Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó su gráfica impecable: población, número de diputados, presupuesto asignado y, el dato que encendió las alarmas, el costo promedio por legislador.

Tlaxcala, con poco más de un millón trescientos mil habitantes y 25 curules, aparecía en el lugar 12 nacional, con un presupuesto de 408 millones 425 mil 123 pesos para el Congreso en 2026 y un promedio de 16.3 millones de pesos por cada diputado.

No era un ataque directo, sino un ejemplo matemático dentro del anuncio del “Plan B” de reforma electoral: establecer topes al gasto legislativo para eliminar disparidades, reducir privilegios y redirigir ahorros hacia obra pública y necesidades sociales.

El mensaje era claro y republicano: ¿por qué un estado pequeño como Tlaxcala genera un costo operativo por curul superior al de entidades mucho más grandes y complejas?

En el Congreso local la reacción fue inmediata. El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Campech Avelar, salió al frente para desmontar lo que calificó como un cálculo equivocado e irresponsable.

Insistió en que el presupuesto no se destina exclusivamente a los diputados, sino a toda la estructura administrativa: nóminas de trabajadores sindicalizados, servicios generales, mantenimiento, obligaciones laborales y el funcionamiento diario del Poder Legislativo.

Recordó que en Tlaxcala no existen bonos extras ni percepciones infladas más allá del salario base —que ronda los 1.7 a 1.8 millones anuales por legislador—, y defendió la autonomía de la institución frente a cualquier intento de simplificar el gasto total como si fuera un bolsillo personal de las 25 curules.

Su postura era comprensible: el Legislativo estatal, históricamente criticado por su baja productividad legislativa y por mantener un aparato administrativo sobredimensionado en un estado chico, se sintió expuesto públicamente, y más viniendo de la presidenta de su propio partido.

Sin embargo, el vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez (MARVEL), había visto la misma mañanera y decidió no esquivarla.

En los Diálogos Circulares de ese mismo día retomó las cifras presidenciales sin confrontación, ubicó a Tlaxcala en el top 12-15 de congresos más costosos por legislador y explicó que el monto de 16.3 millones incluye toda la estructura administrativa, no solo los sueldos de los diputados.

Su intervención alineó el discurso local con la narrativa federal de austeridad, reconociendo la disparidad como un punto válido para abrir el debate sobre eficiencia y reingeniería.

No hubo rechazo ni matiz defensivo; hubo aceptación del dato como indicador legítimo de por qué el Plan B tiene sentido. Cómo no hacerlo cuando viene de colaborar junto a ella.

Aquí radica la paradoja tlaxcalteca de ese 12 de marzo: ambos tienen razón, pero desde ángulos distintos.

Sheinbaum y Martínez Velázquez operan con la precisión del promedio operativo total, un indicador útil para comparar eficiencia entre estados y justificar topes nacionales.

Campech Avelar acierta al matizar que no se trata de un “salario millonario” individual, sino del costo institucional completo en un Congreso que carga con una plantilla administrativa pesada y obligaciones que van más allá de las curules.

La diferencia no está en los hechos, sino en la actitud ante ellos. Mientras el vocero estatal procesó la información presidencial en tiempo real y la integró a la conversación pública sin drama, el presidente de la JCCP respondió con la urgencia corporativa de quien ve a la institución bajo el reflector federal.

Más tarde se supo que la presión de bancadas diversas —oposición incluida— habría amplificado esa reacción defensiva: nadie quiere ser el ejemplo negativo nacional, ni siquiera cuando el señalamiento viene de la 4T y apunta a una austeridad que, en teoría, todos comparten.

Al final, el episodio revela más sobre las tensiones internas de Morena en Tlaxcala que sobre contradicciones reales en las cifras.

El Congreso local no es un nido de privilegios extravagantes, pero sí arrastra ineficiencias estructurales que el cálculo federal expone sin piedad.

El vocero entendió que ignorar la mañanera no era opción en un gobierno alineado con el proyecto presidencial; el diputado, en cambio, priorizó la defensa institucional inmediata, quizás sin haber digerido del todo el contexto nacional del Plan B.

Tlaxcala, una vez más, se encuentra en esa encrucijada clásica: entre la autonomía que protege y la austeridad que exige el centro.

La pregunta que queda flotando es si esta exposición incómoda servirá para una autocrítica genuina o solo para atrincherarse un poco más en la autonomía. Porque, números en mano, la disparidad existe; lo que falta es decidir si se corrige desde adentro o se espera el tope que venga de arriba.

El cargo Las dos visiones apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

* Con votación dividida de tres 3 contra 2, fueron confirmados como abanderados de la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”

Con una mayoría de tres votos contra dos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles las candidaturas de Lorena Ruiz García y Ever Alejandro Campech Avelar como candidatos a diputados locales por la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala” en los distritos 04 de Apizaco y 01 de Calpulalpan, respectivamente.

