El caso del Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo reúne, por desgracia, un poco de todo y es que le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que intervenir para recordarle tanto al municipio como al Congreso de Tlaxcala algo tan elemental como que la regulación de los hidrocarburos es una facultad exclusiva de la Federación.

La resolución no deja espacio para interpretaciones. Por unanimidad, la Corte invalidó el artículo 61 de la Ley de Ingresos de Acuamanala porque pretendía obligar a empresas dedicadas al transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos a obtener una licencia municipal de funcionamiento y pagar cuotas calculadas por metro lineal de ductos, además de un registro adicional. En otras palabras, el municipio quiso convertir una actividad estratégica nacional en una fuente ilegal de ingresos locales.

Lo preocupante no es únicamente que el ayuntamiento haya incluido esa disposición en su Ley de Ingresos. Lo verdaderamente alarmante es que la LXV Legislatura de Tlaxcala la revisó, la discutió y la aprobó sin advertir una invasión de competencias constitucionales que resulta evidente para cualquier análisis jurídico básico. Ese desliz habla de una preocupante falta de rigor en el trabajo legislativo y expone una evidente ignorancia en el conocimiento legislativo que vulnera la Carta Magna.

Pero el episodio fue todavía más lejos. En lugar de reconocer el error cuando el asunto llegó a la Suprema Corte, el Congreso local decidió defender lo indefendible, el interés de fortalecer ilegalmente una recaudación municipal que excede de sus facultades y atribuciones.

En un oficio enviado al máximo tribunal sostuvo que los municipios sí tienen facultades para cobrar esas licencias, pese a que la Constitución establece con absoluta claridad que la industria de los hidrocarburos pertenece al ámbito estratégico reservado a la Federación.

A esa defensa se sumó la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que respaldó la legalidad del proceso legislativo y negó cualquier invasión de competencias. El problema es que la discusión nunca fue sobre el procedimiento, sino sobre el contenido de una norma que claramente excedía las facultades municipales evidenciando el interés millonario que buscaba cobrar el municipio para hacerse de dinero.

La sentencia de la Corte fue clara y evidente porque deja otra enseñanza: las atribuciones municipales en materia de licencias tienen límites precisos que deben entenderse y no malinterpretarse.

Los ayuntamientos pueden regular el uso de suelo, permisos de construcción y servicios públicos dentro de su esfera constitucional, pero no pueden condicionar actividades económicas cuya regulación corresponde exclusivamente al gobierno federal, esas actividades competen al poder ejecutivo federal y cualquier invasión en las facultades puede ser sancionada por la ley. Pretender lo contrario no fortalece el federalismo; lo distorsiona, daña y debilita a las instituciones.

Este revés se suma a una lista de descalabros que parecen no ver ni entender quiénes por obligación deben servir al pueblo. Las leyes de ingresos municipales no pueden convertirse en un catálogo de ocurrencias para aumentar la recaudación mediante la invasión de facultades y atribuciones. Cada disposición debe respetar el marco constitucional, porque de lo contrario termina siendo anulada por los tribunales y exhibe la falta de técnica legislativa de quienes la aprobaron.

Más allá de la derrota jurídica de Congresistas y del Gobierno de Tlaxcala, queda una pregunta inevitable: ¿cuántas normas similares han sido aprobadas sin el debido análisis? Si un asunto tan claro requirió que la Suprema Corte corrigiera al Congreso de Tlaxcala por unanimidad, el problema no parece ser un error aislado, sino una preocupante debilidad en el proceso de revisión legislativo.

La Constitución volvió a imponerse. Lo lamentable es que haya tenido que ser la Suprema Corte quien le recordara al Congreso de Tlaxcala cuáles son los límites de su propia competencia.

En un estado donde constantemente se habla de fortalecer las instituciones, el primer paso debería ser legislar con conocimiento, responsabilidad y respeto al orden constitucional, no defender errores hasta que el máximo tribunal obligue a corregirlos.

El cargo Suprema Corte exhibe una vez más la incompetencia del Congreso de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), realizó la primera entrega de cheques de 2026, en beneficio de tlaxcaltecas que impulsan proyectos productivos, con una dispersión total de 703 mil pesos.

