Hay errores legislativos que pueden atribuirse al desconocimiento, otros a la improvisación y algunos más a la tentación de recaudar a cualquier costo, incluso pisoteando la máxima Carta Magna de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
El caso del Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo reúne, por desgracia, un poco de todo y es que le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que intervenir para recordarle tanto al municipio como al Congreso de Tlaxcala algo tan elemental como que la regulación de los hidrocarburos es una facultad exclusiva de la Federación.
La resolución no deja espacio para interpretaciones. Por unanimidad, la Corte invalidó el artículo 61 de la Ley de Ingresos de Acuamanala porque pretendía obligar a empresas dedicadas al transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos a obtener una licencia municipal de funcionamiento y pagar cuotas calculadas por metro lineal de ductos, además de un registro adicional. En otras palabras, el municipio quiso convertir una actividad estratégica nacional en una fuente ilegal de ingresos locales.
Lo preocupante no es únicamente que el ayuntamiento haya incluido esa disposición en su Ley de Ingresos. Lo verdaderamente alarmante es que la LXV Legislatura de Tlaxcala la revisó, la discutió y la aprobó sin advertir una invasión de competencias constitucionales que resulta evidente para cualquier análisis jurídico básico. Ese desliz habla de una preocupante falta de rigor en el trabajo legislativo y expone una evidente ignorancia en el conocimiento legislativo que vulnera la Carta Magna.
Pero el episodio fue todavía más lejos. En lugar de reconocer el error cuando el asunto llegó a la Suprema Corte, el Congreso local decidió defender lo indefendible, el interés de fortalecer ilegalmente una recaudación municipal que excede de sus facultades y atribuciones.
En un oficio enviado al máximo tribunal sostuvo que los municipios sí tienen facultades para cobrar esas licencias, pese a que la Constitución establece con absoluta claridad que la industria de los hidrocarburos pertenece al ámbito estratégico reservado a la Federación.
A esa defensa se sumó la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que respaldó la legalidad del proceso legislativo y negó cualquier invasión de competencias. El problema es que la discusión nunca fue sobre el procedimiento, sino sobre el contenido de una norma que claramente excedía las facultades municipales evidenciando el interés millonario que buscaba cobrar el municipio para hacerse de dinero.
La sentencia de la Corte fue clara y evidente porque deja otra enseñanza: las atribuciones municipales en materia de licencias tienen límites precisos que deben entenderse y no malinterpretarse.
Los ayuntamientos pueden regular el uso de suelo, permisos de construcción y servicios públicos dentro de su esfera constitucional, pero no pueden condicionar actividades económicas cuya regulación corresponde exclusivamente al gobierno federal, esas actividades competen al poder ejecutivo federal y cualquier invasión en las facultades puede ser sancionada por la ley. Pretender lo contrario no fortalece el federalismo; lo distorsiona, daña y debilita a las instituciones.
Este revés se suma a una lista de descalabros que parecen no ver ni entender quiénes por obligación deben servir al pueblo. Las leyes de ingresos municipales no pueden convertirse en un catálogo de ocurrencias para aumentar la recaudación mediante la invasión de facultades y atribuciones. Cada disposición debe respetar el marco constitucional, porque de lo contrario termina siendo anulada por los tribunales y exhibe la falta de técnica legislativa de quienes la aprobaron.
Más allá de la derrota jurídica de Congresistas y del Gobierno de Tlaxcala, queda una pregunta inevitable: ¿cuántas normas similares han sido aprobadas sin el debido análisis? Si un asunto tan claro requirió que la Suprema Corte corrigiera al Congreso de Tlaxcala por unanimidad, el problema no parece ser un error aislado, sino una preocupante debilidad en el proceso de revisión legislativo.
La Constitución volvió a imponerse. Lo lamentable es que haya tenido que ser la Suprema Corte quien le recordara al Congreso de Tlaxcala cuáles son los límites de su propia competencia.
En un estado donde constantemente se habla de fortalecer las instituciones, el primer paso debería ser legislar con conocimiento, responsabilidad y respeto al orden constitucional, no defender errores hasta que el máximo tribunal obligue a corregirlos.