La magistrada Janiene Otálora Malassis proponía la revocación de la sentencia que emitió la Sala Regional Ciudad de México, que confirmó los registros de ambos legisladores con licencia y que ahora mismo buscan su reelección.

Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfedo Fuentes Barrera y la presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso votaron en contra del proyecto presentado, que solamente fue avalado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Cabe recordar que la semana pasada, la Sala Regional Ciudad de México declaró infundados los argumentos del PAN, PRI y PRD, que argumentaban la necesidad de acreditar una desvinculación de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, como ahora sucedió con la Sala Superior, por mayoría de votos el Pleno de la Sala Regional consideró que esa exigencia era contraria al mandato reconocido en el bloque de constitucionalidad, el cual prohíbe restringir o suspender el ejercicio de los derechos humanos, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece el texto constitucional.

Esa opinión no fue compartida por la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, quien propuso revocar la sentencia emitida en su momento por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), al considerar que en términos de la jurisprudencia 7/2021 de la Sala Superior del TEPJF, para que una persona que hubiera sido postulada por un partido político o coalición pueda postularse en reelección, debe renunciar a su militancia y al grupo parlamentario del partido correspondiente antes de la mitad de su mandato.

De acuerdo con los magistrados que avalaron el registro de las candidaturas impulsadas por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FxM), Lorena Ruíz y Alejandro Campech habían cumplido con acreditar su renuncia a su militancia al PT y PRD, respectivamente, antes de llegar a la mitad de sus mandatos.

La ponencia de la magistrada Otálora Malassis establecía que la desvinculación del grupo parlamentario debía inscribirse en el concepto amplio de renuncia partidista, pues no se trataba de un elemento adicional, “sino que es parte del mismo al implicar la separación completa del nexo partidista por quien pretende nuevamente obtener una candidatura”.

Al final, sin embargo, la propuesta no fue avalada por el Pleno de la Sala Superior, turnando al diputado Felipe Alfredo Fuentes Barrera el engrose respectivo.

El cargo Confirma Sala Superior candidaturas de Lorena Ruiz y Alejandro Campech para diputaciones locales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) acudieron a la última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para pedir la revocación de los registros a diputaciones locales de Lorena Ruiz García en el distrito 04 de Apizaco y Ever Alejandro Campech Avelar del distrito 01 de Calpulalpan, presentadas por la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”, los cuales fueron confirmados por la Sala Regional Ciudad de México.

Los recursos ya se encuentran en la Sala Superior, dentro de los expedientes SUP-REC-446/2024, SUP-REC-435/2024 y SUP-REC-426/2024, los cuales están a cargo de la magistrada Janine Otálora Malassis. En éstos se impugna la sentencia emitida en el juicio SCM-JRC-56/2024 y acumulados, que confirmó la resolución dictada por el Tribunal Electoral de Tlaxcala en los juicios TET-JE-064/2024 y sus acumulados, en la que se validó la determinación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) respecto de la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, presentadas por la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”.

Cabe recordar que el pasado 07 de mayo, la Sala Regional Ciudad de México determinó, por mayoría de votos, que los argumentos presentados por PAN, PRI y PRD, que sugerían la necesidad de acreditar una desvinculación de los grupos parlamentarios, eran infundados.

La mayoría del Pleno consideró que tal exigencia era contraria al mandato reconocido en el bloque de constitucionalidad, el cual prohíbe restringir o suspender el ejercicio de los derechos humanos, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece el texto constitucional.

Por tanto, al verificar que las personas diputadas efectivamente habían cumplido con acreditar su renuncia a su militancia al PRD y PT, respectivamente, antes de llegar a la mitad de sus mandatos, la Sala Regional confirmó la resolución impugnada.

Los recursos de impugnación fueron turnados originalmente a la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, quien propuso revocar la sentencia impugnada al considerar que, en términos de la jurisprudencia 7/2021 de la Sala Superior del TEPJF, para que una persona que hubiera sido postulada por un partido político o coalición pueda postularse en reelección, debe renunciar a su militancia y al grupo parlamentario del partido correspondiente antes de la mitad de su mandato.

Derivado de lo anterior, proponía revocar la resolución combatida y considerando además la indebida valoración de las pruebas presentadas en la instancia local, la magistrada propuso al pleno revocar el registro de las dos candidaturas controvertidas, situación que no consiguió.

El cargo Impugnan ante la Sala Superior, registro de Lorena Ruíz y Alejandro Campech como candidatos a diputaciones apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Entre ambos se ha dado un cambalacheo de candidaturas, prestándose uno a otro miembros de sus respectivos partidos para realizar postulaciones.

Ha sido así porque el Partido del Trabajo (PT) determinó ir solo en las elecciones locales del próximo 2 de junio, haciendo ver un rompimiento con el gobierno estatal debido al maltrato del que ha sido objeto desde el inicio de la actual administración.