Estos apoyos financieros forman parte del compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por garantizar el acceso al crédito como una herramienta real para generar bienestar, impulsar los negocios locales y abrir nuevas oportunidades productivas para las familias tlaxcaltecas.

El director general de la financiera estatal, Carlos Augusto Pérez Hernández, destacó que la estrategia está enfocada en atender las necesidades de quienes se desempeñan en los sectores agrícola, comercial, industrial, de servicios y ganadero, con el propósito de que consoliden sus proyectos productivos y fortalezcan la economía del estado.

“Lo que buscamos con este respaldo financiero es que les vaya bien, que consoliden su negocio, porque cuando a nuestros emprendedores les va bien, le va bien a Tlaxcala”, subrayó.

Entre las personas beneficiarias destacan seis mujeres que accedieron al esquema “Mujer Fomtlax”, con una dispersión de 78 mil pesos, dirigidos a giros como venta de comida, fabricación de muebles, taquería, bazar, tienda de abarrotes y comercializadora, en los municipios de Chiautempan y Tetlanohcan.

A través del programa “Microtandas”, se apoyaron 17 unidades productivas, principalmente del sector comercial, con créditos de 5, 10 y 15 mil pesos, destinados a fortalecer negocios como pollerías, tiendas de ropa, ventas por catálogo, viveros y comercios de productos de belleza.

En este rubro se dispersaron 120 mil pesos en beneficio de municipios como Texoloc, Contla, Chiautempan, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaltelulco, Acuamanala, Cuapiaxtla, Tlaxcala, Tepeyanco, Zacatelco, Tzompantepec, Tetla y Teolocholco.

Finalmente, mediante el esquema de Créditos Individuales, se entregaron cinco revolvencias por 475 mil pesos, así como un cheque adicional por 30 mil pesos para el sector ganadero, impulsando la actividad productiva en los municipios de Lázaro Cárdenas, Altzayanca, Axocomanitla y San José Teacalco.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de acercar el financiamiento a quienes generan empleo, dinamizan la economía local y sostienen, con su trabajo diario, el desarrollo de Tlaxcala.

El cargo GOBIERNO DEL ESTADO ACERCA FINANCIAMIENTO A GENERADORES DE EMPLEO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ha expedido un total de mil 247 licencias de conducir mediante la unidad móvil, estrategia que busca acercar los servicios estatales a la población y garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad.

La unidad ha recorrido -del mes de mayo a la fecha- 14 municipios, permitiendo a miles de personas tramitar por primera vez, o renovar, su licencia, sin necesidad de salir de su municipio para trasladarse a oficinas centrales.

Entre las demarcaciones atendidas destacan Mazatecochco, Cuapiaxtla, San Pablo del Monte, Ixtacuixtla, Acuamanala, Nanacamilpa, El Carmen Tequexquitla, Tenancingo, Hueyotlipan, Españita y Tepetitla de Lardizábal, entre otros.

La dependencia informó que la próxima semana, en el municipio de Tetla de la Solidaridad, se instalará la unidad los días 16 y 17 de octubre, donde las y los conductores podrán realizar trámites de expedición y renovación de licencias en sus distintas modalidades.

El titular de la SMyT, Marco Tulio Munive Temoltzin, destacó que este programa forma parte de la estrategia estatal para descentralizar los servicios de movilidad y facilitar el acceso a los trámites en zonas rurales y urbanas.

“Llevar la Unidad Móvil a los municipios significa acercar al ciudadano los servicios que ofrecemos, hacer los procesos más ágiles y fortalecer la seguridad vial en todo el territorio tlaxcalteca”, apuntó.

Con la expedición de mil 247 licencias en menos de cinco meses, la Secretaría de Movilidad y Transporte reafirma su compromiso de mantener una atención directa, eficiente y cercana a la población.

La Unidad Móvil de Licencias continuará su recorrido por diferentes municipios en lo que resta del año, con el objetivo de que más tlaxcaltecas cuenten con documentación vigente y contribuyan a una movilidad más ordenada y segura.

