencia, porque, además su labor ha dejado las bases para que siga este derecho.

El cargo No solicitaré ninguna compensación al término de mis funciones: presidente del IAIP apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La mayoría morenista y sus aliados en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Transparencia del Congreso del Estado se impuso a sabiendas de que algo así podría venir, más aún cuando algunas personas aspirantes son especialistas en derecho, como José David Cabrera Canales, quien aspiraba a formar parte de ese organismo autónomo por segunda ocasión. Con todo y sus antecedentes.

Pareciera una incongruencia, pero Cabrera Canales quedó fuera del proceso de designación después del examen escrito realizado en el patio central del Poder Legislativo, debido a que no alcanzó una calificación mínima de 8.

Incongruencia, porque el mismo Cabrera Canales forma parte de las 10 personas mejores evaluadas, de una lista de 51, que se inscribieron para formar parte del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).

Esa lista la conforman María de los Ángeles Guzmán García, Ileana Hidalgo Rioja, María de Lourdes López Salas, Luz María Mariscal Cárdenas, Alma Cristina López de la Torre, Julio César Bonilla Gutiérrez, Jonathan Mendoza Iserte, Luis Gustavo Parra Norieda, José David Cabrera Canales y Salvador Romero Espinosa.

En marzo pasado el dictamen que lleva esos nombres fue aprobado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador Juan Zepeda, con siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones; mientras que la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, lo aprobó con 10 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

El dictamen lleva meses detenido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido ser votado por el Pleno.

Lo cierto es que el listado en poder de ese órgano de dirección de la Cámara de Senadores están las personas aspirantes con mayores puntajes obtenidos en las cédulas de evaluación documental, el cual está conformada por cinco mujeres y cinco hombres.

Por supuesto que ese antecedente no era motivo para que Cabrera Canales pasara directo a la final. A mi parecer ni siquiera debió haber estado en la lista de aceptados para que pasarán a la etapa del examen escrito, debido a su ominosa participación como comisionado de la IAIP-Tlax cuando fue elegido por primera vez.

Poco más de un año después de haber tomado posesión al cargo de comisionado, el Congreso del Estado lo destituyó junto con Marlene Alonso Meneses y Francisco José Morones Servín, por omisiones en el desempeño de sus funciones y en actos que pusieron en riesgo la operación del IAIP-Tlax.

El motivo: desacato de diversas resoluciones y decretos del Poder Legislativo por parte de Cabrera Canales y Morones Servín perjudicó intereses públicos fundamentales y trastornó el funcionamiento del organismo autónomo.

Con ese antecedente, el Congreso del Estado debió haberlo echado fuera del proceso de selección, pero le dio luz verde y ahora paga las consecuencias.

No se esperaba menos de quien hoy por hoy es el presidente del Comité de Transparencia y Coordinador Institucional de Información y Transparencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

Si en el pasado su comportamiento fue problemático, también problemática se ha vuelto su participación en el proceso de designación organizado por el Poder Legislativo.

El Congreso del Estado cosecha lo que sembró, de eso no hay duda. Se lo merece por tanta negligencia y opacidad en el proceso.

contáctame en innombrablemx@gmail.com y también en noticias@martinrodriguezhernandez.com

El cargo Cabrera vs IAIP: para variar apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El proceso fue ensuciado en el momento mismo en que la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, Reyna Flor Báez Lozano, utilizando la mayoría de su partido, siguió línea para trabajar desde lo obscurito el proceso de selección.

Eso ocasionó un ruido innecesario tratándose de elegir a un integrante del órgano de transparencia.

Resultado de ese oscurantismo, fue la designación del un jurado calificador, en donde uno de sus integrantes corría el riesgo de ser descalificado por un potencial conflicto de intereses con alguna de las personas aspirantes. Aquí en este espacio se advirtió, y así ha sucedido.

No sólo es la magistrada en retiro, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, que ya de suyo es grave.

Entre ambos hay clarísimo conflicto de interés, no sólo porque la togada, después de asumir la presidencia del Poder Judicial, incrustó en la nómina a Francisco Mixcoatl Antonio, hoy integrante del jurado calificador, sino porque ella misma fue secretaria de Estudio del propio Mixcoatl Antonio cuando éste ocupó el cargo de comisionado.

Uno y otra se han favorecido cuando han ocupado cargos de relevancia.

Sin embargo, no es la única. En circunstancia similar está otra de las aspirantes Marlene Tlapale Tlapale. Si alguien no la conoce, debería llamar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que le den referencia.

Ahora mismo es secretaria particular de la ombudsperson Jakqueline Ordoñez Brasder, donde hace las veces de vicepresidenta.

El problema de Marlene Tlapale es que ocupó esa misma responsabilidad cuando Francisco Mixcoatl Antonio ocupó la presidencia de la CEDH.

Como en política nada es casualidad, no sería raro que la misma Ordoñez Brasdefer pueda influir a favor de Marlene Tlapale, siendo que la ombudsperson también ocupó el cargo de secretaria de estudio durante el periodo de Francisco Mixcioatl como comisionado de la hoy extinta Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (Caiptlax), donde pasó un largo periodo de recuperación después de una operación estética.

Estos antecedentes que aquí se describen por supuesto que pueden ser utilizados como argumentos por parte de personas aspirantes para impugnar jurídicamente el proceso de designación en el IAIP, e incluso organizaciones vigilantes del proceso de selección.

El mismo Congreso del Estado se ha metido en un embrollo del cual puede salir sólo con la exclusión de Francisco Mixcoatl Antonio como uno de los tres integrantes del jurado. U otra salida: que el mismo Mixcoatl Antonio se haga a un lado y presente sus razones por las que no puede seguir como jurado.

Aún es tiempo para alguno de esos dos escenarios, no hacerlo es arriesgarse a meter la designación en un pleito jurídico de quién sabe qué dimensiones.

¿No sabían las y los legisladores locales en qué se metían cuando determinaron nombrar dentro del sínodo a un originario de Tlaxcala y que, más aún, fue presidente del organismo de transparencia local?

Gran parte de esa responsabilidad hay que achacársela a la diputada Báez Lozano, quien ha encabezado los trabajos legislativos de este proceso en un oscurantismo que no tiene disculpa alguna.

Por lo demás, otro negro en el arroz es la inscripción de José David Cabrera Canales al proceso de selección de nuevo comisionado, pues fue uno de los responsables de la crisis del IAIP-Tlax, junto con Marlene Alonso Meneses y José Morones Servín. Esa crisis les costó a los personajes su destitución como comisionados y comisionada.

¿Y adivine usted quién era el asesor jurídico de Marlene Alonso Meneses, entonces presidenta del organismo de transparencia? Así es, lo adivinó: Francisco Mixcoatl Antonio. ¡Qué porquería!

Contáctame en innombrablemx@gmail.com y también en noticias@martinrodriguezhernandez.com

El cargo Otra farsa en el congreso apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.