Declaraciones impactantes, crímenes atroces y escándalos administrativos dibujan un panorama sombrío de un gobierno local desbordado, o peor aún, cómplice de las crisis que lo aquejan.

El 8 de noviembre de 2024, durante una tensa reunión con habitantes que reclamaban por la inseguridad, Arce Luna hizo una revelación escalofriante. En un video que se viralizó en redes sociales, la alcaldesa se dirigió al responsable de seguridad municipal, admitiendo la complejidad del problema: “No puedo cambiar en dos meses lo que se corrompió en tres años.

Pasamos de un semáforo rojo a uno amarillo, pero es fácil hablar desde afuera… Hay compañeros dentro del ayuntamiento involucrados con el crimen organizado, que informan a delincuentes y sabotean los esfuerzos”.

Estas palabras contrastan con las negaciones previas de la alcaldesa, quien insistía en que San Pablo del Monte no figuraba entre los municipios más violentos de Tlaxcala. Sin embargo, la realidad es innegable: cuerpos con huellas de tortura, calcinados o embolsados son una constante.

Arce Luna también reconoció que algunos de sus colegas presionan para que se ignore a los criminales, incluso cuestionando el aseguramiento de tractocamiones ligados a actividades ilícitas. “¿Eso es trabajar en equipo? ¿Eso es querer a San Pablo del Monte?”, preguntó a los presentes.

Siete meses después, el 4 de junio de 2025, un nuevo atentado estremeció al municipio. Óscar N., director administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), fue asesinado a balazos frente a su hogar, en el barrio de San Cosme.

El ataque ocurrió pasadas las 7:00 de la mañana en la calle Morelos Norte, cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron a la víctima dentro de su vehículo y le dispararon repetidamente, privándolo de la vida en el lugar.

Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes encontraron una escena devastadora. La policía acordonó la zona y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició las investigaciones, pero el crimen reavivó las dudas sobre la gestión de seguridad de Arce Luna.

Este asesinato, sumado a una serie de escándalos, expone la fragilidad del gobierno municipal. La administración de Arce Luna enfrenta acusaciones de corrupción y negligencia.

En 2024, pobladores protestaron por cobros excesivos en el uso de suelo del panteón, señalando directamente a Alejandro Martínez Sánchez, secretario del ayuntamiento y aliado cercano de la alcaldesa.

Las manifestantes, en su mayoría mujeres, denunciaron que Martínez Sánchez reasigna arbitrariamente espacios ya comprados, en lo que describen como un negocio lucrativo.

Un caso emblemático involucró a una familia que pagó 22 mil pesos en enero de 2025, monto que Arce Luna negó públicamente, asegurando que había descuentos y deudas pendientes.

Martínez Sánchez, conocido como “La Hamburguesa”, enfrenta acusaciones aún más graves. Varias mujeres, incluida Karla N., exsecretaria de la presidencia, lo han señalado por acoso sexual y laboral. Karla, despedida injustamente tras rechazar sus insinuaciones, obtuvo una orden de protección urgente del Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala el 11 de abril de 2025, que prohíbe a Martínez Sánchez contactarla.

Sin embargo, el funcionario permanece en su cargo, aparentemente intocable. Reportes periodísticos y testimonios sugieren un patrón: al menos diez mujeres habrían sufrido acoso similar, con la presunta protección de Arce Luna. La inacción de la alcaldesa, y su posible complicidad, cuestionan su compromiso con la justicia.

La inseguridad en San Pablo del Monte no se detiene. Recientes episodios de violencia colectiva, como un intento de linchamiento y el asesinato de una mujer en circunstancias similares, reflejan el colapso de la seguridad pública.

A pesar de los protocolos estatales contra linchamientos, diseñados para proteger los derechos humanos, la violencia desmedida persiste. En respuesta, el gobierno estatal implementó el Mando Coordinado el 27 de mayo de 2025, pero estas medidas no han logrado devolver la tranquilidad a los habitantes.

El gobierno de Ana Lucía Arce Luna es un rosario de promesas incumplidas y crisis acumuladas. Su administración parece incapaz, o incluso cómplice, ante el avance del crimen organizado, la corrupción interna y la violencia descontrolada. ¿No pudo controlar y optó por pactar, o qué sucedió?

San Pablo del Monte es un polvorín a punto de estallar. La pregunta es inevitable: ¿podrá la alcaldesa enfrentar el desafío, su legado será el caos que consume a su municipio o los maleantes son los que han tomado el control y se hacen cargo de pagar la nomina, incluida la de la alcaldesa que solamente acude a cobrar y firmar cada quince días a esas oficinas?

El cargo San Pablo del Monte: la gran fosa apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

A pesar de una orden de protección urgente emitida por el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala, Martínez Sánchez sigue en su cargo, aparentemente intocable. ¿Cómo es posible que un servidor público con tales señalamientos continúe operando con total impunidad? La respuesta podría estar en un preocupante contubernio que alcanza hasta las más altas esferas de la justicia estatal.