El cargo EXPIDE UNIDAD MÓVIL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MÁS DE MIL 200 LICENCIAS DE CONDUCIR apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El programa, que aborda la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, beneficiará a 21 municipios cercanos al volcán Malinche, también conocido como Matlalcueytl.

Entre los municipios incluidos se encuentran Acuamanala, Chiautempan, Contla, Cuaxomulco, Huamantla, Ixtenco, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco, Papalotla, Tetlanohcan, San José Teacalco, San Pablo del Monte, Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, Tocatlán, Tzompantepec, Zitlaltepec y Tlaxco.

En entrevista para “EN LÍNEA” que se transmite en este portal de lunes a viernes con un horario de 13:00 a 14:00 horas, el ex diputado local señaló que el programa tiene como objetivo la conservación de los sistemas naturales en estas áreas mediante la participación activa de la población local en la gestión del territorio, la restauración de recursos y la valorización económica de los servicios ambientales prestados.

También explicó que el programa buscará generar oportunidades productivas alternativas para las comunidades y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes en las áreas naturales protegidas y sus alrededores.

Además, el programa federal ofrece subsidios para estudios técnicos, proyectos, cursos de capacitación y brigadas de contingencia ambiental, con el fin de apoyar a campesinos, comisariados y grupos organizados en la región. El plazo para inscribirse y acceder a los beneficios es de tan solo 15 días a partir del 27 de febrero, lo que hace crucial que los interesados busquen la información y cumplan con los requisitos de manera oportuna.

Juárez también expresó su esperanza de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas incluya a otros municipios que no cuentan con áreas forestales en este programa, para que más comunidades puedan aprovechar los recursos destinados para su conservación.

Para conocer más del acuerdo, te compartimos la liga en donde encontrarás la información necesaria.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5750398&fecha=27/02/2025#gsc.tab=0

El cargo Beneficiará el PROCODES 2025 a municipios sin áreas forestales en Tlaxcala: UCD apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con la denuncia presentada, en el mes de enero de 2016 la víctima conoció al imputado en el estado de Monterrey, y posteriormente se fueron a vivir juntos al municipio de Papalotla, donde la convenció de prostituirse con el argumento de que su calidad de vida mejoraría, por lo que, el indiciado la llevó a la Ciudad de México y la explotó sexualmente.

Después de que la FGJE tuvo conocimiento de este hecho, inició las investigaciones y el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien libró el mandamiento judicial.

Elementos de Investigación realizaron labores de campo y gabinete y el hombre fue localizado y aprehendido en la carretera Chiautempan-Puebla, a la altura del municipio de Acuamanala, donde le hicieron saber el motivo de su detención, así como los derechos que le asisten como persona detenida.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado refrenda su compromiso de hacer cumplir la ley a quien o quienes atenten contra la integridad de las mujeres.

El cargo APREHENDE FGJE A HOMBRE POR TRATA DE PERSONAS apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La protesta también criticó la indiferencia del alcalde, Rogelio Pichón Luna, señalando que ha abusado de su cargo y ha utilizado su posición para cometer actos de corrupción.

Los manifestantes denunciaron que, además de enfrentar una creciente ola de delincuencia debido a la inacción de la policía local, los ciudadanos ahora deben lidiar con los propios elementos de seguridad que extorsionan a conductores en la vía federal. “Ya solo falta que ellos sean los que se metan a robar a nuestras casas”, exclamó uno de los inconformes.

El descontento aumentó después de que varios vecinos documentaran diversas irregularidades cometidas por los oficiales, como el caso de policías conduciendo una patrulla en estado de ebriedad a pesar de las pruebas, tanto el director Pérez Pérez como el alcalde Pichón no solo han ignorado la situación, sino que han intentado intimidar a quienes han denunciado estos hechos.

Ante la presión social, el presidente municipal, Rogelio Pichón Luna, acompañado de la regidora de Seguridad, Yazmín Hernández Ocaña, y el director de Seguridad Pública, Carlos Pérez Pérez, sostuvieron una reunión con los habitantes de la comunidad para atender sus inquietudes y propuestas.