Su apoyo en la campaña electoral de 2021 no se ha visto compensado con espacios dentro de la administración pública, ya no digamos en el gabinete. El partido de la estrella ha sido completamente relegado y no se le ha tomado en cuenta.

¿En que consiste el cambalacheo de candidaturas entre Morena y el Verde? Un primer paso en ese camino se dio con la postulación de Sergio González Hernández para el Senado de la República.

El ex secretario de Gobierno buscaba afanosamente la candidatura a la Cámara de Senadores pero por Morena, no por el partido del tucán.

Un análisis realizado en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena atisbó la posibilidad de postular en varias entidades federativas candidaturas sin alianza.

Una de ellas fue Tlaxcala, considerando que los estudios demoscópicos daban una alta preferencia electoral a favor de Morena. El cabildeo del ex panista hizo el resto.

El Verde Ecologista le dio registro a Sergio González para ir en busca de un asiento en el Senado. Que lo logre o no será una cosa, pero ese paso se dio.

Algo muy similar sucedió con Raymundo Vázquez Conchas, quien fue la sorpresa entre las candidaturas a las diputaciones federales.

El Verde Ecologista le dio arropo con sus siglas al regidor del ayuntamiento de Tlaxcala con licencia, y si la candidatura de Alfonso Sánchez García aborta para no ser el abanderado de Morena en la capital, es muy posible que el PVEM le dé cobijo y lo impulse como su candidato para competir el próximo 2 de junio.

Más aún, si el ex secretario de Infraestructura es derrotado en las urnas, el lorenismo se quedará con una única carta de cara a las elecciones de 2027: la de Ramundo Vázquez Conchas.

Ahora, con la oficialización de las candidaturas morenistas a las diputaciones locales, se avanza otro paso en el cambalacheo entre esos dos partidos políticos.

Los dos diputados que tenía el Verde Ecologista en el Congreso del Estado, son postulados por Morena para buscar su reelección. Son los casos de Jaciel González Herrera y de Maribel León Cruz.

Habrá que esperar el lanzamiento de candidaturas para la elección de ayuntamientos, pero no causaría sorpresa alguna que el cambalacheo siga presentándose entre Morena y el Verde.

Siendo así, uno esperaría que además de buena cabida que Morena le ha dado al Verde en sus candidaturas, y al contrario, el Verde a las candidaturas lorenistas, el tucán se vea recompensado con cargos públicos dentro de la administración estatal, porque la verdad también ha sido relegado en la ocupación de cargos públicos.

Ese sería el escenario, a menos que el Verde se sienta recompensado electoralmente, porque es seguro que con candidaturas propias, el partido del tucán no iría a ninguna parte. Su votación será, acaso, su recompensa.

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Concluido el plazo para que los 110 entes fiscalizables entregaran sus respectivas cuentas públicas correspondientes al trimestre agosto-septiembre de este año, todos los entes cumplieron aseguró el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Ever Alejandro Campech Avelar, quien además reveló que es la primera ocasión en lo que va de la actual Legislatura que eso sucede.

“Creo que por primera vez en lo que va de esta legislatura entregaron los 110 entes fiscalizables, estamos hablando de los 60 municipios, 40 entes públicos, siete organismos autónomos y los tres poderes. Todos los hicieron en tiempo y en forma, todos cumplieron sin ningún problema”, informó el legislador local.

Campech Avelar refirió que de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, el lunes 30 de octubre venció el plazo que tenían los entes fiscalizables para remitir a la Cámara de Diputados su cuenta pública, y que todos cumplieron con esa obligación, aunque en el caso de los ayuntamientos no precisó si los estados financieros contaban con el aval de las sindicaturas municipales.

El diputado perredista reconoció que algunas autoridades municipales solicitaron prórrogas para presentar con posterioridad sus cuentas públicas, pero aseguró que esas solicitudes fueron todas rechazadas.

“Algunas autoridades, aduciendo distintos problemas, pidieron la autorización para presentar sus cuentas públicas después del plazo legal, sin embargo, nosotros fuimos muy claros al decirles que no existía prórroga. La ley es muy clara y el plazo vencía el día 30 de octubre a las 24 horas, afortunadamente todos los entes públicos entregaron, sin excepción”, indicó.

Cabe recordar que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece que los titulares de los entes fiscalizables deberán presentar su cuenta pública ante el Congreso del Estado, en forma impresa y digitalizada, con el propósito de que facilitar su procesamiento. Una vez recibida, el Congreso la turnará al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, y al término del plazo, el Poder Legislativo enviará un informe de los entes fiscalizables que no la presentaron para que el órgano auditor inicie el procedimiento administrativo correspondiente para la imposición de una multa.

El cargo ENTREGAN LOS 110 ENTES CUENTA PÚBLICA AGOSTO-SEPTIEMBRE AL CONGRESO DEL ESTADO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.