Karla N. no es un caso aislado. Testimonios y reportes periodísticos apuntan a un patrón: al menos diez mujeres habrían sufrido acoso por parte de Martínez Sánchez, respaldado, según denuncias, por la propia presidenta municipal, Ana Lucía Arce Luna. Esta protección no es mera especulación.

A pesar de que la orden de protección, emitida el 11 de abril, prohíbe al secretario cualquier contacto con Karla N. y establece medidas de seguridad, Arce Luna no ha iniciado ningún procedimiento administrativo contra su mano derecha. Peor aún, hay quienes aseguran que el despido de Karla fue orquestado por la propia alcaldesa, lo que sugiere una complicidad que va más allá de la omisión.

El historial de Martínez Sánchez es alarmante. Desde su paso como representante político en el INE hasta administraciones municipales previas, como la de Cutberto Benito Cano Coyotl, las denuncias por acoso sexual lo persiguen. Mujeres policías y trabajadoras del ayuntamiento han relatado experiencias similares, muchas de ellas silenciadas por miedo a represalias o despidos.

Sin embargo, estas acusaciones no han derivado en consecuencias legales significativas. ¿Por qué? Aquí entra en escena un actor clave: la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, encabezada por Ernestina Carro Roldán.

A pesar de las denuncias formales presentadas ante la FGJE, incluida la de Karla N., no hay avances visibles en la investigación contra Martínez Sánchez. La fiscalía cuenta con elementos suficientes: testimonios, la orden de protección y un historial de señalamientos que no puede ignorarse. Sin embargo, la inacción es ensordecedora.

Esta parálisis alimenta las sospechas de un contubernio entre el poder municipal y la fiscalía, donde la protección política y los vínculos personales podrían estar obstruyendo la justicia. La propia policía municipal, encargada de garantizar la seguridad de Karla N., está bajo la influencia de Martínez Sánchez, lo que pone en duda la eficacia de las medidas de protección y expone la fragilidad del sistema.

La indignación ciudadana crece en San Pablo del Monte. En redes sociales, los habitantes denuncian no solo el abuso de poder de Martínez Sánchez, sino la complicidad de Arce Luna, quien, según trabajadores del ayuntamiento, mantiene una relación “más que laboral” con el secretario.

La alcaldesa ha intentado desviar la atención, atribuyendo las críticas a “grupos políticos contrarios”, eso le dice a los enviados de la secretaría de Gobernación. Pero los hechos son innegables: una trabajadora fue acosada, despedida y hostigada, y el responsable sigue en su puesto, mientras la fiscalía guarda un silencio cómplice.

El caso de San Pablo del Monte no es solo una afrenta a las víctimas de Martínez Sánchez, sino un reflejo de un sistema que falla en proteger a las mujeres y perpetúa la impunidad. Ernestina Carro Roldán tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que la FGJE no es un apéndice de los intereses políticos locales.

Proceder contra Martínez Sánchez no solo sería un acto de justicia para Karla N. y las demás víctimas, sino un mensaje claro: nadie, ni siquiera los protegidos del poder, está por encima de la ley.

La pregunta resuena: ¿hasta cuándo se permitirá que “La Hamburguesa” y sus aliados sigan burlando la justicia? Tlaxcala merece respuestas, y las mujeres de San Pablo del Monte, seguridad y dignidad.

Las tres de ley… 1- Mentiras varias se han dicho en torno a la Olimpiada Nacional, la primera es que es la primera ocasión que Tlaxcala es sede: mentira total, la primera ocasión sucedió en 2006 y la mascota se llamó Tiaxca, era un toro de Lidia y fue muy “chuleada” por Nestor Vargas, otrora titular de la Conade, el gobernador era Héctor Ortiz, gobernaba el PAN  y Juan Gabriel Sánchez fue el titular del IDET… 2- De la inauguración que vimos el pasado fin de semana en el Tlahuicole pocos lo dirán pero al menos para mi, no estuvo a la altura de lo esperado, al menos en el espectáculo: En un evento para jóvenes cualquiera esperaría un grupo juvenil con música que conectara con ellos, y no a tres rancheros insípidos -y desconocidos- con musica vernácula que sirve para aburrir a los asistentes a los VX años de cualquier fiesta de pueblo, que aunque gratuitos no brindaron ningún tipo de show… 3- De los eventos y partidos que habrán de disputarse, nadie duda de lo que serán. Aquí están los futuros referentes del deporte nacional y mundial. No espero que todos entiendan o valoren lo que significa una olimpiada en Tlaxcala, tampoco que reconozcan lo hecho por Daniel Moncayo; mucho menos que él logre ver su cosecha en el mediano plazo, pero el tiempo le dará la razón a Cuellar por haberlo traído a Tlaxcala. Daniel Moncayo Cervantes es de esos garbanzos de libra que tenemos y no conocemos, ni reconocemos, hasta que ya no están.

El cargo Un secretario enamorado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.