Durante el encuentro, se acordó formar una comisión integrada por ciudadanos que dará seguimiento a las peticiones y trabajará en conjunto con las autoridades para mejorar la seguridad en el municipio.

Uno de los principales acuerdos fue la emisión de una convocatoria para ocupar el cargo de director de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la corporación y garantizar una mayor tranquilidad a la población.

Además, se aclararon diversas situaciones relacionadas con la seguridad y se estableció un compromiso de colaboración entre la ciudadanía y las autoridades para trabajar unidos en la prevención del delito.

El cargo Responde el alcalde de Acuamanala ante la protesta de habitantes por abusos policiales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), Anel Bañuelos Meneses, junto con los integrantes del Pleno, tomó la protesta de ley a 10 profesionales del derecho que cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para desempeñar el cargo de Juez Municipal.

Se trató de Valentín Job López Piña de Cuapiaxtla; Saúl Juárez Aguilar de Ixtacuixtla; Marco Antonio López Rivera de Muñoz de Domingo Arenas; Enedina Ivón Avendaño del Carmen de Tocatlán; Abraham Arenas Hernández de Zacatelco; Cristhian Corona Armenta de Cuaxomulco; Joana Rivas Esteban, Vanessa Romero Flores y Omar Fernando Leal de Huamantla; así como Facundo Jiménez Cuaxilo de Acuamanala de Miguel Hidalgo.

Durante la sesión ordinaria la magistrada presidenta informó que todos los abogados cumplieron con lo previsto en las diferentes normas, por lo que fue procedente su designación en dicho cargo

Después de la toma de protesta, la presidenta del Poder Judicial entregó los nombramientos respectivos con los que se acredita que cumplen con los requisitos señalados en los artículos 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, 154 y 155 de la Ley Municipal del Estado.

El cargo Rinden protesta ante el pleno del TSJE 10 jueces municipales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Y es que la SCJN invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos 2024 de 18 municipios del estado de Tlaxcala por cobros relacionados con el derecho de acceso a la información pública.

Los municipios señalados son: Huamantla, Apizaco, Tlaxcala, Chiautempan, Quilehtla, Terrenate, Tenancingo, Acuamanala, Mazatecochco, Apetatitlán, Benito Juárez, El Carmen Tequexquitla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, San José Teacalco, Zacualpan, Muñoz de Domingo Arenas y Totolac.

Ante esto, la SCJN llamó al Congreso local a evitar incurrir en vicios de inconstitucionalidad que también pudieran generar violaciones a los derechos humanos.

De esta manera, y por tercer año consecutivo, la CNDH promovió acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, tras señalar que hubo violación al derecho de acceso a la información pública, a la gratuidad de este derecho y al principio de proporcionalidad tributaria.

Por su parte, la corte indicó que el cobro por servicios de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que no guarda una relación razonable con el costo de materiales necesarios para la prestación del servicio.

El cargo ¡De nuevo! SCJN invalida disposiciones de 18 leyes de Ingresos municipales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la inauguración de obra pública en el municipio de Acuamanala, que se concretó a través del programa “Peso a peso”, con una inversión bipartita superior a 2 millones de pesos, misma que beneficiará a 950 habitantes de la comunidad de Olextla de Juárez.

Los trabajos realizados en la primera etapa consistieron en la sustitución de pavimento con adoquín, agua potable, obra civil, pavimento y señalamientos sobre una longitud de mil 973 metros cuadrados, específicamente en la calle Malintzi.

En su mensaje ante los asistentes, la mandataria afirmó que en el municipio de Acuamanala su gobierno ha invertido 9 millones 339 mil pesos de manera extraordinaria en infraestructura social.

“Finalmente se convierte en 18 mdp porque el presidente pone la mitad y nosotros una suma igual y eso es algo que quiero mencionar que cuando hablé con los presidentes para decirles que hicieran un esfuerzo para que pusieran una parte y avanzáramos más, les pedí que fuera de su gasto corriente y tuvieron que abrocharse el cinturón” señaló.

Cuéllar Cisneros también destacó la inversión histórica realizada en materia de Bienestar social en la comuna, “mandamos el apoyo de 6 millones de pesos extraordinarios, también para el apoyo de paneles solares de ayudas funcionales como auxiliares auditivos, sillas de ruedas, bastones, prótesis, para personas que tienen alguna discapacidad, que son gratuitas, despensas, tinacos, cirugías gratuitas a personas con cataratas, en fin”.

En el evento, el secretario de Infraestructura, Diego Corona Cremean destacó que al igual que la obra inaugurada, el gobierno del estado realiza otras más, “estamos realizando el equipamiento de pozo de agua potable, una línea de conducción con un valor de 3 millones 806 mil pesos, sustitución de pavimento con adoquín en la calle Hidalgo con un valor de 1.6 millones de pesos, y la rehabilitación del parque con un millón de pesos, eso directamente lo pagó el Gobierno del Estado”.

A su vez, el presidente municipal de Acuamanala, Fernando Luna Martínez agradeció a nombre de los habitantes a la gobernadora la obra inaugurada, debido a que por 40 años la calle en temporada de lluvias se inundaba, se colapsaba el drenaje y todo se metía a las casas, lo que afecta a las familias.

“Hoy se ven beneficiadas un gran número de familias, así como la imagen de nuestro municipio. Estamos convencidos de que este tipo de aportaciones nos encaminan a una sociedad más equitativa e igualitaria, acercándonos a un mejor estándar de vida, nos permite acceso a una mejor infraestructura vial, y nos permite ser favorecidos con servicios básicos”.

También estuvieron en el evento la diputada local, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; el presidente de comunidad, Blas Ramírez Flores, e integrantes del ayuntamiento de Acuamanala, entre otras autoridades.

El cargo INAUGURÓ LORENA CUÉLLAR OBRA PÚBLICA EN ACUAMANALA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo, Ever Alejandro Campech Avelar, minimizó la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de diversos preceptos de las leyes de ingresos de 18 municipios de Tlaxcala.

Incluso, consideró que la CNDH no analizó a detalle las leyes de ingresos de los municipios que fueron aprobadas para 2024, toda vez que el Congreso del Estado únicamente autorizó el cobro por la expedición de copias certificadas y eliminó la palabra “búsqueda” por servicios de reproducción de información.

Además, consideró que la CNDH no analizó las leyes de ingresos porque en el año 2023 se estableció en las leyes de ingresos de los municipios que se podía cobrar por la búsqueda y expedición de copias certificadas, “y esto es muy importante porque la SCJN invalidó por acceso a la información pública, es decir, que el Congreso no puede eliminar a los municipios la expedición de copias certificadas porque se trata de un acta de nacimiento y otras cosas que se establece en una ley federal en su artículo quinto”, señaló.

“La Corte jamás dijo que se quitara el cobro por la expedición de la copia certificada, pero había un abuso de los municipios porque se cobraba la búsqueda y cobraban más de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) por hoja certificada y eso es un derecho constitucional, por lo cual no se puede cobrar. En 2024 quitamos la palabra búsqueda y ahora ningún municipio puede cobrar la búsqueda, y la SCJN dijo que si son más de 20 fojas van a pagar las hojas hacia arriba, es decir, si son 20 fojas serán gratuitas, pero si son más de 20 se van a cobrar a 2 por cada hoja. Con ello quiero decir que ya no habrá cobros excesivos y tampoco desproporcionados”, explicó.

Por ese motivo, el legislador perredista confió en que la SCJN desechará la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra en contra de diversos preceptos de las leyes de ingresos de los municipios de Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Chiautempan, Apetatitlán, Quilehtla, Terrenate, Tanancingo, Acuamanala, Mazatecochco, Benito Juárez, Tequexquitla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, San José Teacalco, Zacualpan, Muñoz de Domingo Arenas y Totolac.

“Lo que espera el Congreso es que la Suprema Corte, al momento de que analice, se dé cuenta de que sí ajustamos y que el Congreso del Estado vigila el bolsillo de las ciudadanas y los ciudadanos de Tlaxcala”, apuntó.

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